Perfil | Opinión
El proyecto de ley de reforma del impuesto a las ganancias, recién ingresado en la Cámara de Diputados, establece que no pagarán el tributo los trabajadores con ingresos menores a 150 mil pesos mensuales brutos. Además, un tramo de los que perciben hasta 173 mil pesos pagará menos. También estarán exceptuados de tributar los jubilados con ingresos de hasta ocho haberes mínimos, unos 152 mil pesos en la actualidad. De ese modo, alrededor de 1.300.000 trabajadores quedarían eximidos del impuesto o tendrían una reducción de sus pagos. A fines de 2014 solo abonaba este gravamen el 10,4% de los trabajadores registrados como producto de las políticas públicas implementadas en ese momento. Este número fue aumentando durante los años de la gestión de Juntos por el Cambio hasta llegar a valores próximos al 27%. Este proyecto de ley retrotrae el cobro del impuesto a ese 10% con ingresos más altos. También incluye una actualización anual por el Ripte, que es el índice promedio de los aumentos salariales para los trabajadores registrados. Es decir: se establece un piso actualizable por el cual los exceptuados de pagar, a partir de la modificación establecida por el proyecto, mantienen esa condición año tras año, salvo en el caso de trabajadores cuyos ingresos crezcan de modo más que proporcional y queden incorporados al 10% de ingresos más altos. Los trabajadores que se beneficien con una reducción del monto del tributo también mantendrán ese beneficio todos los años.
De aprobarse el proyecto de ley, el 90% de la población quedaría exceptuada del tributo y, por lo tanto, obtendría un aumento real de su poder adquisitivo: lo que ya no utilizarían para pagar el impuesto se quedaría en sus bolsillos y podrían redireccionarlo hacia el consumo. Es decir: el proyecto de ley de modificación de Ganancias integra el plan del Gobierno para recuperar el valor del salario real para que este, a la vez, actúe como un incentivo a la demanda agregada, se generen nuevos puestos de trabajo y se produzca un círculo virtuoso de crecimiento con mejora en la distribución del ingreso.
Durante los cuatro años de la gestión del macrismo el salario perdió un 20% de su valor real. Es necesario avanzar en un proceso de recuperación de modo gradual a través de salarios que, durante varios años seguidos, le ganen a los precios recomponiendo el poder adquisitivo de los sectores medios y el resto de los sectores populares.
Por supuesto, este proyecto de ley constituye un paso más en un proceso de reforma integral de la estructura impositiva de la Argentina. Nuestro país necesita un debate profundo de su modelo impositivo para que la base tributaria no continúe siendo mayoritariamente horizontal, es decir, integrada por gravámenes que no diferencian la capacidad de aportes de los distintos contribuyentes. Es necesario pasar a un modelo de mayor verticalidad donde los que tienen mayores ganancias y riquezas paguen más impuestos que los que tienen menos.
En simultáneo, el Gobierno se reunió con los empresarios, los trabajadores y los productores rurales con un objetivo central: lograr acuerdos que permitan que los salarios les ganen a los precios. Como dijimos, el salario tiene que recuperar 20 puntos perdidos durante el macrismo. El Gobierno propone llegar a ese objetivo a través del diálogo y la negociación con trabajadores y empresarios. Pero si ello no es posible, sugiere avanzar con el establecimiento de regulaciones que permitan cumplir con las metas establecidas en el Presupuesto, entre ellas, la evolución de los precios y los salarios fijados. Algún dirigente de la Mesa de Enlace decía en la semana que “el problema no son los precios sino la inflación”. Pero, ¿qué es la inflación sino el aumento de los precios? El Gobierno tiene un rumbo muy claro. Los caminos son diversos pero el objetivo es único: desacoplar los precios internos de los precios internacionales y generar condiciones para que los salarios reales se recuperen en la búsqueda de un proceso de crecimiento con la gente adentro, que vaya poniendo a la Argentina de pie.