Tiempo Argentino | Opinión
Si en la semana anterior irrumpió con fuerza en la escena la situación alrededor de Vicentin, en la que está culminando los medios se centraron en la noticia de que Latam abandonará la operatoria de su filial Argentina. La coyuntura se torna cada vez más compleja y no hay que mirar para otro lado.
Uno de los impactos en común es la gran cantidad de trabajadores afectados, que llega a 5.600 en el caso de Vicentin y a unos 1.800 en el de Latam, que en esta última empresa podrían quedar directamente en la calle. Esta situación no estaría generando preocupación en ciertos analistas y sectores, que parecieran hacerse eco de los argumentos de la empresa y aprovechan a la vez para bajar un mensaje sesgado y no ajustado a la realidad.
De hecho, tras el comunicado de la empresa donde se habla de “la productividad más baja y los sueldos más elevados de la región”, se pudo leer en algunos medios locales un intento de relacionarlo con “un modelo económico y de extorsión sindical que espanta inversiones”, tratando de responsabilizar a las y los trabajadores. También se cargó contra el rol del Estado: “la salida de Latam del país muestra las consecuencias de promover empresas estatales testigo, en este caso Aerolíneas Argentinas, que siempre juegan en contra de la competencia para mantener los privilegios de las cúpulas que las manejan”. Nada se dice de la política del anterior gobierno, de desregulación y apertura a la operatoria de empresas privadas low cost, que modificó la ecuación del mercado interno. Los argumentos son los de siempre.
¿Pero acaso el salvataje de Lufhtansa por parte del gobierno alemán no es un buen ejemplo de lo estratégico que resulta disponer de una aerolínea de bandera? No es el caso de Latam, una multinacional que aspira a seguir operando las rutas internacionales, pero no las de cabotaje. La búsqueda de los nichos de máxima rentabilidad no se resigna.
Si con Vicentin algunos analistas no suelen reparar en lo inexplicable de que una empresa líder que se desenvuelve en uno de los mercados más rentables, como el de los productos primarios, esté en convocatoria, ahora tampoco se muestra la realidad del sector aerocomercial. No sólo es la pandemia, que asestó un muy duro golpe sobre este último: ya desde antes del Covid venía dando pérdidas en el mundo.
Latam ya se acogió al procedimiento de ley de quiebras en EEUU, involucrando a sus filiales de Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Acaba de anunciar la suspensión temporal de los contratos de sus empleados en Colombia. Según informa el diario La República, de ese país: “antes de poner en marcha este proceso, la compañía había buscado otras alternativas para proteger los empleos como la reducción de los salarios en 50% durante abril, mayo y junio, pero no fue suficiente, por lo que han tenido que recurrir a otras opciones como la implementación de planes de retiro voluntario y licencias no remuneradas, además de desvinculaciones en filiales como la colombiana”. Pareciera que ningún arreglo ha sido suficiente: la situación de la filial argentina no es distinta a la de las otras filiales, como tampoco es distinta la respuesta de los gerenciamientos locales de Latam.
También resulta importante una aclaración del ministro de Transporte, Mario Meoni: “Latam cesó sus operaciones y presentó un procedimiento preventivo de crisis, pero de ninguna manera plantearon el cierre definitivo de la filial argentina: es diferente a cerrar definitivamente porque mantiene sus rutas y podría volver a operar”.
En definitiva, se trata de dos crisis que se ponen de manifiesto con la pandemia, pero que, cada una con sus características, se arrastraban de antes. La particularidad del contexto da más razones para que el Estado tenga un rol activo, tal como está ocurriendo con nuestro gobierno.
La Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe (IGPJ), solicitó la intervención judicial de Vicentin mientras dure el trámite concursal, con múltiples razones, muchas ya conocidas, como la importancia de la empresa en la economía de esa provincia y otras aledañas, pero quisiera destacar dos aspectos que cita la IGPJ: “existe un entramado societario que requiere control”, dado que “si se aprecian los porcentajes de participación que la sociedad denuncia entre sus activos, el control parece circunscribirse a sociedades constituidas en el extranjero: Vicentin Paraguay, Vicentin Europa, Vicentin Brasil”. También sostuvo que “los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducir la compleja situación”.
El presidente Alberto Fernández fue claro al definir que hay dos caminos pero un solo destino, tomar el control de la empresa para su saneamiento y protección de los derechos de todos sus acreedores, ya sea vía la expropiación o vía el concurso de acreedores. La idea que más se ha difundido y que más apoyos tiene es que la empresa funcione en forma mixta, y en este aspecto vuelvo a insistir con la gestión tripartita entre el Estado, los productores (organizados en cooperativas) y los trabajadores. Es una estructura orientada a garantizar la transparencia, la preocupación por los impactos sociales y ambientales de la gestión, y una forma equitativa de distribución de los resultados obtenidos.
Es imprescindible sostener y ampliar derechos, más aún en un entorno como el actual. En la semana, la FAO y la CEPAL presentaron un informe conjunto donde sostienen que “la recesión económica mundial aumentará la pobreza y el hambre y otras formas de inseguridad alimentaria, en especial en países con redes de protección social débiles (…). La población en condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83,4 millones de personas en 2020 (…).La gran tarea que tenemos por delante es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria”. Esta es la verdadera magnitud de los problemas que enfrentamos.
En tanto, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, integrada entre otros por Joseph Stiglitz, Thomas Piketty y José Antonio Ocampo, presentó un informe pidiendo la introducción de impuestos progresivos sobre los servicios digitales y sobre los beneficios empresariales; que las empresas que operan en paraísos fiscales para pagar menos impuestos renuncien a recibir fondos públicos; gravar la riqueza en el extranjero, y otras medidas. Muy elocuente.
En nuestro país, y no obstante las limitaciones que impone la herencia macrista, se están realizando esfuerzos importantes. En su informe ante el Senado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, habló de la importancia que tiene haber aprobado la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva” para enfrentar la pandemia, con la recreación del Ministerio de Salud, con los posteriores aportes de programas como el ATP, el IFE y los créditos subsidiados.
Se sabe que mientras las necesidades crecen, los recursos fiscales se vuelven más escasos, lo cual requiere decisiones importantes en lo tributario que no son exclusivas del ámbito local, sino que se discuten en el mundo entero. Por eso no hay que pasar por alto la postura de cierto sector de la oposición en el Congreso, que afirma que no estaría dispuesto a dar quórum para tratar temas “controvertidos”. Pero son precisamente esos temas los que se necesita tratar, en el marco de las instituciones que posee nuestra democracia. Es importante no negar la realidad y empezar a dar los debates requeridos: el paso previo para modificar un statu quo que no permite dar respuesta a los verdaderos problemas que plantea la pandemia, y a los que se avizoran más allá.