Nodal | Opinión
Si hay algo de lo que a esta altura no caben dudas es de que la inesperada pandemia del Covid-19 ha exacerbado las deficiencias del sistema en materia de distribución del ingreso en todo el mundo. En este entorno, nuestra región sigue siendo la más desigual. Según la Base de Datos mundial sobre desigualdad (WID por sus siglas en inglés), en América Latina, antes del surgimiento del virus, aquellas personas ubicadas en el 1% superior de la pirámide de ingresos capturaban el 27% de los ingresos nacionales, mientras que el 50% que menos tiene se repartía sólo el 10%.
La Cepal detalla que los efectos de la pandemia en las condiciones de vida de la población latinoamericana se tradujeron en un incremento de la pobreza del 30,5% en 2019 al 33,7% en 2020. Es decir, en sólo un año, ingresaron a la pobreza 22 millones de personas en Latinoamérica.
Para el Programa Mundial Alimentario (PMA) de las Naciones Unidas existe un total de 16 millones de personas que hoy en día “no saben de dónde van a obtener su próximo plato de comida”. Una forma coloquial que indica que esas personas padecen “inseguridad alimentaria severa”.
Como siempre ocurre, también están los “afortunados” en el otro extremo. Aquellos privilegiados cuyo acervo de riqueza se incrementó considerablemente durante la pandemia. Por supuesto, este grupo es mucho más reducido, como indican las cifras al principio de esta nota. Según los últimos datos de la conocida lista que publica anualmente la revista “Forbes”, 31 nuevos multimillonarios latinoamericanos ingresaron a ella durante la pandemia, pasando de 76 a 107 y ostentando un patrimonio neto combinado de 480.000 millones de dólares. Es decir, la riqueza de este selecto grupo aumentó un 40% entre marzo de 2020 y mayo de 2021.
En cuanto a la Argentina, sólo 5 personas tienen el “privilegio de pertenecer” a esta lista. Poseen 15.300 millones de dólares en conjunto y tres de ellos vieron incrementarse su patrimonio en el último año.
El informe de las Naciones Unidas señala: “cuando la concentración de recursos se traduce en una concentración de poder político, como suele ser el caso, puede conducir a un círculo vicioso que perpetúa estos resultados y distorsiona las políticas y la asignación de recursos”, uno de los efectos más perjudiciales de la generación desproporcionada de riqueza en pocas manos, permitida principalmente por las distintas políticas de libre mercado.
Impuesto global a las grandes empresas multinacionales
El mundo entero se encuentra debatiendo la forma de evitar el problema de evasión impositiva vía traslado de beneficios a lugares de baja o nula tributación, un verdadero mal global que básicamente desfinancia a los gobiernos y por lo tanto impide o condiciona la plena aplicación de políticas de ayuda social, inversiones en educación, salud, infraestructura, etc., por parte de los Estados.
El propio Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló hace poco que “no es aceptable que 91 de las 500 mayores corporaciones del país pagaran cero impuestos federales en 2019”.
El pasado 5 de junio los ministros de Finanzas del G7, otro selecto grupo pero esta vez de países: Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, dieron los primeros pasos formales en el proceso de instaurar un nuevo impuesto mínimo global del 15% a las grandes corporaciones multinacionales. Según lo describe la web oficial de la Unión Europea: “el G7 se ha convertido en una plataforma para determinar el rumbo del discurso multilateral y diseñar respuestas políticas a los retos mundiales (…) la dirección política establecida por sus líderes desencadena un efecto dominó en muchas otras organizaciones e instituciones internacionales”. Por ello vale la pena seguir de cerca sus declaraciones.
En el comunicado oficial de la reunión aludida, los ministros de finanzas de estos países señalan: “nos comprometemos a alcanzar una solución equitativa en la distribución territorial de los impuestos, otorgándoles a los países en donde las grandes empresas multinacionales efectivamente desarrollan sus actividades comerciales, el derecho a gravarlas con una alícuota de como mínimo el 20% de sus ganancias, cuando su margen de rentabilidad supere el 10%”. Esta iniciativa responde a la gran cantidad de empresas que, mediante artilugios contables, trasladan sus ganancias a guaridas fiscales para evitar que éstas sean gravadas en las economías donde las generan. Asimismo, los países miembros de este grupo se comprometen a fijar las bases para instaurar un impuesto mínimo global del 15% para estas grandes corporaciones.
