Ámbito Financiero | Opinión
El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, acaba de señalar: “La carga de la recesión no ha sido pareja (…). Los hogares de bajos ingresos han experimentado, por lejos, la mayor caída del empleo, mientras que las pérdidas de trabajo de los afroamericanos, los hispanos y las mujeres han sido más grandes que en otros grupos”. Cómo será el actual estado de la crisis en EE.UU. para que sea la autoridad monetaria (la Fed) la que se preocupe por poner a la desigualdad sobre la mesa de discusiones.
Lo cierto es que con la pandemia se han exacerbado las inequidades que ya había desde mucho antes, y que ahora son más inocultables que nunca. El prestigioso economista Dani Rodrik comentó al respecto: “La pandemia funciona como una lupa que amplifica las tensiones económicas ya existentes. Nos enseña lo equivocadas que han estado nuestras prioridades en las últimas cuatro décadas. Cuánto hemos trabajado para tener más globalización económica, y qué poco hemos invertido para asegurar los bienes necesarios para la sanidad pública”.
Cabe pasar por este tamiz las discusiones sobre la renegociación de la deuda, más cuando desde diversos sectores se sigue sosteniendo que hay que llegar a un arreglo con los acreedores sin importar las condiciones. Hay abundante evidencia de que seguir a los mercados no garantiza las inversiones que generan empleo. A lo sumo vendrán las especulativas, que no le sirven al país. La idea de sostenibilidad de la deuda está vinculada, también, con poder asignar recursos cada vez más necesarios para enfrentar las distintas emergencias preexistentes, más los efectos de la pandemia. Es un objetivo del cual no se puede salir.
Está quedando claro que los inversores presionan más allá de lo posible, solicitando intereses y amortizaciones de la deuda que son insostenibles. Pero también se han enfocado en reclamar cláusulas en los contratos que contrarían los “Principios Básicos para la reestructuración de deudas soberanas” votados por la ONU en septiembre de 2015. De todas formas, el Gobierno argentino extendió nuevamente el plazo de negociación hasta el 24 de julio reiterando su vocación de lograr un acuerdo sostenible.
En este contexto, ¿cómo no pensar también en Vicentin? La Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe (IGPJ), solicitó la intervención judicial de dicha empresa mientras dure el trámite concursal, con múltiples razones, muchas ya conocidas, pero además porque “es claro que (los directores de Vicentin, recientemente repuestos por el juez concursal) son quienes la condujeron durante el tiempo en que llegó al estado de cesación de pagos que motivó la apertura del concurso y que afecta el interés público”, y por lo tanto, según la IGPJ, no están a la altura de la dirección que la empresa necesita.
Además, la IGPJ sostiene que “existe un entramado societario que requiere control”, dado que “si se aprecian los porcentajes de participación que la sociedad denuncia entre sus activos, el control parece circunscribirse a sociedades constituidas en el extranjero: Vicentin Paraguay, Vicentin Europa, Vicentin Brasil”.
El presidente Alberto Fernández fue claro al definir que hay dos caminos pero un solo destino, tomar el control de la empresa para su saneamiento y protección de los derechos de todos sus acreedores, ya sea vía la expropiación o vía el concurso de acreedores.
Sin embargo, algunos analistas sostuvieron, aviesamente, que el Gobierno nacional dio marcha atrás. No es así. Desde un primer momento se dijo que el objetivo de la acción del Gobierno es, a partir de una empresa virtualmente quebrada y con varias denuncias de prácticas ilegales, que se pueda recuperar y poner nuevamente en funcionamiento. La expropiación es uno de los caminos para ello, pero también se pueden transitar otros. Sin duda, en cualquiera de ellos el Estado debe tener una presencia relevante.
Resulta esencial recordar que la magia no existe: para pagar las deudas, la empresa tiene que volver a retomar la producción, y ser manejada eficientemente. La idea de avanzar en el concurso para que se termine configurando una empresa mixta ha recibido variados apoyos. En este aspecto, vuelvo a insistir con la gestión tripartita entre el Estado, los productores (organizados en cooperativas) y los trabajadores del grupo empresarial. Sería una excelente manera de reorientar las prioridades en beneficio del conjunto de la sociedad.