ContraEditorial | Opinión
En economía, como en muchos otros campos, abundan afirmaciones que se presentan como verdades, pero que si se las escarba mínimamente se terminan por desarmar solas. Es el caso de algunos comentarios recientes de analistas, en cuanto a que estaríamos frente a una inevitable aceleración de la inflación. También han advertido sobre los efectos de un posible salto del dólar oficial. No hace falta recordar que muchos de ellos, semanas atrás, señalaban que había que arreglar el tema de la deuda para reducir la brecha cambiaria, aunque a poco del acuerdo empezaron a decir que con eso no alcanza.
Sería importante que pudieran explicar cómo podría dispararse la inflación si desde diciembre las tarifas se encuentran congeladas, si los sueldos no han aumentado, o incluso han bajado, y si lo propio ha ocurrido con el costo de financiamiento de las empresas. Es más, el ritmo de la inflación acumulada de los primeros siete meses del año (15,8%) está muy por debajo de la de los doce meses previos (53,8%), lo que marca una fuerte desaceleración. Cabe destacar, también, que el BCRA sostiene en su reciente Informe de Política Monetaria que “la tasa de inflación mensual promedio será levemente superior a la observada en el segundo trimestre del año, a partir de un reacomodamiento de precios relativos asociado a la recuperación del precio de los servicios ante la reapertura de dichas actividades”. No obstante, esta mención dista mucho de la de aquellos analistas que intentan preparar el terreno para validar un fuerte incremento de precios en el futuro, más allá de que no haya correlato con la realidad.
Para quienes se enfocan en la emisión monetaria, como posible fuente de futuros aumentos de precios, basta mencionar el mismo informe del BCRA: “el grado de monetización de la economía argentina se encontraba antes de la pandemia en niveles históricamente bajos, y se espera que cierre el año en valores razonables”. De hecho, la base monetaria, al igual que la cantidad total de dinero, cayó un 25% en términos reales entre diciembre de 2017 y noviembre de 2019, una contracción de una magnitud que difícilmente se pueda encontrar en la historia de los distintos países.
En cuanto al dólar, algunos pretenden instalar la creencia de que los precios se determinan en base al dólar ilegal, y de esa forma se validaría que su evolución quede a merced de los valores especulativos de ese mercado ilícito. Vuelvo a repetir: el valor relevante para la fijación de precios es el dólar oficial; es con el que se realizan las operaciones de comercio exterior, un dólar que además está en niveles competitivos, tal como lo indican las mediciones del BCRA y el propio FMI.
Vinculados a estos temas también hay otros argumentos contradictorios, como aquellos que se enfocan en el nivel de reservas y luego terminan pidiendo por la flexibilización y eliminación de los límites a la compra de dólares, todo un contrasentido. Al respecto, es ilustrativo el incremento de la fuga de capitales y la cuantiosa devaluación que se vivió durante el gobierno de Mauricio Macri con un sistema cambiario totalmente liberalizado: un gobierno que a desgano tuvo que terminar estableciendo restricciones cambiarias, el reperfilamiento de la deuda, el restablecimiento de la obligación de liquidar exportaciones (exigencia que ellos habían eliminado por completo). Pero el daño ya estaba hecho.
Siempre, la puja distributiva
Si no hay razones de costos o de demanda que justifiquen una escalada de la inflación, o que haya una suba significativa del dólar oficial, queda por enfocar el tema con la lente de la puja distributiva, que también se expresa en las operaciones especulativas. Lo hemos explicado infinitas veces y hoy aplica más que nunca.
La puja no tiene descanso ni siquiera en la actual coyuntura y es algo que vale en muchos países. En Estados Unidos, para dar una muestra, según un centro de estudios de ese país, el Institute for Policy Studies, con sede en Washington, los 12 multimillonarios más ricos alcanzaron al 13 de agosto una riqueza combinada de más de un billón de dólares, un 40% más que cuando comenzó la pandemia de coronavirus. Según la investigación “esto es simplemente demasiado poder económico y político en manos de 12 personas, así como un hito inquietante en la historia de la concentración de riqueza y poder en Estados Unidos. Desde el punto de vista de una sociedad democrática, esto representa un grupo de doce oligarcas o una docena de déspotas”. En distintas escalas, es una dinámica que se reproduce en el mundo entero y muestra que la fórmula final de todos los debates pasa por cómo se acumula y cómo se distribuyen el ingreso y la riqueza.
