Ámbito Financiero | Opinión
El principal desafío que tiene por delante el Gobierno nacional es resolver la difícil herencia recibida de la administración macrista. Para enfrentar la situación, en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva se declara la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”.
Dentro de estas difíciles condiciones recibidas, se encuentra una cuestión esencial y crítica: la falta de sostenibilidad de la deuda pública. Tal problema requiere una actitud resuelta por parte del Gobierno para diseñar las políticas necesarias para revertir la situación de una deuda que resulta imposible de pagar tal como está diseñada. Es enorme, gran parte a corto plazo, con una gran proporción en moneda extranjera y elevados intereses. La atención de dicha deuda resulta aún más imposible en las difíciles condiciones económicas y sociales en las que se recibió el país.
Los intereses a pagar de deuda pública crecieron un 86% en 2019 respecto al año anterior, y ya alcanzaron al 3,3% del PIB. La deuda pública total pasó del 52,6% del PIB en 2015 al 91,6% en 2019 (datos al tercer trimestre).
Sin embargo, lo más problemático son los vencimientos que nuestro país debe enfrentar. Con datos a diciembre, en 2020 vence un total de u$s67.200 millones de capital e intereses, de los cuales u$s52.500 están nominados en moneda extranjera, que incluyen la deuda con privados, el sector público y los organismos. De acuerdo con el cronograma original, habría que pagarle al FMI u$s18.600 millones en 2022 y u$s18.900 en 2023. Se observa que estos niveles de vencimientos resultan imposibles de atender para una economía del tamaño de la argentina, y, vuelvo a repetirlo, mucho menos en las condiciones actuales.
El Gobierno está decidido a cumplir con las deudas, pero antes la economía debe crecer y generar los recursos suficientes para poder hacerlo. En palabras del ministro de Economía: “La voluntad de pago está, pero para eso hay que generar capacidad de pago, y para eso hay que crecer. No queremos hacer promesas que no se puedan cumplir”. De allí que se necesita acordar nuevas condiciones para la deuda pública que modifiquen, como dijo Martín Guzmán, al menos dos de las siguientes tres condiciones: plazos, tasas de interés y monto del capital.
Es así que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la Nación un proyecto de ley de “Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa”, por el cual se declara prioritario este objetivo, y se autoriza al PEN a efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía.
En el proyecto se autoriza al Mecon a realizar las operaciones necesarias, entre ellas la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana (con las habituales excepciones sobre activos estratégicos) que podemos considerar esencial para las operaciones vinculadas a la renegociación de los títulos que ya están bajo ley extranjera. También se limita al 0,1% el pago de las comisiones a los asesores financieros que intervengan en los canjes y/o reestructuraciones.
El proceso, encarado por el Gobierno a partir de la buena fe y responsabilidad, dos condiciones que también se piden a los bonistas, no será fácil, pero tampoco irrealizable. De hecho, con datos a octubre, el volumen de deuda bajo legislación extranjera en manos de los acreedores privados asciende a u$s40.200 millones, que será el corazón de la negociación. También hay unos u$s24.600 en estas condiciones en manos del sector público, con el cual la negociación puede suponerse ágil. Y luego está el acuerdo con el FMI que debería correr por carriles más políticos, además de económicos y financieros.
Los desafíos son grandes, como los problemas a resolver, pero el Gobierno está avanzando con paso firme y decisión para volver a poner de pie a la Argentina.