ContraEditorial | Opinión
Europa acaba de acordar un gran paquete de medidas “extraordinarias de recuperación destinadas a hacer frente a los efectos de una crisis sin precedentes, atendiendo al interés superior de la Unión Europea”. Es la frase que aparece en el documento que contiene las conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, que se realizó entre el 17 y el 21 de julio. Si bien aún requiere la aprobación de los parlamentos, lo firmado deja gran cantidad de material para el análisis, y tiene aspectos que sirven para tratar muchas de las discusiones que se dan en nuestro país.
Por empezar, se trata de un monto de dinero significativo (750.000 millones de euros) para apoyar una recuperación lo más rápida posible de los efectos del coronavirus. Según las últimas proyecciones del Banco Central Europeo (BCE), la baja del PIB en la zona del euro llegará en 2020, como mínimo, al 8,7%. En países como España, Francia e Italia superará el 12%. En la reunión también se trató el presupuesto plurianual 2021-2027, que contará con recursos por un billón de euros, sin contar el programa extraordinario pensado para la pospandemia.
El 90% del paquete excepcional será destinado a financiar planes de inversión y reformas que los países tendrán que presentar a Bruselas, siguiendo ciertos ejes y criterios. Los recursos tendrán la forma de préstamos y de subsidios, casi por partes iguales en el total. Los subsidios son fondos que no tienen devolución, un componente que fue muy resistido por los países denominados “frugales” (los Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca). Estos países, igualmente lograron algunas concesiones, como una disminución de los aportes presupuestarios de las naciones a la UE hasta 2027.
Lo acordado está lejos de ser un auténtico Plan Marshall, como algunos lo denominaron. Si bien se trata de una gran movilización de fondos, con algunas novedades importantes, como la emisión de deuda conjunta para financiarla, no se corre de los ejes de la globalización neoliberal que predominan desde hace décadas. Tampoco habrá recursos para el salvataje de empresas, tal como figuraba en la propuesta original.
En el documento aparece una especie de cláusula de condicionalidad, por medio de la cual, para acceder a los recursos, los países deberán presentar a las autoridades europeas un plan de reformas que van desde el ámbito laboral hasta la educación. También se habilita a interrumpir los desembolsos en caso de que haya desvíos respecto de lo prometido. Un verdadero freno de mano, o “de seguridad”, como lo denominaron.
Es parte de la agenda de ajuste y reformas estructurales fomentadas por la denominada troika (FMI, BCE y Comisión Europea), que tanta presencia tuviera en Grecia, Irlanda o Portugal luego de la crisis financiera global y la recesión europea, y que empieza a adquirir un renovado impulso en medio de la pandemia.
Esto no significa que los países más débiles de la comunidad europea no se beneficien con la recepción de los recursos en el corto plazo. El tema son los impactos de largo plazo. Como siempre, son decisiones del presente que sufrirán las próximas generaciones.
Lo acordado en Europa también sirve para el análisis en nuestro país en lo relacionado con las cuestiones impositivas. El Consejo Europeo estableció que en una primera etapa “se instaurará un nuevo recurso propio basado en los residuos plásticos no reciclados (a partir del 1 de enero de 2021)”. También se presentarán propuestas para establecer un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono y a un impuesto digital, que servirán de base para recursos propios adicionales, a ser instaurados a más tardar el 1 de enero de 2023. Por último, se trabajará para obtener otras fuentes, “entre las que podría hallarse un impuesto sobre las transacciones financieras”.
Es un avance importante, y que va completamente a contramano de muchos planteos que se escuchan en nuestro país. De hecho, hay sectores que están pidiendo reducciones de impuestos para la pospandemia, no sólo simplificación tributaria. Esta postura tiene implícita la retirada del Estado en materia de gasto e inversión pública indispensables. Naturalmente, son quienes se oponen a tratar en la emergencia la discusión de nuevas fuentes de financiamiento del Estado, a pesar de que millones de personas y muchísimas empresas están atravesando una situación por demás crítica.
