ContraEditorial | Opinión
El gobierno cerró el capítulo de la renegociación de la deuda con los bonistas extranjeros al lograr una adhesión masiva del 93,55% del capital pendiente, que termina llegando al 99,01% por aplicación de las cláusulas de acción colectiva. Con ello se aliviará el pago de cerca de 42.500 millones de dólares de aquí a 2024, considerando también el canje de deuda en moneda extranjera bajo legislación local. Un flujo de recursos absolutamente necesario para morigerar los efectos de la pandemia, partiendo además de una economía que estaba en situación crítica y muy condicionada desde antes. Un obstáculo menos para ir tras los objetivos del desarrollo económico y social.
Ante la buena noticia, desde algunos sectores se trató de forzar una realidad diferente. Un ejemplo fueron las declaraciones del economista Juan Carlos de Pablo, para quien el acuerdo con los bonistas “no es ningún alivio porque no les pensábamos pagar”. Para justificar sus dichos, según la nota periodística que lo cita, “De Pablo recordó cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, fue en marzo al Congreso y dijo que el gobierno no tenía plata para pagarle a los bonistas”. Un razonamiento inusual. ¿Qué estaría ahora diciendo si no se hubiese alcanzado un acuerdo? Seguramente que el país entró en un nuevo default. ¿Y si, en su defecto, se hubiera seguido a los partidarios del “arreglar como sea”, pactando un cronograma con flujos insostenibles y que implicara un fuerte ajuste? Parece que muchos no reparan en el fuerte alivio que significa haber podido reducir la tasa de interés de los títulos bajo ley extranjera de promedios del 7% al 3,07%.
Con el acuerdo se alcanza una situación más aliviada respecto a la evolución de los pagos a lo largo del tiempo. Hasta hoy, se tenía una gran concentración de deuda con los privados en el corto plazo. A partir de ahora, los pagos serán nulos en 2020, y prácticamente insignificantes en 2021 y 2022, y luego comienzan paulatinamente a aumentar. La firme postura negociadora del gobierno resultó clave para alcanzar un arreglo que despeja bastante el horizonte financiero, y con un nivel de adhesión muy alto, que le da una gran fortaleza al canje.
Por su parte, al anunciar los resultados, el Presidente Alberto Fernández señaló: “que un país se endeude quiere decir que los ministerios de Salud se cierran, que la ciencia y la tecnología pasan a un segundo plano, que 25 mil PyMEs se cierran” en referencia a la gestión macrista. Y continuó: “cuando tenemos deuda y tenemos que pagar intereses y deuda eso significa que tenemos menos dinero para investigación, para tecnología, para educar a nuestros hijos, para nuestros maestros, para nuestros policías, tenemos menos dinero para hospitales que atiendan la salud de la gente, postergamos a los jubilados, que siempre hasta ahora han sido la variable de ajuste de las políticas que nos condenaron al endeudamiento”. También habló de que “asumamos lo que nos pasó y la responsabilidad de que no nos vuelva a pasar nunca más (…), tomemos conciencia de lo que significa entrar en el laberinto de la deuda”. En resumen, no deben volver a repetirse políticas de ajuste y entrega de soberanía como las que llevó a cabo el anterior gobierno, muchas de las que hoy impactan en toda su dimensión al restringir los márgenes de maniobra, y otras, como las de la deuda, que se han prorrogado con un muy grande esfuerzo.
La próxima parada para ir saliendo de este laberinto de la deuda es la renegociación con el FMI. Mediante una comunicación entre Alberto Fernández y Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo, se dio inicio formal a las consultas entre las partes. El gobierno ya dejó en claro su premisa central: “no hay estabilización posible sin recuperación económica”. En otros términos, que hay que poner el foco en la reactivación del mercado interno, en crecer para luego pagar, y no al revés.
Habrá que tener en cuenta que a la reestructuración de los plazos se suma la cuestión de las condicionalidades. Será una pulseada intensa, teniendo en cuenta el historial del FMI que en su libreto contiene pedidos de reformas estructurales y de ajuste fiscal y monetario. De este lado está la firme posición del gobierno, de que cualquier acuerdo con el organismo financiero internacional no puede llevar a generar ajuste alguno, ni a que el país pierda el control sobre su economía. La idea que subyace es que la búsqueda de un equilibrio fiscal debe llegar como consecuencia de que la actividad crezca y también lo hagan los ingresos fiscales. Lo contrario al ajuste del gasto, uno de los ejes principales de las políticas del anterior gobierno.
