Tiempo Argentino | Opinión
En la semana se escuchó decir que el gobierno tiene la estrategia del “vamos viendo”, pero lo que en realidad ocurre es que hay sintonía fina de medidas. La situación del frente externo es por cierto compleja, producto de las políticas del gobierno anterior, y se está tratando de resolver. La mejor muestra es el arreglo de la deuda, todo lo contrario a la improvisación.
Lo que preocupa, además de ciertos diagnósticos, son las alternativas que se plantean desde diversos sectores. Entre ellas, la de igualar el dólar oficial con el ilegal o con los valores del MEP. Lisa y llanamente, lo que se pide es una fuerte devaluación. Sería una forma pírrica de cerrar la incoherente “brecha del dólar”.
Quienes apuntan a esto no se preocupan por la brecha que importa mucho más: la social. No pueden desconocer que la devaluación tendría un fuerte impacto sobre la inflación, ya que los precios no están definidos por el dólar ilegal. Un tema que quedó más claro aún con la devaluación de finales de 2015, cuando sin pudor se decía que la inflación no aumentaría porque ya la habían “descontado” los formadores de precios mirando el dólar ilegal. Eso no significa que los valores de especulación no influyan sobre las expectativas.
Desde mi punto de vista, dado que la “brecha del dólar” es eminentemente especulativa, no es correcto que el resto de la economía funcione en base a valores que surgen de mercados ilegales y marginales (el viernes, podía leerse en un medio que el dólar ilegal “se vende a cuentagotas”). No hay que dejar de repetir que el valor del dólar que no es oficial no se relaciona con ninguno de los fundamentos y las necesidades de la economía. El tipo de cambio real multilateral es competitivo y no hay una emisión que esté fuera de control, como se quiere hacer creer.
En esta línea, un medio especializado afirmó que “tras la reducción a las retenciones, y en momentos en que los precios internacionales marcan nuevos máximos, los agroexportadores aceleraron los registros de ventas, según fuentes de la Cámara de la Industria Aceitera de la Rep. Arg. y Centro Exportador de Cereales.
Los datos confirman estas declaraciones. Según se desprende de los registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior, el 2 de octubre los exportadores declararon 49.500 toneladas (tn.) de harina de soja, mientras que este jueves la cifra pasó a 735.450 tn. Para el aceite de soja, el día 2 se declararon 12.823 tn., mientras que este jueves se registraron 40.654 tn., con un pico de 122.972 tn. el miércoles de esta semana.
Con relación a todos estos temas, no deja de ser ilustrativa una nota, entre tantas, donde se sostiene que “los precios en dólares de los autos son los más bajos de la región”. Pero aclara, “lo son para quienes tengan dólares ahorrados y estén dispuestos a venderlos en el mercado negro para hacer un diferencia. En cambio, para el resto de los consumidores no hay negocio a la vista, ya que sus ingresos, medidos en cualquier tipo de dólar, se derrumbaron”. Y luego compara los salarios mínimos en dólares ilegales con los del resto de la región para decir que los autos son en realidad más caros, dado que aquí los salarios en moneda extranjera están mucho más deprimidos. Esto en gran parte no es más que la consecuencia de la abrupta reducción del salario en dólares oficiales que se verificó en tres de los cuatro años del anterior gobierno.
Un informe de la Cámara de Importadores de la Rep. Arg. explica que el resultado cambiario del BCRA acumuló entre 2016 y 2020 un déficit de 56.807 millones de dólares, a pesar de que hubo un intercambio comercial positivo de 50.680 millones en el mismo periodo. El desbalance se explica por los intereses, utilidades y dividendos, por el gasto de turismo y por la formación de activos externos. Una noticia que sirve para salir de la coyuntura y del repiqueteo mediático constante con el que se trata de instalar que no hay programa económico. Las que no eran viables eran las políticas del anterior gobierno que, por ejemplo, recurrieron a un endeudamiento en dólares con el argumento de tener que afrontar un supuesto déficit fiscal heredado (que se financia en pesos). Lo que se financió fue principalmente la fuga.
Buenas señales
En lo que va de octubre, el Ministerio de Economía ya colocó bonos en pesos por casi 166 mil millones, con lo que están prácticamente cubiertos todos los vencimientos de deuda del mes, cuando aún resta una licitación. Es otra buena señal en momentos de fuerte expansión de gastos para hacerle frente a los efectos de la pandemia. Es algo que no viene siendo muy comentado y en lo que se está teniendo éxito, partiendo de una situación inicial de parálisis del mercado de capitales doméstico, tras el “reperfilamiento” del año pasado. La idea, también de cara a lo que viene, es que se pueda obtener financiamiento del mercado local y que no recaiga tanto en el BCRA. De hecho en el Presupuesto 2021 se establece que del total de las necesidades de financiamiento de la Administración Nacional, un tercio se cubrirá con adelantos transitorios del BCRA, y dos tercios con financiamiento del sector privado.
Otro dato positivo es que la venta de insumos para la construcción (Índice Construya, una fuente privada) creció 3,8% mensual en septiembre y un 18,5% interanual. A su vez, según el Centro de Estudios para la Producción, en septiembre la producción automotriz aumentó un 16% interanual y los despachos de cemento un 10%, un buen indicio de que también estaría subiendo la industria en su conjunto.
En tanto, Alberto Fernández afirmó en la semana ante un grupo de empresarios norteamericanos que “hay datos para ser optimistas (…). Por primera vez en mucho tiempo, el porcentaje de recaudación impositiva fue mayor que la inflación”. También dijo: “queremos que el Estado fije reglas claras y que los inversores las cumplan, inviertan, den trabajo, desarrollen sus productos y los vendan y paguen los impuestos”. Un concepto que está enfocado en la idea de asegurar la seguridad económica del conjunto de la población, y no en la “seguridad jurídica” de unos pocos.
Por último, cabe citar un informe de la CEPAL, que entre otros temas compara la denominada “carga tributaria” en la región (23,1% del PIB) con la de los países de la OCDE (34,3%). El mayor porcentaje lo tiene Brasil (33,1%), mientras que en Uruguay llega al 29,2% y en Argentina es algo más bajo, del 28,8%. Datos que derriban mitos. El organismo también sostiene que en Latinoamérica la mitad de los ingresos tributarios proviene de impuestos indirectos (sobre el consumo), mientras que en la OCDE explican alrededor de un tercio. Significa que los gobiernos de la región disponen de muchos menos recursos y que hay mucha mayor regresividad.
En cuanto a la predisposición a pagar impuestos, se suele escuchar que en la OCDE “vale la pena aportar porque el Estado brinda servicios acordes”. Sin embargo, en los países de América Latina y el Caribe, así como en otros emergentes, los intereses de la deuda pública tienen un gran peso en los presupuestos públicos, por lo que restringen severamente los recursos, lo que afecta la calidad de los servicios provistos por el Estado y los márgenes de maniobra.
La verdadera esencia de lo que está en juego, más allá de cualquier argumento que se pretenda dar sobre estos temas, es el tipo de sociedad que queremos construir. O es una en la que termina prevaleciendo el sálvese quien pueda, o es una en la que se afianzan los valores de la solidaridad y el interés colectivo.