ContraEditorial | Opinión
El rechazo de ciertos sectores a las políticas activas del Estado no reconoce que estamos en un contexto excepcional de necesidades exacerbadas por la pandemia. Podría parecer que está fuera de contexto, pero hay una razón clara: mantener el excluyente statu quo. Es por ello que intentan deslegitimar que es posible vivir en una sociedad
basada en otro tipo de valores, un país con menos individualismo y más solidaridad.
Es precisamente ese modelo de sociedad solidaria el que está implementando el gobierno nacional. Es lo que está en el sentido de la contundente frase del presidente Alberto Fernández: “Lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años, porque el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Y entonces no es el mérito, es darle a todos las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo”. Bien lejos de la filosofía neoliberal.
Un ejemplo de los rechazos a este enfoque es el comunicado de la Cámara Argentina de Comercio, que se expresó acerca del proyecto de aporte solidario y por única vez a las grandes fortunas, proyecto que en la semana comenzó a tratarse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados. Se afirma allí: “nuestro país tiene una larga tradición en impuestos nacidos en la emergencia, casi siempre distorsivos, que acaban por perpetuarse, incrementando el cada vez más alto «costo argentino»”. ¿Acaso se estarán refiriendo al mismo costo que les ha permitido llegar al podio de las grandes riquezas? De paso, hay que decir que se trata de un aporte por única vez, y no influye en el “costo argentino”, ya que alcanza a las personas más acaudaladas. En realidad, son visiones que van en la línea de lo que afirmó la Asociación Empresaria Argentina (AEA) sobre que “debe evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas”.
También se han escuchado frases tales como: “el incremento de impuestos sólo ha conseguido incrementar la desigualdad, el gasto público y la pobreza”, todo un contrasentido. O que es un “castigo” que los que tienen mayor capacidad tributaria sean los que más aporten: lejos de cualquier espíritu de progresividad. Una redistribución de ingresos más equitativa es uno de los roles fundamentales de cualquier gobierno que pretenda bregar por un país más justo.
No está de más repetirlo: el proyecto sólo plantea una contribución por única vez para las cerca de 10 mil familias más ricas que poseen bienes en el país, a las que en nada les va a cambiar su nivel de vida, pero que podrán ayudar a que otras familias estén un poco mejor.
Con los efectos de la pandemia se han agudizado las necesidades y para hacerles frente hay que generar nuevos ingresos. Es lo que se busca generar con el aporte solidario y extraordinario, y que está recibiendo rechazos de algunos sectores. Son reacciones esperables, como ocurre con toda idea que intente siquiera rozar ciertos intereses.
Por el contrario, mientras aquí algunos hablan de confiscación, en otras partes del mundo se está estudiando seriamente la forma de que los Estados incrementen sus ingresos para enfrentar la coyuntura. La semana pasada, los titulares de Finanzas de la Unión Europea evaluaron propuestas para la puesta en marcha de una política tributaria que permita generar los ingresos para financiar los planes de recuperación.
No está de más repetirlo: el proyecto sólo plantea una contribución por única vez para las cerca de 10 mil familias más ricas que poseen bienes en el país, a las que en nada les va a cambiar su nivel de vida, pero que podrán ayudar a que otras familias estén un poco mejor.
Con los efectos de la pandemia se han agudizado las necesidades y para hacerles frente hay que generar nuevos ingresos. Es lo que se busca generar con el aporte solidario y extraordinario, y que está recibiendo rechazos de algunos sectores. Son reacciones esperables, como ocurre con toda idea que intente siquiera rozar ciertos intereses.
Por el contrario, mientras aquí algunos hablan de confiscación, en otras partes del mundo se está estudiando seriamente la forma de que los Estados incrementen sus ingresos para enfrentar la coyuntura. La semana pasada, los titulares de Finanzas de la Unión Europea evaluaron propuestas para la puesta en marcha de una política tributaria que permita generar los ingresos para financiar los planes de recuperación.
El comisario de Economía de la Unión, Paolo Gentiloni, abogó por avanzar en una imposición mínima para las empresas y una tasa a las grandes corporaciones digitales, que consideró que han sido las “ganadoras reales” de la crisis. “Es el momento de progresar hacia una tributación más justa y efectiva en la UE”, agregó. Sus declaraciones recibieron el apoyo explícito de los representantes de España, Alemania y Francia.
Estas propuestas no deberían sorprender al tener en cuenta que todos los países están realizando esfuerzos fiscales inéditos para amortiguar los efectos del Covid. De hecho, semanas atrás las autoridades de la Unión Europea dieron curso a un paquete de ayuda para sus 27 estados miembro con un fondo de 750.000 millones de euros. Un gran esfuerzo que precisa ser financiado en un contexto de drástica caída de la actividad (-11,8% en el segundo trimestre en la Eurozona), con la consecuente contracción de los ingresos fiscales.