Son todos intentos por condicionar lo que viene. Hemos comentado acerca de estos planteos una infinidad de veces. Lo que siempre sobrevuela es la amenaza de que apenas se salga de la pandemia del Covid-19 habría que retomar los ajustes y reformas estructurales. Se señala que hay que mantener la ayuda estatal y los esfuerzos fiscales “por ahora”, pero después habrá que encarar el ajuste. Es lo que dice el Fondo cuando emite sus informes sobre la economía global. El 24 de junio Kristalina Georgieva, su directora gerente, señaló en un discurso, refiriéndose a los países de nuestra región: “por favor, gasten lo que sea necesario, pero gasten con prudencia y guarden los recibos”. Todas cuestiones que con seguridad habrá que discutir en el momento en que se renegocie la deuda con el organismo. Es decir, no será sólo lo concerniente a los flujos financieros, sino también a las condicionalidades, que deberían estar en línea con la idea de la sostenibilidad de la deuda, de los recursos fiscales y permitir el necesario crecimiento con equidad.
La noción de sostenibilidad de la deuda, tanto con privados como con los organismos internacionales, no se da en abstracto, sino en el marco de la construcción de un sendero fiscal posible, hacia el futuro. Es lo contrario al “arreglar como sea” que muchos plantean hoy y que ya conocimos, cuando se pactaron tasas altísimas y se consolidó un proceso de endeudamiento insostenible.
Argentina ya hizo un esfuerzo máximo para arreglar, y no se trata de si se puede o no hacer un poco más. No es un problema de 300 millones de dólares por año, como levantan algunos analistas (de ser así, no se entiende por qué no piden ese esfuerzo a los acreedores). Alberto Fernández lo volvió a repetir en el encuentro virtual con el Consejo de las Américas: “no podemos ofrecer más que esto y no es un capricho, es sensatez”. Según Martín Guzmán: “Aceptar lo que piden algunos acreedores significaría someter a la sociedad argentina a más angustia, implicaría por ejemplo ajustar jubilaciones, y no lo vamos a hacer. Seguimos esperando que prime la buena fe por parte de los acreedores”.
En una teleconferencia realizada el viernes con los ministros de las carteras económicas, cientos de empresarios PyME y trabajadores de la CGT y la CTA, el presidente Alberto Fernández expresó: “Necesito que todas las fuerzas se mancomunen en construir la Argentina. Hemos vivido una pandemia sin virus. Esa pandemia arrasó con 20 mil PyMEs en 4 años”.
Reflexionando sobre la situación actual, agregó: “Supimos cuando pusimos la cuarentena que íbamos a poner en crisis la producción y el trabajo. Desde la hora cero supimos que teníamos que hacer una inversión para garantizar la continuidad de las empresas y del empleo. Los que reniegan que no tenemos plan, sepan que lo planificamos desde el primer día”. Queda claro que en ningún momento la economía estuvo a la deriva, como quieren dar a entender algunos analistas.
Ante los concurrentes, el mandatario expresó: “Ustedes son mis principales aliados. En ustedes anida la misma vocación que yo, que es la de construir una industria nacional. Una economía sólida los tiene a ustedes como protagonistas”. Ahora, ¿cómo se expresa esta alianza en medidas concretas? Alberto Fernández lo basó claramente en “la necesidad de que los trabajadores vuelvan a reencontrarse para la construcción de un nuevo país, y construir una multisectorial entre PyMEs y trabajadores para pensar el futuro y que el desarrollo sea igualitario, donde ganen todos y no donde algunos ganan y otros pierden, porque las buenas sociedades permiten que todos ganen y nadie pierda”.
Para cerrar esta nota, citaré otro párrafo de la conferencia del Presidente, idea con la cual coincido plenamente: “después de la pandemia tenemos una oportunidad única de construir otro país más igualitario, más justo”.