Noticias Argentinas | Opinión
La movilización opositora, este 17 de agosto, se produjo en un momento en el cual las fuerzas económicas, mediáticas y políticas que se oponen al gobierno del Frente de Todos comenzaban a tener la necesidad de modificar el clima positivo generado en torno a algunas políticas gubernamentales.
Luego de que esa oposición agitara el fantasma del default, el gobierno alcanzó el cierre de la negociación con los bonistas y ese escenario «tenebroso» desapareció. Casi en simultáneo, y en el marco de la pandemia, se anunció la fabricación en Argentina de la sustancia activa de la potencial vacuna contra el COVID 19 y se generó la expectativa de que pronto haya posibilidad de vacunarse contra esa enfermedad.
¿No será que tenían que generar una movilización incentivada de este tipo para enrarecer el clima social en el país? Desde esta perspectiva, la concentración opositora del lunes intentó cumplir por lo menos dos funciones: por un lado, ocupar el lugar que dejó vacío la supuesta amenaza de default de la deuda, entre otros temas; por el otro, continuar manteniendo fuera de agenda la discusión sobre la herencia desastrosa que dejó el gobierno anterior y el fracaso de su modelo atado a los intereses del capital financiero global.
De repente, el principal problema de la Argentina se transformó en la reforma judicial mientras se intentan pasar al olvido temas críticos heredados como la monumental deuda, el desempleo, la pobreza, el cierre de empresas y las nueve emergencias que el Ejecutivo propuso y el Parlamento aprobó, y que reflejan la situación de desastre en la que Macri y su equipo dejaron al país.
De este modo, los actores corporativos intentan suplantar los problemas generados por el gobierno anterior por otros supuestamente producidos por esta gestión. Además, como en ese relato el gobierno de Alberto Fernández no tendría plan, consecuentemente no estaría en capacidad de resolver ni los problemas heredados ni los generados por la nueva coyuntura.
Por otro lado, estamos ante una confluencia de grupos variopintos que toman la calle en un escenario donde las fuerzas nacionales, populares y democráticas no están dispuestas a hacerlo. Si lo hicieran, este último sector se pondría en contradicción con sus propias políticas, que sostienen la necesidad del aislamiento social y del cuidado del otro. La única vacuna que ya está funcionando es el respeto de los dos metros de distancia, el uso del barbijo y la higiene personal.
Por eso, hoy no se visualiza la disputa de la calle; hay una porción de la sociedad que se moviliza trasgrediendo las normas dictadas para reducir la propagación del virus y otra que renuncia a hacerlo justamente para que esa propagación mayor no se produzca. Paradójicamente, los que reivindican la República trasgreden las normas y los acusados de antirrepublicanismo las cumplen.
Nadie debería asombrarse de esta movilización: Juntos por el Cambio sacó un 40 por ciento de los votos en las últimas elecciones y hace todo lo posible para que el gobierno de Alberto Fernández no se consolide. Los grandes medios se encargaron de sintetizar las demandas fragmentadas de la protesta en términos de cuestionamiento a la reforma judicial y a la impunidad que supuestamente ésta perseguiría.
Es muy probable que si les preguntáramos a cada uno de los manifestantes por qué se oponen a la reforma judicial la mayoría no lograría pasar de una definición muy elemental. Muy pocos de los que estaban en la movilización podrían describir los contenidos de esa reforma.
Muchos de ellos reclaman por la implementación de medidas que son responsabilidad de la Justicia -la excarcelación de presos por la pandemia y las puertas giratorias por las cuales los apresados son liberados, entre otros aspectos- y que, para poder ser modificadas, se requiere de una reforma judicial que es, paradójicamente, a lo que se oponen.
Una de las principales preocupaciones de Juntos por el Cambio es producir el olvido sobre su reciente gobierno y, sin dudas, ése ha sido uno de los objetivos no proclamados de la movilización del lunes.