Página/12 | Opinión
Los integrantes de Juntos por el Cambio repiten una táctica: acusan a otros de lo que hicieron ellos. En el caso de las jubilaciones, acusan a la actual administración de querer implementar un ajuste pero fueron ellos quienes las ajustaron cuando fueron gobierno. Ésta es la posición que sostiene la mayoría de los diputados y las diputadas macristas cuando se refieren a la fórmula de movilidad jubilatoria que el Bloque del Frente de Todos está impulsando en el Parlamento. Por supuesto: están tratando de construir una inmensa posverdad. ¿Por qué lo hacen? Por un lado, para tratar de desacreditar las acciones positivas del gobierno actual. Por otro, para intentar ocultar que la anterior fórmula, la que ellos implementaron, produjo un fuerte ajuste sobre las jubilaciones.
Pero hay datos irrebatibles. Por ejemplo, durante la vigencia de la fórmula aplicada entre 2008 y 2017 las jubilaciones crecieron en términos reales un 25,8 por ciento. En cambio, durante los dos años en los que se aplicó la fórmula diseñada por el gobierno de Macri las mismas perdieron un 19,5 por ciento también en términos reales.
En este punto se acaba la discusión: queda claro quiénes ajustaron. Pero, ¿cómo se produjo ese ajuste sobre los jubilados por parte de la gestión de Juntos por el Cambio?
El primer paso consistió en la no aplicación de la fórmula en el trimestre inicial cuando aquella comenzó a regir. Ello significó un desfasaje de seis meses en los aumentos de las jubilaciones y otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo. Esto sucedió en un escenario con enormes índices de inflación generados por el gobierno de Mauricio Macri.
En un diario de circulación nacional, en diciembre de 2018, se publicaba un informe que aseguraba que “se requeriría un mes extra para compensar la pérdida en el poder de compra sufrida por los beneficiarios a lo largo de 2018 y posicionarlos en igual situación que el año pasado”. La fuente citada era el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) de la Fundación Mediterránea. Otro matutino, también en diciembre de 2018, afirmaba que “este año los jubilados perdieron 12,9 por ciento en diciembre respecto de diciembre del año pasado”. “Para el año que viene —se refería a 2019— el rezago de seis meses en la actualización de la fórmula de movilidad (…) generará que las jubilaciones sigan perdiendo durante todo el primer semestre”. El mismo diario, citando nuevamente al IARAF, sostenía que recién en diciembre del 2019 “las jubilaciones podrían crecer un 12,3 por ciento en términos reales” si la inflación del año era del 23. O el 9,3 por ciento si la inflación era del treinta.
Pero, como sabemos, la inflación no fue del 23 por ciento ni del treinta: fue del 53,8 por ciento y por lo tanto el valor real de las jubilaciones continuó cayendo.
Por el contrario, durante el primer año de gobierno del Frente de Todos se produjeron aumentos nominales de las prestaciones previsionales, a lo que hay que sumar una serie de beneficios adicionales que mejoraron los ingresos y, consecuentemente, las condiciones de vida de los jubilados. Por ejemplo, hace un año que no se incrementan las tarifas de los servicios públicos. Ello significa una mejora de los ingresos reales de los consumidores de esos servicios. Porque la parte de los haberes que los trabajadores y jubilados no destinan a pagar los aumentos de la luz, el agua y el gas, los destinan a atender otras necesidades. Es decir: el ahorro en un lugar se transforma en mayor consumo en otro. El listado de los medicamentos gratuitos y el resto de los remedios que tuvieron subas por debajo de la inflación también supusieron un aumento real del ingreso de los jubilados y jubiladas. En el mismo sentido, debe considerarse la suspensión del pago de las cuotas y la reducción de los intereses de los créditos del Anses otorgados con anterioridad a varios millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH.
La fórmula implementada por el macrismo en el 2018 seguía un criterio que consideraba un setenta por ciento de variación del Índice de Precios al Consumidor nacional (IPC) y un treinta de variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), en el marco del mencionado rezago de aumentos de seis meses. Si la política del gobierno anterior consistía en que los salarios sufrieran ajustes y perdieran contra la inflación, al incorporarlos a la fórmula se aseguraban que los aumentos de las jubilaciones indefectiblemente fueran por debajo de la evolución de los precios. Desde esta perspectiva, la política de ajuste resulta muy sencilla de definir: es aquella donde los salarios, las jubilaciones y demás prestaciones sociales crecen menos que la inflación.
Por el contrario, el gobierno actual propone un proyecto de país en el que crezca la actividad económica, aumente la cantidad de trabajadores y sus ingresos reales, suban los aportes a la seguridad social, se incremente la recaudación impositiva y todo ello repercuta en un nuevo ciclo de crecimiento de la actividad económica. En este sentido, hay cada vez más datos que indican que durante noviembre la actividad industrial continuó creciendo y el empleo siguió recuperándose, entre otros indicadores que mejoran.
En ese marco, la fórmula que el gobierno propone aplicar parte de la idea de que el régimen de ingresos del sector pasivo debe estar vinculado al de los trabajadores activos. En esa línea, se crea un coeficiente vinculado a dos factores: la variación del salario de los trabajadores y la recaudación impositiva. La mayoría de los que se oponen a la fórmula propuesta por el Frente de Todos y quieren otra atada a la inflación son los que siempre están en contra de que los ingresos fiscales aumenten. Son los mismos que durante su gestión en el gobierno nacional redujeron, entre otros, los aportes a la Seguridad Social y el Impuesto a los Bienes Personales. Por eso, desde nuestra perspectiva, la mejora de la recaudación tributaria no sólo debe proveerla el mayor crecimiento económico sino también la reforma impositiva que es necesario implementar.
El gobierno no quiere atar los aumentos previsionales a la inflación porque considera imprescindible avanzar en la desindexación y desdolarización de la economía. Cada fórmula hay que ponerla en el contexto del modelo de país donde se aplica. Nuestra propuesta no tiene ninguna opacidad. Ni ningún misterio. Se trata de una fórmula que prevé una mejora de las jubilaciones en un contexto de un país en crecimiento y con la gente adentro.