Tiempo Argentino | Opinión
Ante los desafíos y los riesgos concretos que presenta el nuevo coronavirus, las prioridades no admiten discusión: preservar la salud y a los sectores de la población más expuestos ante una coyuntura inédita.
En esta misma línea se expresó la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, en la antesala de la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial. Señaló que “nos enfrentamos a una crisis sin precedentes. La COVID-19 ha perturbado el orden social y económico a una velocidad fulgurante y a una escala que no hemos visto jamás. El virus está causando una trágica pérdida de vidas, y el confinamiento necesario para combatirlo ha afectado a miles de millones de personas (…). De hecho, anticipamos las peores secuelas económicas desde la Gran Depresión”. Según el FMI, si para este año se proyectaba un crecimiento del ingreso per cápita en 160 países, hoy se espera que haya 170 países que terminen mostrando una caída.
Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), el intercambio global se contraerá en 2020 en niveles de dos cifras y mucho más que por la crisis financiera de 2008. Afectará a “casi todas las regiones”, especialmente en América del Norte y Asia, aunque América Latina y Europa también sufrirán caídas superiores al 30%.
Los países de mercados emergentes y de bajo ingreso enfrentan un alto riesgo. Según el propio FMI, ese riesgo se vincula entre otras cuestiones a los débiles sistemas sanitarios, a la pobreza y a la fragilidad de las condiciones financieras. En particular, dice el organismo, en los últimos dos meses salieron de los mercados emergentes aproximadamente USD 100.000 millones de inversiones de cartera, monto más de tres veces mayor que en el mismo período de la crisis financiera mundial ocurrida a partir de 2008. Todo esto es cierto, pero no hay que dejar de decir que es la consecuencia de las políticas neoliberales que se han aplicado durante décadas, que derivaron en un funcionamiento económico que ya venía cuestionado. En la fase actual, la carencia de recursos para llevar a cabo las políticas públicas necesarias no hace más que dejar expuesto ante los ojos de todas las personas las amplias falencias de esas políticas.
En Estados Unidos, por ejemplo, sólo en la última semana unos 6,6 millones de trabajadores presentaron su solicitud para el cobro de la prestación por desempleo, según la información del Departamento del Trabajo. Así se acumulan en las últimas tres semanas alrededor de 17 millones de peticiones, todo un récord, nunca visto desde que se tiene registro (1948). Por esta razón, el desempleo, que se encontraba en el 3,5% antes de la pandemia, de un plumazo podría saltar al 13% o más. En gran medida, también es un subproducto de un mercado laboral en extremo flexibilizado.
La Unión Europea (UE), por su parte, acordó desbloquear las ayudas por cerca de medio billón de euros contra la crisis del coronavirus. Entre esta ayuda se encuentran unos € 240.000 millones que irán directamente a las cuentas fiscales de los países, vía el Fondo de Rescate Europeo (Mede). En este sentido, cabe detallar que la decisión fue largamente demorada por posturas contrapuestas. Hacia el final, España e Italia terminaron imponiendo su posición, ya que lograron que el acceso a la línea de préstamos, de hasta el 2% del PIB del país que la solicite, no signifique aplicar un programa con ajustes y reformas estructurales. Un logro que hay que tener en cuenta en las relaciones de los países en desarrollo con los organismos de crédito internacionales y acreedores privados.
Además de los fondos del Mede, el Banco Europeo de Inversiones movilizará otros € 200.000 millones para empresas, sobre todo PyMEs, mientras que la Comisión Europea emitirá bonos para financiar programas que eviten o atenúen los despidos masivos, por hasta € 100.000 millones.
Con esto aparece una vez más en toda su magnitud la diferencia entre ricos y pobres, que llega también al nivel de los Estados, ya que podría decirse que por un lado están los países centrales y por el otro, el resto. Y no hay que olvidar que, en buena medida, las ganancias y las riquezas de unos son las pérdidas de los otros. Se da por ejemplo por la vía del pago de intereses de la deuda o regalías, mecanismos que suelen llevar recursos constantemente hacia los países centrales. Esto también profundiza la diferencia de recursos que posee cada Nación para enfrentar la crisis y las consecuencias sociales que traerá.
La impronta mundial de la pandemia amplía la brecha entre los países desarrollados y los en desarrollo: la disputa global por las máscaras y los instrumentos de testeo pone en evidencia las diferencias. Los fabricantes les dijeron a los gobiernos de África y Latinoamérica que sus órdenes de pedido de kits de prueba no podrán ser cumplidas hasta dentro de meses, debido a las disrupciones en la cadena de suministros y a que casi todo lo que producen va a parar a Estados Unidos y Europa. De hecho, UNICEF está tratando de adquirir 240 millones de máscaras para colaborar con 100 países, pero hasta ahora apenas consiguió 28 millones de unidades, según informaciones de funcionarios de la ONU.
Volviendo a Georgieva, y en cuanto a la descripción de lo que debería hacerse, me interesa destacar el lugar por donde empieza la directora gerente del FMI: “Primero, continuar con las medidas de contención imprescindibles y respaldar los sistemas sanitarios. Algunos afirman que existe un conflicto entre salvar vidas y preservar los medios de vida. Yo digo que este dilema es falso. Dado que se trata de una crisis pandémica, es necesario derrotar al virus y proteger la salud de las personas para alcanzar la recuperación económica”. Está en coincidencia con la visión de varios países, y en especial con la que lleva adelante el gobierno argentino, que desde un primer momento estuvo privilegiando la vida, apostando a una postura de la solidaridad y el cuidado en comunidad.
El segundo argumento que menciona el propio FMI es “proteger a las personas y empresas afectadas con medidas fiscales y para el sector financiero que sean amplias, oportunas y focalizadas. Esto depende de las circunstancias de cada país, pero incluyen aplazar el pago de impuestos, otorgar subsidios salariales y transferencias monetarias a los grupos más vulnerables; ampliar el seguro de desempleo y la asistencia social, y ajustar temporalmente las garantías de crédito y las condiciones de los préstamos”. Recetas que en otro momento el organismo internacional desaconsejaba enérgicamente.
Además de lo que ya se vino implementando en nuestro país, va en esta dirección el anuncio de enviarle recursos a las provincias, unos $ 120 mil millones. Pero las necesidades son muchas. Por eso el gobierno continúa tratando de llegar a un acuerdo por la deuda pública bajo legislación extranjera, que le dé sostenibilidad en el tiempo pero que además permita liberar recursos para las urgencias actuales. Hay que tener en cuenta también el lugar del que se parte, con una distribución del ingreso que, al cierre de 2019, mostró un nuevo empeoramiento. Significa que, como siempre, serán los más pobres los que estarán más desprotegidos ante la pandemia.
Por eso la cuestión de la desigualdad se presenta con total virulencia, a tal punto que ha llevado al periódico Financial Times, de clara postura conservadora, a señalar: “La redistribución volverá a estar en la agenda. Las políticas hasta hace poco consideradas excéntricas, como los impuestos básicos sobre la renta y la riqueza, tendrán que estar en la mezcla”. Nada más para agregar.