Tiempo Argentino | Opinión
Tratando de desenmascarar la estrategia de promesas y posverdades del gobierno de Cambiemos, mencioné en varias oportunidades que no sólo hay que ver los «qué», sino fundamentalmente los «cómo». Estos últimos son los que terminan por definir el «para quién», es decir, los destinatarios de las decisiones de política, entre ellas las económicas.
En este punto sobresale una constante: el gobierno termina su mandato siendo coherente y exitoso en cuanto a sus objetivos de fondo: promover una redistribución regresiva del ingreso en Argentina.
Los «para quién» muestran que entre los principales perjudicados han estado los trabajadores. Los salarios reales del sector privado registrado (RIPTE) cayeron un 19,3% entre septiembre de 2015 y de 2019. En dólares la cuenta es aun peor: se llega al 50% de caída. Ni la más dura reforma laboral pretendida por el establishment podría haber conseguido algo semejante.
Quedan fuera de estos números los trabajadores públicos, los no registrados y otros sectores como el de los jubilados. Este es el piso desde el cual se parte. No hay que perderlo de vista a la hora de comenzar el debate en torno al Gran Acuerdo Nacional que seguramente se implementará con la asunción del gobierno electo.
Las últimas mediciones del IPC de octubre van en línea con el deterioro descrito. En lo puntual, en octubre el IPC registró un aumento del 3,3%, por debajo de lo que esperaban los analistas (un 4,2%, según el REM) y de lo ocurrido en el mes previo (5,9%). En algunas notas periodísticas se valora que la inflación de Alimentos y Bebidas (2,45%) fue menor al promedio de mes, aunque la trayectoria de fondo y las causas que la motorizan no muestran cambios. De hecho, la variación interanual de la inflación general ya llega al 50,5%, mientras que la de alimentos al 51,8%. En el caso de la salud los aumentos de precios llegan al 70,5%. No son sólo datos, semejantes aumentos indican que cada vez más familias no pueden cubrir sus necesidades básicas. La emergencia que deja este gobierno no sólo es alimentaria.
Es cierto que hubo una ligera desaceleración, pero es imputable, en gran parte, a los efectos del plan alivio que implementó el gobierno tras las PASO. Se observa por caso en la evolución de los precios regulados, que subieron en octubre un 2%, también por debajo del promedio. La mala noticia es que todo el paquete de alivio trae fecha de caducidad, tal como acaba de verse con la liberación del precio de los combustibles, que comenzaron a mostrar aumentos en la semana de alrededor de un 5%, como anticipo de otras tandas que podrían sumar el 15% antes de fin de año. Es lo que faltaría para alcanzar la «paridad de exportación», todo un despropósito para un país con producción propia de petróleo crudo. Como siempre, en el fondo están las ganancias, en particular de las empresas energéticas.
Por eso el gobierno saliente toma la decisión de compensar con 24.500 millones de pesos a las productoras de gas, como consecuencia de las «variaciones del tipo de cambio». A futuro es absolutamente necesario avanzar con la desdolarización de los precios y los márgenes de ganancia de ciertos sectores de la economía, porque producen un perjuicio concreto en la población. Es lo que ocurre también con alimentos que forman parte de la canasta básica alimentaria, como el pan, que tienden a ajustarse en función de la desvalorización del peso.
Desde diversas consultoras ya estiman que la inflación de noviembre y diciembre tendría un piso de 4%. Al descongelamiento de los combustibles hay que agregarle el aumento autorizado a prepagas, telefonía celular y cuotas de colegios privados. Con esto la inflación terminaría diciembre cerca del 55 por ciento.
Quedan en evidencia el país que dejan y la titánica (pero no imposible) tarea que habrá que llevar a cabo. Ante ello, es esencial la implementación de políticas vinculadas a la discusión del «para quién». No hay modelo de sociedad que resista con semejante caída del poder adquisitivo y aumento de la pobreza. No hay industria que resista si no tiene a quién venderle sus productos, en un mundo cada vez más proteccionista y de exiguo crecimiento.
En otras palabras: la propuesta de crecimiento con inclusión es la única opción sostenible en el tiempo.
Y en este sentido, resulta primordial mencionar que el pasado viernes se realizó la primera reunión de trabajo del Consejo Federal Argentina contra el Hambre. En la reunión, presidida por Alberto Fernández, el presidente electo sostuvo: «Todos estamos de acuerdo de que el problema del hambre es consecuencia de una estructura económica que no funciona, donde falta trabajo, falta inversión y hay mucho maltrato al que produce. También es cierto que hay una gran concentración y tenemos que ver cómo lo resolvemos. Para reforzar esta idea, reflexionó: «Tenemos que cambiar la estructura argentina, si nosotros seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados». También definió el problema del hambre: «Un chico mal alimentado en el comienzo de su vida es un chico que rinde menos en el futuro». En conocimiento de los desafíos que estas acciones significan, clamó: «Hagamos algo épico».
En clave latinoamericana
Los sucesos de Chile y Bolivia son dos ejemplos más de la disputa de los «para quién», que también se viene dando en el plano regional.
No hay que perderlo de vista: el golpe de Estado en el país del altiplano es una consecuencia de que el «para quién» de esos gobiernos estuvo anclado en los sectores históricamente marginados. En Bolivia ello se operacionalizó por la vía de la nacionalización de los hidrocarburos, que permitió avanzar con toda una serie de políticas de inclusión, mientras se apuntaló fuertemente el crecimiento. No por nada el ministro de Economía del autoproclamado gobierno, José Luis Parada, había dicho en 2012 que «era pésima la administración de recursos» del gobierno de Evo Morales. Consistente con su historial, apenas asumido dijo: «En 14 años hemos tenido trabas a la inversión privada. Vamos a sentar las bases para una apertura de la economía nacional para atraer inversiones y que el próximo gobierno continúe con esto». Neoliberalismo de manual, apuntalado por un golpe de Estado.
Las protestas en Chile son un reflejo de los intentos de las mayorías por modificar un esquema en el cual las dificultades para acceder a la salud, a la educación y a pensiones dignas son la contracara lógica de la desigual distribución del ingreso y la riqueza. En línea con ello, Marco Enríquez-Ominami (Página/12, 14/11/19), integrante del Grupo de Puebla, sostiene que más allá de la baja deuda pública (40% del PBI), «no es verdad que Chile no esté endeudado. Lo que pasa es que el modelo neoliberal chileno consistió en quitar sus deberes al Estado (salud, educación, pensiones, fiscalización de derechos, etc.), y trasladar esos deberes privadamente a las personas, quienes, para cumplirlos, han debido endeudarse hasta más arriba de la coronilla, y pagar de su bolsillo –y no a través de sus impuestos– por esos derechos que el Estado tiene el deber de administrar y solventar. Las élites achicaron el Estado e hicieron crecer la economía con las tarjetas de crédito de los chilenos y chilenas».
En Bolivia las clases dominantes, con el apoyo de EE UU y la OEA, están en una feroz avanzada para recuperar sus privilegios. En el caso de Chile, se está comenzando a evidenciar cómo el neoliberalismo funciona hasta que los ajustados dicen basta.