Ámbito Financiero | Opinión
El lunes pasado se redujeron significativamente los montos de dólares que las personas humanas pueden comprar para atesoramiento. Y el valor del dólar ilegal (también llamado blue) bajó, achicando la brecha con el dólar mayorista. Para varios analistas, tal conducta resultó “ilógica”, pues todo indicaría que con mayores controles cambiarios, la brecha entre el valor del dólar ilegal y el oficial debería ampliarse. Otros intentan asociar el “blue”, junto con el contado con liqui (CCL), con el tipo de cambio de referencia que marcaría el ritmo de una devaluación futura.
Discrepo decididamente con este enfoque. El valor del dólar ilegal es especulativo en su esencia. Es el valor de un mercado de divisas ilícito, que además es muy pequeño con relación al mercado oficial de cambios. Cabe tomar en cuenta que si bien el dólar ilegal bajó unos $8,5 entre el lunes 28 y el martes 29 de octubre, había subido $9,5 la semana anterior, debido a la especulación y la fomentada incertidumbre acerca de lo que sucedería el día posterior a las elecciones, a pesar de que el resultado ya estaba dado con una alta probabilidad. En el caso del CCL, si bien es lícito, también es altamente especulativo.
Más imprudente aún es la supuesta lógica de identificar el valor del dólar ilegal o del CCL para fijar precios. Los panaderos no sólo están teniendo problemas de abastecimiento de harina porque no se le quiere colocar un precio, sino porque también se les indica que llegaría con aumentos que reflejarían la escalada del CCL o el ilegal. De confirmarse tal actitud, el precio del pan estaría determinado por la especulación cambiaria: un dislate que generaría un mayor deterioro en la alimentación de la población, especialmente la más necesitada.
Las presiones vienen desde los privados y desde el actual gobierno. Los privados, en especial las empresas más grandes, estarían aumentando los precios para “cubrirse” ante el muy posible acuerdo de precios y salarios en los meses venideros. Aunque cabe comentar que varias de estas empresas están frenando dichas estrategias, pues podrían generar una pérdida de ventas ante la fuerte caída de consumo que están dejando estos cuatro años de Gobierno.
Estas actitudes presionan sobre la inflación. Se habla de una transición ordenada, pero el Gobierno está liberando los precios de varios productos y servicios. El aumento del 4% en noviembre para la medicina prepaga, más un 12% a partir de diciembre. La liberación del precio de las naftas a partir de mediados de noviembre, además del aumento del 5% el pasado viernes. Se beneficia así a los sectores empresariales privilegiados estos años. Son todas decisiones que están presionando sobre la inflación futura y reduciendo desde ya el poder de compra salarial. También puede citarse el aumento del 25% a partir del 1 de enero en las tarifas de electricidad autorizado por el actual Gobierno bonaerense. Por las razones citadas, el gobernador electo, Axel Kicillof, solicitó a María Eugenia Vidal la suspensión de éste.
Esta “disparada” de precios regulados o frenados hasta las elecciones es tomada por varios analistas como un indicador de las dificultades que acarrean los acuerdos o regulaciones de precios. Pero a no confundirse. Los aumentos actuales son parte del desarme del “Plan Alivio” implementado por Macri para encarar las elecciones, medidas que van en contra de su ideología. Otra cuestión es lograr acuerdos firmes entre la más amplia cantidad de sectores sobre precios, salarios y promoción de la actividad económica y la mejora de la situación social.
Concluyendo, el tema esencial no pasa por si es dólar oficial o dólar ilegal para marcar los precios. El principal problema es utilizar el valor del dólar para fijar los precios del consumo interno de un producto no sólo de primera necesidad, sino que se produce en el país. El establecimiento de un cupo de producción de trigo, de maíz y otros alimentos para abastecer al mercado interno, y a partir de cumplido éste exportar los excedentes, puede ser un buen método para desligar el precio de alimentos esenciales de los vaivenes de los precios internacionales, así como de las variaciones del tipo de cambio. La aplicación efectiva de leyes como la de Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo (Nº 26.991) o la del Observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes, y servicios (Nº 26.992) son esenciales para seguir el cumplimiento de los acuerdos de precios. Y de esa forma proteger la alimentación y el poder de compra de la ciudadanía.