En una nota conjunta, los ministros de Finanzas de España, Italia, Francia y Alemania aseguran que “dado que la crisis ha exacerbado las inequidades, urge la instauración de un sistema impositivo justo y eficiente. El «dumping» fiscal ya no puede ser una opción para Europa, ni para el resto del mundo. Llevaría a una reducción aún mayor de la recaudación de impuestos corporativos, ampliaría las inequidades y la imposibilidad de financiar los servicios públicos básicos”.
El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, celebró la iniciativa, aunque con cierto reparo: “un paso positivo para atacar la elusión impositiva de las multinacionales que debilita a los Estados Nación y atenta contra el desarrollo de los pueblos (…) pero cuidado: la tasa mínima probablemente también será la tasa máxima. Y 15% es muy poco”, expresó el funcionario en su cuenta de Twitter. Oxfam y Tax Justice Network también se expresaron en un sentido similar.
Esta decisión marca un camino, aunque modesto, pero puede generar un avance importante desde el punto de vista de la fiscalidad.
Más allá de los matices, lo positivo es que hasta hace poco tiempo estos temas ni se mencionaban en las cumbres de potencias mundiales o en Estados Unidos. Todo un avance que permitiría sentar las bases para reducir la desigual distribución del ingreso global que mencioné al comienzo de esta nota. Lo importante a partir de ahora es que se siga adelante y no quede sólo en buenas intenciones.
No quieren ceder ganancias
El precio del asado, el corte de carne vacuna más popular en Argentina, duplicó en el último año al nivel general de precios. Y los otros cortes vacunos siguieron esta senda. Aquí se mezclan varias cuestiones, como la concentración de la producción de carne, en especial del negocio de los frigoríficos, y una fuerte puja por generar mayores ganancias a través de los aumentos de precios. A partir de estas subas del precio de los cortes de carne en el mercado interno, el Gobierno nacional, a través de los órganos de fiscalización a su alcance, comenzó un procedimiento de detección de irregularidades en el sector, que van desde la triangulación en el proceso de compra-venta al interior de la cadena de producción para evadir impuestos, hasta la tergiversación de la descripción de los productos de exportación: declarar envíos de hueso y carne no aptos para el consumo humano que tributan un 5% de derechos de exportación, cuando en realidad se trata de alimentos aptos para consumo humano que tributarían una alícuota del 9%.
Estas acciones del Gobierno produjeron una fuerte respuesta del sector frigorífico, que se encuentra dominado por un puñado de empresas muy poderosas y que, volviendo al comentario de los grupos de poder político, han ejercido un considerable poder de lobby. También se sumó al lobby la llamada “Mesa de Enlace” (grupo que nuclea a cuatro organizaciones que representan a una parte de los sectores de la producción agrícolo-ganadera) contra la reciente decisión del gobierno argentino de suspender las exportaciones de carne vacuna para evaluar y regularizar los precios internos de este producto. Este grupo de empresarios convocó a un cese de la comercialización de hacienda vacuna por más de una semana, en el medio de una segunda ola de coronavirus que sufre el país y su población. Es decir, un “lock out” a las ventas de carne en el mercado interno.
Una parte importante de la solución a estas actitudes, que terminan perjudicando el bolsillo de los que menos tienen, pasa por lograr la desvinculación de los precios internos de los internacionales (que actualmente están en alza). Un proceso que puede lograrse a través de distintas herramientas de política económica como cupos garantizados de venta al mercado interno, incremento en los derechos de exportación, entre otros. También deben analizarse las cadenas de producción y comercialización, para ver en qué eslabones se producen los mayores incrementos en el precio final. Siempre ha quedado claro que el productor primario recibe una mínima parte del precio de los productos en la góndola. Hay que analizar, entonces, quién se queda con los beneficios del aumento de los precios internacionales de los productos agrícolo-ganaderos de exportación, e intenta aplicar el mismo precio internacional al mercado interno: los argentinos pagan por la carne el mismo precio que se cobra en Europa (y la gran mayoría no puede acceder a dichos productos), mientras que muchos exportadores incrementan sus ganancias. Hay que seguir trabajando para desligar los precios internos de los internacionales, que es también una cuestión de distribución del ingreso y, tratándose de alimentos, un tema que impacta directamente sobre las cifras de pobreza.