Página/12 | Opinión
El gobierno avanza de manera firme en las negociaciones con el FMI, aunque desde ciertos sectores se trata de influir para que el acuerdo venga acompañado de fuertes condicionalidades.
En la última semana algunos medios locales afirmaron que “para el FMI el país debe encarar reformas estructurales”, como la tributaria o la laboral. Para concluir eso se basaron en una frase del vicedirector ejecutivo del Fondo, Geoffrey Okamoto, acerca de que los Derechos Especiales de Giro (DEG) que se emitan no deben usarse para cancelar préstamos del FMI, que “apoyan programas de reforma estructurales en los países”. Sin embargo, el funcionario, designado en 2020 por Donald Trump, en ningún momento hizo mención al caso argentino. De haber sido así, habría que decir que tampoco podría haberse usado el préstamo otorgado a nuestro país para financiar la fuga de capitales.
A su vez, no estaría de más preguntar cuál sería la agenda tributaria a seguir a la luz de la reforma fiscal que ha propuesto Joe Biden, que apunta a incrementar los impuestos a las corporaciones. En esta línea, el propio FMI acaba de afirmar en su último Monitor Fiscal que “las economías avanzadas pueden incrementar la progresividad de la tributación del ingreso y aumentar el recurso a impuestos sobre sucesiones/donaciones y la tributación inmobiliaria. También pueden considerarse contribuciones para la recuperación de la covid-19 e impuestos sobre beneficios empresariales ‘excesivos’. Pueden plantearse también impuestos sobre el patrimonio si las medidas anteriores no son suficientes”.
El curso de las negociaciones se definirá en las instancias más políticas, las mismas, aunque con otros actores, que convalidaron un desembolso de recursos muy superior al permitido por el estatuto del Fondo. El tope era de hasta el 435 por ciento de la cuota argentina (15.300 millones de dólares), pero hubo una autorización por 1277 por ciento. Y si bien no se alcanzó a esa cifra, el FMI llegó a desembolsar el 1001 por ciento de la cuota (unos 45.000 millones de dólares).
Respecto de los intereses por el préstamo, también según las normas, cuando un país se excede del 187 por ciento de su cuota debe pagarle al FMI un sobrecargo de 200 puntos básicos de tasa (2 por ciento), que se suma a los 105 puntos de la tasa básica (1,05 por ciento). Y si el crédito se mantiene por encima del 187,5 por ciento de la cuota después de tres años, como ocurrirá en poco tiempo, la sobretasa se eleva a 300 puntos básicos.
Según señala el organismo: “Estas sobretasas tienen por objeto desalentar un uso importante y prolongado de los recursos del FMI”. Pero como se señaló, éste es un acuerdo atípico, muy por encima de lo permitido por los estatutos del Fondo, y no se debería aplicar tal premisa. Más aún, lo esencial es generar las capacidades para el repago, no inhibirlas con mayores tasas.
El ministro Martín Guzmán logró instalar en espacios como el Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo (que no es un órgano del FMI, pero éste le brinda servicios de secretaría), la idea de que es imprescindible revisar la política de sobrecargos que el Fondo les cobra a los países más endeudados, e incluso analizar su suspensión durante la pandemia. Estas políticas, según sus palabras, “lo que realmente están haciendo es penalizar a los países que se encuentran en circunstancias más adversas (…). Los sobrecargos son regresivos (porque afectan de manera desproporcionada a los países emergentes y de ingresos medios con las cuotas más bajas) y procíclicos (porque castigan más a los países que tienen condiciones de mercado más adversas)”.
Otra de las propuestas que llevó Argentina a los ámbitos internacionales es que los 650 mil millones de dólares en DEG que el FMI va a asignar y no sean utilizados, puedan ser redistribuidos de forma voluntaria hacia los países que más los necesitan. Según las normas, la asignación es proporcional a la participación en el capital, basado principalmente en el tamaño y el volumen de comercio que posee cada economía. Argentina tiene un cuota del 0,67 por ciento y recibiría unos 4400 millones de dólares. Estados Unidos, que emite moneda de reserva, es el mayor accionista del Fondo (16,75 por ciento) y recibiría 108.900 millones de dólares. Ésos y los DEGs de otros países avanzados son los que se deberían reasignar.
El Gobierno está muy activo para levantar las hipotecas que dejó el macrismo, pero sin que ello de espacio para el ajuste y resolviéndolas a partir de una economía en crecimiento con equidad.