En Latinoamérica la situación es aún más acuciante. Hay muchas más necesidades, pero muchos menos recursos. Según estimaciones de la ONG Oxfam, la pérdida de ingresos fiscales en Latinoamérica para este 2020 por efectos de la pandemia podría rozar el 2% del PIB: unos 113.391 millones de dólares, que equivalen al 59 % de la inversión pública en salud de toda la región.
La ONG afirma que “la región experimentó en los últimos cuatro meses un significativo ensanchamiento de la brecha entre los más ricos y el resto de la población”. Sostiene que, en promedio, Latinoamérica “vio surgir un nuevo «milmillonario» cada dos semanas”. En paralelo, 140 millones de personas subsisten gracias a trabajos informales y uno de cada cinco vive en un barrio carenciado”. Es por ello que, en línea con lo que se debate en los países europeos, el documento se refiere, entre otras cuestiones a “la necesidad de aplicar un impuesto a las grandes fortunas y patrimonios (…) como ya se está avanzando en Argentina”.
Trato mediático diferencial
El tratamiento que algunos medios le dieron a las recientes normativas para la adquisición de dólares es también un reflejo de la presión que tratan de ejercer los sectores más concentrados de la sociedad argentina. En los hechos, lo que están haciendo las autoridades es implementar medidas de sintonía fina en el mercado de cambios para cuidar las Reservas Internacionales y asignarlas a fines estratégicos.
Una muestra de ello es que quedaron exceptuadas del pago a cuenta del 35% aquellas compras al exterior relacionadas con servicios de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros, gastos asociados a proyectos de investigación, entre otros. Las operaciones de comercio exterior siguen con el mismo acceso al mercado de cambios, y las principales modificaciones tienen que ver con el acceso para el pago de deudas financieras con el exterior, que impacta en las grandes empresas.
Lamentablemente quedaron opacadas otras noticias, que tuvieron que ver justamente con políticas fiscales y que apuntan a equilibrar, al menos parcialmente, la balanza hacia aquellos que más necesitan. Entre otras medidas, se anunció la extensión del bono de 5.000 pesos para los trabajadores de la salud por tres meses y se amplió además la cantidad de beneficiarios. También se creó un fondo de asistencia a las provincias para 2021 y se relanzó el Programa Ahora 12, con novedades como un periodo de gracia de tres meses y la incorporación de nuevos rubros. Se suman a los anuncios de un plan de inversiones por más de 12.700 millones de pesos para la agricultura familiar, campesina e indígena, y al reintegro de hasta el 100% de los créditos a empresas que contraten personal, como así también al lanzamiento del Plan Nacional de Conectividad, entre otros.
Bastante tratada en los medios fue también la aparente salida de Argentina de algunas empresas, una realidad que no es exclusiva de nuestro país. Se mencionaron, entre otras cuestiones, los problemas para acceder al mercado de cambios y los constantes cambios de reglas de juego.
Sin embargo, todos estos comentarios omiten hacer referencia a lo que está sucediendo a nivel global. Hay un dato que preocupa y es que en Latinoamérica, según estimaciones de la Cepal, durante el transcurso de la pandemia cerrarían 2,7 millones de empresas, con una gran pérdida de puestos de trabajo. El sector más castigado sería el de Comercio al por mayor y al por menor, con 1,4 millones de empresas en bancarrota.
Los efectos de la pandemia son desastrosos en todo el mundo para muchas empresas que anteriormente habían generado miles de empleos y ganancias, y ahora debieron declararse en bancarrota, o incluso muchas de ellas han acudido a ayudas estatales para seguir subsistiendo. Los ejemplos son variados: desde Hertz, empresa de alquiler de autos, a la estadounidense Whiting Petroleum, dedicada a hidrocarburos. En ese contexto hay que ubicar la decisión de la empresa chilena Falabella de vender las tiendas que posee en Argentina; es un ejemplo más de lo que ocurre en muchos países.
En resumen, el gobierno avanza a paso firme, reparando los problemas heredados del macrismo y agravados por la pandemia, con medidas y políticas que, al mismo tiempo, apuntan a fortalecer la salida de esta crisis sanitaria que incide en lo económico. El camino elegido es el de un modelo de desarrollo equitativo, que apunta a mejorar la situación de los más desprotegidos, robusteciendo de esa forma los vínculos solidarios entre la administración pública y la ciudadanía.