El ministro Guzmán afirmó, respecto del desarrollo de las conversaciones con el Fondo, que el gobierno “lo va a hacer de frente a la sociedad, no de espaldas (…). Es la intención del gobierno nacional enviar el acuerdo al que se llegue con el FMI al Congreso de la Nación para su aprobación, que es algo que no se ha hecho nunca y que es algo que está totalmente alineado con la idea de cuidar a la Argentina y la idea de ir generando condiciones en el país para inmunizarlo de los problemas de endeudamiento insostenible”. Una frase que refuerza el compromiso del gobierno de Alberto Fernández con las instituciones. Además, tal como con las negociaciones por la deuda privada, indica que se perseguirá un arreglo que sea beneficioso para los intereses del país. No va a ser una negociación a escondidas. Lo que Argentina va a plantear será público, se sabrá cuál es el posicionamiento del país. No fue lo que pasó cuando la gestión Macri anunció un programa con el FMI “de manera preventiva” y sin que siquiera pasase por el Congreso, a sabiendas de que las definiciones en materia de deuda le corresponden al Parlamento. Decisiones que hipotecan el futuro de generaciones venideras, como fue lo que terminó ocurriendo.
Recursos para enfrentar la pandemia
Dadas las severas implicancias que tiene —y que tendrá— la pandemia, resulta necesario movilizar recursos para morigerar los impactos y comenzar a recrear un círculo virtuoso de crecimiento con equidad. El ministro Guzmán afirmó que “en un contexto de una recesión tan profunda el Estado va a jugar un rol decisivo en impulsar políticas en pos de la recuperación”.
Es en esta línea que se encuentra el proyecto de ley para establecer un aporte solidario, extraordinario y por única vez para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia.
Lo recaudado (se estima en unos 300.000 millones de pesos) se destinará a: 1. Comprar equipamiento de salud, medicamentos, vacunas, para atender la pandemia; 2. Apoyar a las MiPyMEs con subsidios y créditos para sostener a las empresas y al empleo; 3. Financiar un relanzamiento del plan PROGRESAR para que las/os jóvenes puedan seguir estudiando. 4. Urbanizar los barrios populares con obras que empleen a las/os vecinas/os de cada barrio; 5. Para programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, a través de IEASA (Ex Enarsa) junto con YPF, reinvirtiendo las utilidades durante al menos 10 años.
En concreto, el proyecto que ya está en el Congreso establece un aporte que recaiga sobre los bienes de las personas humanas muy ricas (no sobre las empresas). Son unas 12 mil personas que poseen, cada una de ellas, un patrimonio declarado de más de $ 200 millones.
Se trata de una contribución de la franja de las personas más ricas de la Argentina, a las que en nada les va a cambiar su condición de vida, pero que con su aporte contribuirán a mejorar la condición de vida de mucha gente. Tal vez por eso la idea tiene un fuerte apoyo ciudadano: algo más del 70% de las y los argentinos está de acuerdo con la iniciativa. Y es lógico.
Respecto de las resistencias, como no podía ser de otra forma, giraron alrededor de conceptos como la falta de “seguridad jurídica”, de que “Argentina nunca ha sido un buen lugar para invertir”, etc. Pero la contribución está pensada como un porcentaje mínimo de la riqueza acumulada, por lo que, si en la Argentina no se pudiera producir, ¿cómo fue que engrosaron sus fortunas? ¿Cómo ocurrió que generaron esa riqueza a pesar de que estaríamos en un país donde “no se respetan las reglas del juego” y donde la carga impositiva “es asfixiante”? Algo no cierra.
Es un aporte necesario, que es extraordinario y por única vez, para que quienes más tienen ayuden a combatir la pandemia, sostener los ingresos de los trabajadores, la permanencia de las empresas de distintos sectores, y mejorar la recuperación posterior. Cuanto mejor le vaya a la economía, más pronto recuperarán este aporte solidario que se plantea.