Ámbito Financiero | Opinión
Renombrados economistas y consultores del mercado, en línea con lo que muestra el BCRA, han coincidido en que el tipo de cambio real se encuentra en niveles competitivos y que por ende no hay atraso cambiario. Respecto de la brecha, se ha llegado a sostener que “en tal caso el contado con liquidación está recontra adelantado”. La conclusión obvia es que no hay motivos de la economía que justifiquen una devaluación. El único resultante sería una brutal caída en el poder de compra de los argentinos y las argentinas, lo opuesto a lo que busca este Gobierno.
En la semana el ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió a señalar que no se devaluará y que el tipo de cambio oficial estará en línea con la inflación, lo que garantiza la continuidad de la competitividad cambiaria. También dijo que, si bien la brecha genera ansiedades importantes, el Gobierno tiene condiciones e instrumentos para continuar con la actual política cambiaria.
Esto último está contenido en los lineamientos del proyecto de Presupuesto 2021 que se está tratando en Diputados. No obstante, he escuchado decir que la inflación allí pautada no es la adecuada, ya que algunas consultoras calculan más de un 40% para 2021, lejos del 29% que estima el Presupuesto. Pero el Gobierno confía en los valores que figuran en el Presupuesto, que es un proyecto de políticas factibles de cumplir. Validar una inflación diferente sería vincular los valores de la macroeconomía a las cotizaciones de un dólar especulativo, que ha llegado a valores ilógicos y en mercados de pequeñas transacciones.
Sin embargo, desde algunos espacios se intenta hacer creer que la devaluación es un destino inevitable, salvo que se tenga un “plan” (léase, ajuste) y que eso es lo que expresan “las expectativas de los mercados”. No estaría de más que se pregunten qué responsabilidad tienen en la formación de las mismas.
Una de las formas de intentar influir en las “expectativas” es diciendo que las medidas del Gobierno fracasaron antes incluso de que empiecen a implementarse. Esta semana se habló de que el Gobierno no acertó con la licitación por 750 millones de dólares, cuando la operación recién se llevará a cabo en los primeros días de noviembre. Lo mismo había ocurrido cuando se anunció la rebaja temporal de retenciones al agro, a pesar de que las medidas no habían sido publicadas aún en el Boletín Oficial. Estos días el BCRA estuvo cerrando algunas jornadas con saldo neto comprador en términos de divisas, pero la noticia casi no tuvo repercusión.
Las expectativas de los mercados especulativos suelen ignorar las razones objetivas. Es en realidad una forma de presionar para que el Gobierno modifique el rumbo de sus políticas. Ese es el trasfondo de quienes dicen que no hay plan. Muy lejos de querer tranquilizar.
El plan que piden “los mercados” lo que menos hace es garantizar la sostenibilidad de la economía y la capacidad de repago. Lleva a la inestabilidad, a los recortes permanentes y a una mayor pérdida de soberanía. No soluciona los problemas sino que los agrava. Fue precisamente lo que pasó con las políticas que se pactaron con el FMI en 2018.
La única forma de encarar el desafío cambiario es atender la restricción externa, es decir, la insuficiencia de divisas que históricamente ha afectado a nuestro país. En este campo, los pedidos de un plan de ajuste fiscal no mejoran en lo más mínimo el frente comercial ni la balanza de pagos. Tampoco lo haría una fuerte devaluación, porque rápidamente ésta impacta sobre los precios internos y los costos, y por lo tanto no se genera mayor competitividad. Esos pedidos son sólo un reflejo de cómo, por la vía de la presión en el mercado de cambios ilegal, se trata de que cambien las políticas.
Se precisa tranquilizar la economía y avanzar en paralelo con herramientas para el mediano y largo plazo, mientras que en el corto plazo se administran los recursos disponibles.