Página/12 | Opinión
La intervención sobre Vicentin no se produce debido a su éxito empresario: por el contrario, es una consecuencia de su fracaso como empresa.
Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, la compañía se presentó en convocatoria de acreedores con una deuda de 99.345 millones de pesos. Además, antes de entrar en cesación de pagos vendió un tercio de su participación en la sociedad Renova al grupo de origen suizo Glencore, quien con el 66% de las acciones pasó a tener el control de esa empresa del grupo económico. Otra sociedad del conglomerado empresario, Algodonera Avellaneda, licenció la semana pasada a 500 trabajadores y trabajadoras.
El grupo económico, además, contrajo grandes deudas con el sistema financiero local: entre los mayores acreedores están en el Banco Nación, el Provincia de Buenos Aires y el Ciudad. Luego aparece una serie de entidades privadas, algunas con presencia estatal, o agentes oficiales.
Pero hay más: el Comité de los principales seis acreedores internacionales, que tienen en conjunto 500 millones de dólares por cobrar, emitió un comunicado la semana que pasó en el que expresan “su firme disposición a establecer un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales relevantes, para discutir la regularización de la deuda de Vicentin” y adelantaron que la resolución del Gobierno “contribuirá a aliviar la situación financiera general de la compañía”.
Está claro: el Estado lidera un intento de rescate de una de las principales agroexportadoras argentinas, diversificada horizontalmente en diversas sociedades. La compañía cuenta con 2.195 puestos de trabajo en la industria aceitera, cerca de 1.000 en la algodonera, 376 en la vitivinícola, y 2.057 en su planta frigorífica, entre otras ramas de producción en las que interviene.
Estamos hablando de una empresa concursada, semiparalizada, con trabajadores y trabajadoras suspendidos, con productores que no cobran, con acreedores —como los bancos públicos locales y las instituciones crediticias internacionales— que tampoco cobran. Además, se trata de una compañía con un gran potencial para seguir siendo líder en el sector agroexportador, con todo lo que eso puede representar a futuro, tanto para aliviar la restricción externa como para actuar como testigo en el funcionamiento del sector y en la fijación de precios internos.
Entonces: que el Estado se haga cargo de una empresa privada en crisis está muy lejos del fantasma socialista con el que se intenta meter miedo. El Estado de bienestar, en todos los países donde se ha desarrollado con éxito, lo ha hecho sobre la base de un fuerte sector público en áreas estratégicas. Pero, además, tal como hemos insistido en los últimos años, creemos en la necesidad de desarrollar empresas de nuevo tipo, cuyo objeto principal sea la prestación del servicio y no la obtención del máximo beneficio. En esa perspectiva, el cooperativismo o lo que alternativamente podríamos llamar una gestión tripartita —Estado, usuarios y trabajadores— es un modelo a considerar.
En febrero de 2002, por ejemplo, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos publicó la primera versión de su “Propuesta para enfrentar la emergencia”. Luego de la difusión pública del documento y de los debates mantenidos con miles de cooperadores y ciudadanos, quienes aportaron nuevas ideas y contribuyeron a profundizar o perfeccionar las ya expresadas, se presentó la propuesta formalmente en el año 2003.
En el prólogo a la versión del documento actualizado al 2005, se sostenía que “las empresas de propiedad pública son aquellas cuyos activos pertenecen al conjunto de la comunidad y cuyo representante jurídico es el Estado Nacional, el Estado Provincial o la Comuna (…) La gestión de las empresas de propiedad pública deberá ser tripartita, formada por representantes del Estado, de los trabajadores de la empresa y de organizaciones sociales representativas de los sectores involucrados en la actividad de la empresa, por ejemplo, organizaciones representativas de usuarios, consumidores, productores, proveedores. Esta forma de gestión garantizará que la propiedad pública sea colocada al servicio de las necesidades populares, evitando la corrupción, la burocracia, el clientelismo y su cooptación por los sectores del poder económico”.
El 31 de octubre de 2011 fui invitado a hablar en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en oportunidad del lanzamiento del “Año Internacional de las Cooperativas 2012”.
Decía en aquella oportunidad: “«La empresa cooperativa como contribución a la construcción de un mundo mejor» es el lema de esta actividad. Significa a nuestro entender ya no pensar a la cooperativa como la rueda de auxilio para enmendar las fallas o los errores del sistema capitalista. Para nosotros significa pensar a los usuarios y a los trabajadores responsables de la administración y la gestión, llevando adelante procesos de prestación de servicios, procesos de producción, donde el objeto deje de ser el de obtener la máxima ganancia posible y pase a ser el de prestar el mejor servicio posible (…) En este sentido, abrevamos en nuestras propias experiencias prácticas reformulando el concepto de lo público, sus alcances y sentido, aspirando a construir una sociedad de mayor justicia, igualdad, equidad, reconocimiento, participación”.
Desde esa perspectiva, consideramos que estaría bien que, por ejemplo, las cooperativas agrícolas, que son las proveedoras habituales del complejo Vicentin, tengan representación en la gestión de la empresa. No hay ninguna contradicción entre un Estado que se hace cargo de la compañía, desde el punto de vista de su responsabilidad legal, y la gestión participativa, con injerencia directa de los distintos sectores interesados en el funcionamiento de la empresa.
En esta línea, la Federación Agraria y la Asociación de Productores del Sur de Santa Fe hicieron una presentación donde reclaman que Vicentin sea transformada en “una empresa mixta, distinta, moderna y eficaz con control y participación de todos los actores”.
Estamos ante la posibilidad de poner en práctica una experiencia con gestión coparticipada, donde las cooperativas que representan a los productores y los miles de trabajadores de ese complejo tengan un lugar en la toma de decisiones. Sería un modo de transitar el futuro escenario pospandemia con una apuesta más por la innovación y la participación.