ContraEditorial | Opinión
Hace una semana se conoció un hecho que resulta incorrecto y reprobable. Una situación que debe ser rechazada de plano. No obstante ello, es inaceptable que se pretenda invalidar el tremendo esfuerzo sanitario que está llevando adelante el Gobierno nacional.
Por eso creo que el Gobierno actuó con la rapidez que tenía que actuar, tomó una medida que tenía que tomar. Desde lo personal, considero que Ginés González García no merecía terminar su gestión de esa manera. Más allá de la situación que desencadenó el pedido de renuncia, no hay que dejar de decir que toda su gestión ha sido positiva, más aún en tiempos inéditos de pandemia.
Asimismo, no corresponde poner a todas las noticias en el mismo plano. Por ejemplo, la situación del diputado Eduardo Valdés y del senador Jorge Taiana, son tal vez distintas, dado que tenían que viajar a México, y que ambos están entre los que razonablemente deberían estar vacunados antes de viajar.
Para sacarle un poco de dramatismo al tema, y poner en perspectiva las críticas que vienen “por derecha”, es útil recordar un tuit que apareció en las redes: “Menos mal que fue una vacuna, mirá si Ginés le regalaba a sus amigos centrales eléctricas, parques eólicos o el manejo de la energía. ¡La que se hubiera armado!”. No es para justificar nada. Sólo intento mostrar cómo algunas personas que se están rasgando las vestiduras cambian de posición diariamente, pues poco antes señalaban que el Gobierno quería envenenar a la población. Eso, como tantas otras cosas que se dicen cotidianamente.
Hay una cuestión de fondo que subyace a este y otros temas, y es el cuestionamiento a la política. Antes de que todo esto saliera a la luz, en la sesión de Diputados realicé un planteo que luego trataron de tergiversar. Lo que expresé fue que el Parlamento debía ser considerado una actividad esencial y que, como tal, quienes estábamos allí teníamos que poder resolver el tema de la presencialidad, vacunándonos. No lo dije por debajo de la mesa, lo hice de frente en la sesión de la Cámara y de forma clara y transparente. Sigo creyendo que es así, porque creo que la actividad política es esencial, que el Parlamento es uno de los poderes que componen el Estado y que hay que utilizar los instrumentos disponibles para que pueda funcionar de manera plena. Y muchos de los que dicen que eso está mal, en realidad, son los mismos que denuestan la política, los que quieren que haya CEOs y no políticos conduciendo la gestión pública.
Es absolutamente criticable la doble moral que hay en todas estas cuestiones y la distinta manera de juzgar las cosas según de quién se trate.
A su vez, y no es novedad, el aparato mediático utilizó la noticia para minimizar otros acontecimientos. Entre ellos, la entrada en funcionamiento del Consejo Económico y Social, un ámbito estratégico para discutir los problemas de fondo del país, para planificar el modelo de sociedad al que apuntamos, y que desapareció de la agenda mediática de estos días. El Consejo estará conformado por miembros surgidos del diálogo con los sectores empresariales, sindicales, académicos, los movimientos sociales y con la sociedad civil. La meta es que en 1.000 días de trabajo se puedan abordar 25 temas de importancia estratégica organizados en cinco ejes prioritarios: la comunidad del cuidado y la seguridad nutricional; la productividad con cohesión social; el cambio climático, la ecología y el desarrollo verde; los trabajos y la educación del futuro, y la democracia innovadora.
En su discurso de presentación del Consejo, el presidente Alberto Fernández señaló que “hay que hablar de todo, pero básicamente hay que hablar del futuro del país. Pensar qué país queremos, cómo lo construimos, y qué compromisos asumimos cada uno de los que estamos acá (…). Como dice el Papa Francisco, esta cultura del descarte nos ha llevado al peor de los mundos, y esta idea de pensar un país donde hay 20 millones de personas que sobran, es imposible de querer”. Palabras que reflejan el espíritu del espacio que se acaba de lanzar.
El tránsito hacia la resolución de estos desafíos se entremezcla con la resolución de temas que prevalecen en la coyuntura, entre ellos la escalada de los precios de alimentos. En numerosas oportunidades señalé la importancia de la aplicación de las leyes que sancionamos en el 2014, de regulación de las relaciones de la producción y el consumo. Una vez más, sostengo que es muy importante la utilización de esta herramienta para tratar de revertir ciertos comportamientos de los grupos concentrados. En concreto, se intimó a un conjunto de grandes empresas formadoras de precios por retención de volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo. No se les pidió nada extraordinario, sólo que restablezcan los stocks registrados a noviembre de 2020, y arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización. Simplemente, que no desabastezcan, que no dejen vacías las góndolas. El conjunto de estas empresas es decisivo en la provisión de alimentos, de artículos de limpieza, elementos esenciales para la vida de las personas, de las familias.
No alcanza con ir a las reuniones y aplaudir, lo que se plantea hay que llevarlo a la práctica. El gobierno no hizo más que analizar las cadenas de valor y actuar ante situaciones injustificadas, con las herramientas que posee. Así que se trata de una excelente noticia.
Por otro lado, el Gobierno acaba de anunciar que Telefónica y Claro reintegrarán los importes cobrados indebidamente durante los meses de enero y febrero, aunque Telecom recibirá una sanción del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por no cumplir con las disposiciones estatales en materia tarifaria. En concreto, se le aplicará intereses por lo que les están cobrando de más a los usuarios. En el origen de la decisión se encuentra el decreto 690/20, que declaró servicio público al acceso a las tecnologías de la información y comunicación y estableció una prestación básica con un esquema de precios regulados. Según afirmó Gustavo López, vicepresidente del Enacom, la mayoría de las empresas cumplió. El funcionario también afirmó que “el Estado va a actuar conforme a la ley hasta las últimas consecuencias, porque el servicio público no se discute, y el jueves tenemos una reunión con los defensores del pueblo y las asociaciones de usuarios”.
Cuando una decisión del Estado nacional está legislada, hay que cumplir con las disposiciones. Por eso, lo ocurrido refleja las resistencias de ciertos sectores monopólicos. Hay que prestarle atención a la manera en la que se resuelva esta situación, porque incide en las relaciones entre el Estado, los organismos que lo componen, y el sector privado. De esto casi nadie habló.
Emparentado a lo anterior, pronto se va a discutir el tema de las tarifas de los servicios públicos, el gas y la electricidad. Sin embargo, hay una cuestión muy de fondo vinculada a quién debe prestar los servicios públicos esenciales. Éste es un tema infaltable en el debate estratégico, y habiéndose creado el Consejo Económico y Social, todo indica que debería ser una de las cuestiones a debatir en dicho entorno.
Mi visión de siempre es que los servicios públicos esenciales deberían ser proporcionados por empresas cuyo objetivo sea la prestación de los servicios en forma eficiente y equitativa, y no la maximización de la ganancia. Deberían ser prestadores públicos aunque no necesariamente estatales. Públicos significa, desde mi visión, empresas gestionadas en forma tripartita, con presencia del Estado, de los/as trabajadore/as y de los/as usuarios/as en el control de la gestión.
Cuando, en los noventa, quien escribe argumentaba en contra de las privatizaciones, tomaba como ejemplo el caso del agua. Decía entonces: ¿saben cuál es la diferencia entre la ex Obras Sanitarias y la empresa privada? Funcionan en el mismo edificio, tienen los mismos trabajadores, usan los mismos caños y los mismos productos químicos; la única diferencia es que una fue creada para proveer agua corriente y cloacas a la población y la otra ha sido creada para ganar dinero vendiéndole agua corriente y cloacas a la población: ese pequeño detalle es la gran diferencia.