Página/12 | Opinión
Argentina llegó a un acuerdo con los tres principales grupos de acreedores de deuda bajo legislación extranjera. De esta forma se avanza en uno de los objetivos establecidos en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, de fines de diciembre: crear “condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”.
El acuerdo al que se llegó es reflejo de la postura firme del Poder Ejecutivo en defensa del interés de los argentinos y las argentinas. Lo contrario al “arreglar como sea” que algunos sectores planteaban. De haber seguido esa línea se hubiera puesto en juego la sostenibilidad de la deuda y de la economía.
Desde las entrañas de estos sectores ahora se pudo leer que “el país cedió mucho respecto de la primera oferta de abril”. Pareciera que la crítica al Gobierno es lo que prima. Como siempre dije, se trata de una negociación y era esperable que ambas partes adecuaran sus pretensiones originales. En cuanto a las negociaciones de los últimos días, que culminaron con el acuerdo, no hubo modificaciones que supongan mayores pagos para el país, a lo sumo un adelantamiento de meses en las cuotas y en el primer pago de algunos bonos. El país no podía hacer más esfuerzos.
El valor presente neto de la deuda reestructurada rondaría 54 dólares por título. A este valor se llega principalmente por vía de la reducción de la tasa de interés de los nuevos bonos, que tendrán un rendimiento promedio cercano al 3 pro ciento anual (versus el 7 pro ciento de la deuda vigente). El alivio también proviene del diferimiento de los pagos, ya que entre 2020 y 2024 sólo se abonarán 4500 millones de dólares, mucho menos que los 30.200 millones de dólares originales. Recursos que resultarán imprescindibles para impulsar la producción y el empleo en la pospandemia, y para empezar a solucionar las limitaciones estructurales que enfrenta el país.
En paralelo, el Congreso sancionó una ley para darle a la deuda en dólares que se encuentra bajo jurisdicción local el mismo tratamiento que a la de ley extranjera.
En una reunión que mantuvimos algunos legisladores con el ministro Martín Guzmán, nos expresó que muchas voces decían que era más fácil reestructurar la deuda local, y que la gran carga cayese sobre este segmento, cuando el 95 por ciento de los que poseen deuda bajo legislación local son argentinos y argentinas. Es una cabal muestra de la buena fe del gobierno, que no escuchó estas voces y no hizo discriminaciones respecto de los tenedores de ley local.
Al otorgarle trato equitativo a la deuda bajo legislación nacional también se trata de fortalecer el mercado de capitales local, de darle una mayor robustez a nuestra moneda. De hecho, en la ley aprobada se abre la posibilidad de que parte de la deuda en dólares pueda ser canjeada por deuda en pesos.
Desde la oposición se criticó la autorización que dio el Congreso para licitar un segmento acotado de títulos públicos en moneda extranjera, por 1500 millones de dólares, a ser suscriptos con otros bonos emitidos en pesos. Es una medida a destinada a inversores que entraron para hacer carry trade y luego volver a dólares, pero quedaron atrapados en el reperfilamiento de la gestión Macri. La idea es evitar que presionen sobre el mercado de cambios y el contado con liquidación. Para ello se les ofrece dos bonos en dólares a 2030 y 2035, a baja tasa y sin que el Estado realice pagos hasta 2025. No se contradice en nada con la postura de tender hacia una menor dolarización financiera. No debiera omitirse que ha sido este Gobierno quien ha canjeado en 2020, mediante licitación, títulos en dólares por títulos en pesos (es decir, ha desdolarizado deuda), por un total de 7839 millones de dólares.
Contemplando los canjes bajo legislación nacional y extranjera, se obtiene un alivio financiero entre el 2020 y el 2024 de 42.500 millones de dólares y con pagos que rondarán los 5600 millones de dólares. Estamos frente a un gran avance que se logró en base a una actitud coherente y firme del gobierno, en pleno respeto del mandato que se le entregó en las urnas.