Con relación a esto, hay ideas que empiezan a ganar cada vez más espacio. Hace poco, el senador Bernie Sanders presentó un proyecto que propone que haya un impuesto que se apropie del 60% del incremento patrimonial que las empresas han obtenido desde que empezó la pandemia. Por eso, cuando se habla de las necesidades fiscales, nada es más lógico y justo que encararlas por el lado de la mejora de los ingresos de los Estados mediante impuestos progresivos, y no por la vía de los recortes del gasto, como el de salud, educación y jubilaciones.
Durante el gobierno de Barack Obama, se propuso una reforma impositiva que apuntara a que “las empresas norteamericanas paguen impuestos por los dos billones de dólares que tienen en el exterior no declarados, lo que permitiría crear más empleo, incentivar el crecimiento económico y proveer al Estado y los gobiernos locales de la certeza que necesitan para planear el futuro”. No es un hecho menor que esto se haya planteado en la principal potencia. Sirve para repensar argumentos para validar distintas políticas en nuestro país.
El problema de fondo no es la presencia del Estado, es en realidad su ausencia. Es como aquellos que dicen que la inflación va a bajar si se eliminan los controles de precios. O quienes adjudican el problema de la baja creación de empleo a las leyes de protección laboral, cuando en realidad se genera empleo cuando existe un horizonte de economía en crecimiento, garantizando la demanda interna y las ventas. Y ese empleo será de calidad, gracias a las leyes que protegen a los trabajadores. Lo contrario al modelo neoliberal que algunos añoran.
Estas añoranzas provienen de las aspiraciones de segmentos minoritarios que parecieran querer ir en contra de toda una tendencia a la que apunta el gobierno: la recuperación del mercado interno, lo cual requiere defender el poder adquisitivo de los hogares. No sin dificultades, el gobierno ha podido incidir tanto por la vía de la administración de los principales precios, como de la preservación de los niveles de ingresos, todo un desafío en tiempos de pandemia.
Son aspectos a valorar, de la misma forma que lo son aquellos temas en los que el gobierno está pensando para la salida de la pandemia. El ministro de Economía, Martín Guzmán, participó de un acto junto al Presidente Alberto Fernández, donde se anunció el inicio y la reactivación de obras de infraestructura por 19.700 millones de pesos. Allí Guzmán sostuvo: “nosotros hemos planteado que nuestro objetivo es poder darle a Argentina una estructura productiva que satisfaga cinco condiciones: que sea inclusiva (que genere trabajo), que sea dinámica (un país que genere valor agregado), una economía que sea estable (que le dé un ambiente de seguridad económica a las argentinas y los argentinos), cuarto, seguir una estrategia de desarrollo federal (que el desarrollo respete un concepto de equidad a través de las regiones del país) y quinto, respetar nuestra soberanía”. Luego puso como punto de comparación lo ocurrido en los cuatro años previos, donde hubo una caída de inversión en obra pública de 1,6 puntos porcentuales del PIB, “que alcanzó el valor mínimo desde el año 2004 (…), eso es algo que ya estamos modificando, que se ve ahora y que se va a ver en la Ley de Presupuesto de 2021”. Afirmaciones y números contundentes.
A partir de estas declaraciones, y de lo expuesto en el anticipo del Presupuesto 2021 enviado al Congreso, ¿cómo es posible que algunos analistas hagan referencia a la falta de plan, cuando en realidad ocurre todo lo contrario? El problema es que el plan y los objetivos propuestos no cuadran con los del ajuste y del Estado canchero. Es de esperar que estas tensiones sigan presentes. Más aún ante la claridad y la firmeza que este gobierno ha venido mostrando alrededor de los objetivos de fondo y de cuál es el sendero a recorrer para apuntar a mejorar la vida de las argentinas y los argentinos.