ContraEditorial | Opinión
Los debates e intercambios ocurridos en el seno de la coalición gobernante durante las dos semanas posteriores a la realización de las PASO dejan una serie de cuestiones que vale la pena analizar. La primera y fundamental es que los grandes lineamientos de políticas que se establecieron desde el Frente de Todos no se han modificado, y los cambios en el Gabinete refuerzan la cohesión interna. Ahora, más que nunca, debe quedar claro que lo que está en juego en el contexto electoral son dos modelos antagónicos. Así lo manifestó el propio Presidente hace unos días: “Hay dos modelos de país en pugna que se debaten en estas elecciones: el que descree del trabajo y la producción y sólo promueve la especulación financiera, y el que cree que con una producción pujante recuperaremos la dignidad del trabajo para todos y todas”.
Los resultados electorales dejaron explícito un descontento en una fracción de la sociedad con respecto a la realidad que atraviesa el país, y eso tampoco puede pasar desapercibido. Es evidente que las dos pandemias transcurridas en los últimos 6 años aún dejaron aspectos cruciales por resolver.
Por lo tanto, es esperable, y muchas veces enriquecedor, que ante un resultado electoral adverso existan distintos matices en su interpretación al interior de una coalición. La principal fortaleza, no obstante, la constituye el seguir adelante mejorando lo que sea necesario y manteniendo o profundizando lo que ya se hizo.
Quedan casi dos meses hasta las elecciones generales para modificar el escenario de las PASO. Un periodo en el cual, afortunadamente, la pandemia sanitaria va quedando atrás y la economía continúa su proceso de recuperación. Ambas cuestiones se retroalimentan: gracias a la flexibilización de las restricciones sanitarias se dinamiza la actividad, especialmente la de aquellos sectores que aún se encontraban rezagados.
Las últimas estimaciones oficiales indican un 8% de crecimiento del PBI para 2021. En particular, se conoció el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) para julio, que evidenció una recuperación, no sólo respecto al período prepandemia sanitaria (febrero 2019) con un aumento del 4,2%, sino que, incluso, hay que ir hasta mayo de 2018 para encontrar un valor superior. Por su parte, los datos privados ya publicados dan cuenta de una continuidad en esta mejora. Según el índice de actividad industrial de la consultora de Orlando Ferreres, se registró en agosto un crecimiento mensual del 1,9% y un incremento acumulado del 2,5% durante los primeros 7 meses de 2021 con respecto a igual periodo de 2019.
En línea con lo anterior, los últimos datos conocidos de la Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria en julio son alentadores: 64,1%. Esto significó un avance de 5,4 puntos porcentuales frente a igual mes de 2019. Así, dicha utilización fue incluso mayor a la del mismo mes de 2018: 60,1%.
La economía se va tranquilizando y se van cumpliendo (y superando en varias variables) casi todas las proyecciones del Presupuesto 2021, con excepción de la de los precios. No obstante, estos se han venido desacelerando en los últimos meses. La variación mensual de agosto fue del 2,5%. Por debajo del 3% de julio y de los meses anteriores, desde el pico de 4,8% de marzo pasado.
Las proyecciones del Presupuesto 2022 también requieren atención. Al 8% de crecimiento de la actividad en 2021 se sumaría un 4% al año siguiente, con un impulso del consumo privado del 4,6% en línea con cierta recomposición real de los salarios (+4%) y un aumento del 6,6% de la inversión. En particular, se estima que la inversión pública, una gran generadora de puestos de trabajo y de mejoras en la situación de las personas (como cloacas, agua, caminos), pasará a representar el 2,4% del PIB, respecto del 2,2% que había para 2021 y del 1,1% de 2019.
Pero, más allá de las cifras, es interesante hacer un repaso de algunos párrafos del texto del proyecto presentado el 15 de septiembre pasado en el Congreso de la Nación. “Representa la hoja de ruta para comenzar a transitar hacia una economía más tranquila, con más oportunidades para todas y todos y que en simultáneo permita sentar bases para un crecimiento sustentable a partir del desendeudamiento del Estado nacional, la definición de un sendero fiscal sostenible en el mediano plazo, el fortalecimiento del mercado interno, la defensa de un valor competitivo de la moneda local para propiciar un incremento de las exportaciones argentinas al mundo y la acumulación de reservas por parte del Banco Central con el objeto de reducir la presión en el sector externo”, se lee en la introducción del mismo.
El proyecto de Presupuesto es determinante a la hora de marcar el rumbo a seguir en cuanto a la renegociación de la deuda: “el Gobierno Nacional de ninguna manera concibe desviarse de los principios que guían su praxis para atender pagos de deuda pública que comprometan la recuperación económica. Este Proyecto de Ley de Presupuesto está pensado para cuidar a Argentina, cuidar su recuperación y asegurar un crecimiento sostenible, y por ello supone que no se enfrentan los vencimientos de deuda insostenibles acordados por la administración anterior”, plantea refiriéndose específicamente al FMI.
Más aún, en el mensaje del proyecto se plantea qué ocurriría si el próximo año hubiera que desembolsar los U$S 19 mil millones que el gobierno de Mauricio Macri se comprometió a pagar al Fondo. Habría que “eliminar la AUH, AUE, Potenciar trabajo y Progresar y todas las políticas alimentarias incluyendo la Tarjeta Alimentar; no comprar ninguna vacuna, eliminar transferencias a las provincias y eliminar todas las que se hacen a las universidades”.
En síntesis, se podrán discutir ritmos e intensidades, pero es claro que el Presupuesto es el plan del Gobierno, y es el Parlamento el que finalmente le otorga esta herramienta a la administración nacional.
En la práctica, ya se avanzó en varios frentes. Por ejemplo, cuando el gobierno aprueba la ampliación de los planes para las compras en cuotas, el Ahora 30, pone una condición básica: que sirva para comprar bienes producidos en la República Argentina. Es una política que trata de proteger a la industria nacional y en particular a las PyMEs. El proyecto de ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación presentado por el Poder Ejecutivo hace unos días va en esa misma línea: la participación que tiene el Estado en las compras en varios sectores de la economía equivale al 13% del PIB.
En otro orden de cosas, se establecieron incrementos del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para trabajadores. La importancia del alza del SMVM (52,7% entre marzo de 2021 y marzo de 2022) radica en que su variación impacta, además, de forma directa en los perceptores de programas sociales así como en trabajadores del sector informal que lo toman como referencia. En cuanto al Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, la actualización del importe no imponible implica que todos aquellos asalariados que pasaron a estar exentos cuando se aprobó la ley correspondiente en abril pasado (casi 1,3 millones de trabajadores) lo sigan estando a pesar de los aumentos de sus ingresos.
Para concluir, es importante no perder de vista que hay un compromiso de gestión asumido hasta 2023 y hay que profundizarlo sin demoras. Pero además tenemos que ponernos rápidamente a trabajar en cómo les explicamos a muchas ciudadanas y muchos ciudadanos que los cantos de sirena del Estado Mínimo, o de volver a las ideas que inspiraron las gestiones macrista, cavallista y de Martínez de Hoz, o algunas otras bastante alocadas, no les van a resolver los problemas, sino que se los van a empeorar. Algunos nos quieren hacer creer que el resultado de las PASO, con baja participación de votantes, reclama un cambio de rumbo y que vayamos a una política liberal, que se eliminen las regulaciones, que sean los mercados los que dicten las reglas en aras de una aparente mayor “libertad”. Ello no sólo no es verdad, además ese modelo no implicaría mayores libertades, sino una menor calidad de vida para la población.