Página/12 | Opinión
El diputado Mario Negri, cuando anunció que su bancada se retiraba del recinto de la Cámara de Diputados este último jueves, dejó en claro que su objetivo era judicializar lo que se iba a tratar en la sesión. El hecho llamó poderosamente la atención: que tratándose de la discusión sobre la reforma del sistema previsional vinculado al sistema judicial, el camino elegido por el Interbloque opositor fuera intentar llevarlo, justamente, al territorio judicial. Es decir: retirarlo del ámbito legislativo y trasladarlo, llamativamente, al ámbito de los involucrados directos en la reforma que se intentaba debatir. En mi intervención en el recinto mencioné el viejo refrán que dice que “el pez por la boca muere.” Porque el Interbloque de Juntos por el Cambio ya no sorprende: intentó por todos los medios que la sesión se cayera y, por lo tanto, que el tratamiento del proyecto fracasara. No es difícil imaginar que esta actitud está vinculada a los compromisos que ese sector tiene con la corporación judicial. La oposición, con su iniciativa para judicializar el tema, terminó de confirmarlo. Una vez más, Juntos por el Cambio se sitúa del lado de los que defienden privilegios.
Por supuesto, para lograr ese objetivo utilizan cualquier recurso: en este caso cuestionar la legitimidad del diputado Daniel Scioli para la conformación del quórum de la sesión. Hay varios argumentos que avalan su legitimidad. Por ejemplo, según el artículo 99 inciso 7 de la Constitución Nacional y de conformidad con el artículo 5 de la Ley 20.957, hasta que el Presidente de la Nación no lo designa por decreto y lo publica en el Boletín Oficial no comienza el ejercicio como Embajador de cualquier postulante a desempeñar ese cargo. Mientras eso no ocurre —y en el caso del diputado Scioli no ocurrió— el postulante no está designado formalmente como Embajador y, por lo tanto, no está en ejercicio de un cargo incompatible con el de diputado de la Nación. Además, según el artículo 66 de la Constitución Nacional un legislador conserva su condición hasta que el cuerpo no le acepta por mayoría simple la renuncia presentada. Finalmente, el artículo 64 de la Constitución Nacional dice que cada Cámara es juez de sus integrantes y sólo ella puede aceptar la renuncia de cualquiera de sus miembros. Por ello, la presencia de Scioli en la sesión fue absolutamente legítima, se mire desde donde se mire.
Presenciamos una maniobra burda: la de utilizar interpretaciones mediáticas para tratar de invalidar la legitimidad de una sesión que fue constituida de pleno derecho. Además, con su decisión de abandonar el recinto, el Interbloque de Juntos por el Cambio no hizo más que afectar la calidad institucional del Poder Legislativo. Es muy grande la funcionalidad que ese sector político ha tenido con ciertos miembros de ese Poder Judicial y ello ha quedado nuevamente demostrado en esta última sesión, en la que actuaron como defensores de sus privilegios.
Es ese mismo sector político el que dice que el gobierno no tiene un plan económico. Pero hasta el FMI, luego del discurso de Martín Guzmán en el Parlamento, ha dicho que en Argentina hay un plan. Es claro: para ellos, que sostienen la existencia de un camino excluyente, el único programa posible es un programa de ajuste. Hay un solo plan económico y es el que beneficia a los privilegiados. Si hay otro, para esos sectores no existe.
¿Qué dice el gobierno a través del ministro de Economía? Que la Argentina no va a ajustar más el gasto, que va a llegar al equilibrio fiscal en tres años y, por lo tanto, cualquier propuesta de pago hecha con recursos genuinos tiene que tener un período de gracia suficientemente amplio, además de quita de capital y reducción de intereses, para que ese compromiso sea sostenible. ¿Qué dice el FMI? Que el ajuste que habría que aplicar para poder pagar en las actuales circunstancias no es “económica y políticamente factible”. Cuando dice que económicamente no es factible, está diciendo que la magnitud del ajuste a implementar sería monumental y, por lo tanto, que no sería posible. Y cuando dice que políticamente no es factible está afirmando que la medida desataría un inmenso conflicto que podría generar una situación de caos. Lo que está sucediendo en Chile es un ejemplo de lo que probablemente pasaría en Argentina si se aplicaran los tradicionales ajustes ortodoxos.
Tal como el Presidente Alberto Fernández lo anticipó en la campaña, se está ocupando primero de los que están peor y desde ahí, luego de la necesaria negociación de la deuda que libere recursos para volcarlos a un programa de crecimiento sustentable, propone iniciar una etapa de reconstrucción de todo lo destruido en los últimos cuatro años. Este es parte del plan. Los que no lo ven es porque no lo quieren ver. En lugar de discutir lo que no están de acuerdo decretan que eso con lo que no acuerdan no existe.
La existencia del programa está implícita en las negociaciones con los acreedores. Hablar de sostenibilidad de la deuda es decirles a los que quieren cobrar cómo se les va a pagar. El ministro Guzmán afirmó en el Congreso que el gobierno considera factible: “alcanzar el equilibro fiscal en el año 2023” y “converger unos años después a un superávit fiscal primario de entre 0,6 y 0,8% del producto”. Es decir: junto al pedido de postergación de los vencimientos, quita de capital y reducción de intereses, el gobierno necesita decirle a los acreedores cómo conseguirá los recursos con los que les pagará al terminar el periodo de gracia. Les dirá: “miren, vamos a ir tomando todas estas medidas y la economía va a crecer de esta manera”. Esta respuesta seguramente incluirá políticas que controlen la evasión impositiva y, también, políticas que ayuden a frenar la fuga de capitales. Ese es, a mi juicio, un eje del plan económico: un programa que se propone utilizar los fondos que se liberan de los compromisos de pago de deuda para impulsar políticas que generen crecimiento de la economía y mayores ingresos fiscales, entre otros aspectos.
El plan que “no existe” es el alternativo al que existe para defender los privilegios de las minorías.