Página/12 | Opinión
El aumento vertiginoso de la pobreza en la Argentina no es un producto de la meteorología. No ocurrió por fenómenos naturales. Es, por supuesto, consecuencia de las políticas aplicadas por el gobierno de Cambiemos.
Mauricio Macri lo hizo: el país que, según sus propias palabras, está en condiciones de producir alimentos para 400 millones de personas tiene al hambre como un tema central de la agenda política. Sólo una política como la aplicada pudo generar que 15 millones de argentinos y argentinas estén bajo la línea de pobreza y que lo mismo ocurra con un 52,6 por ciento de los chicos menores de 14 años.
Es claro: lo que produce una política lo resuelve otra en la dirección contraria. Por eso, Alberto Fernández anunció el plan “Argentina sin hambre”, una detallada batería de iniciativas que no sólo definen lo que hay que hacer sino también cómo ponerlo en práctica. No dijo sólo “hay que erradicar el hambre”. Dijo: “regulación de precios de la canasta básica de alimentos, creación por ley del Programa Precios Cuidados, fortalecimiento y ampliación de la tarjeta de alimentación, implementación de una nueva canasta básica de alimentos saludables, creación de una gran red de círculos de productores locales y consumidores para comprar a precios baratos frutas, verduras, lácteos y carnes; refuerzo alimentario escolar, elaboración de una Canasta Básica Alimentaria de Primera Infancia, impulso a la sanción de una Ley de Góndolas, para garantizar variedad de marcas en los productos alimenticios; promoción de compras a cargo del Estado a los productores de la economía social y popular, de la agricultura familiar y campesina y a micro y pequeñas empresas”, entre muchos otros puntos.
Hay, alrededor de este tema, otra cuestión relevante: exige resolución inmediata y eficaz. El hambre de los argentinos y argentinas no puede estar en lista de espera. Por eso, Alberto Fernández lo ha colocado como un problema a resolver en el inicio de su gobierno. Si, como todo indica, el 27 de octubre el Frente de Todos amplía los resultados a su favor con relación a los obtenidos en las PASO, comenzará su gestión con una muy alta legitimidad. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se internarán con mucho impulso en los primeros cien días en los que los gobiernos cuentan con la mayor fuerza para llevar adelante sus iniciativas. El problema del hambre actúa como una frontera: en el modelo de país de Juntos por el Cambio más argentinos y argentinas lo padecen, en el modelo de país del Frente de Todos sus candidatos se ponen al frente de una campaña para erradicarlo.
Por supuesto, terminar con el hambre en la Argentina no es una tarea sin tensiones ni conflictos. Si una parte de la sociedad no tiene para comer es porque otra se ha quedado con sus recursos. Por lo cual, terminar con el hambre significa redistribuir. La política económica, en grandes trazos, se reduce a dos cuestiones: a cómo se acumula y a cómo se distribuye. Por ejemplo, hay un grupo de argentinos que tienen en el exterior trescientos mil millones de dólares. Se trata de ganancia producida en el país y por lo tanto rentabilidad acumulada. En este sentido, resulta relevante la discusión en torno a las declaraciones del candidato del Frente de Todos sobre el impuesto a los Bienes Personales. Más allá de su oportuna aclaración acerca de que debe haber un mínimo no imponible que deje, por ejemplo, a la vivienda familiar y al auto fuera del alcance de este gravamen, si alguien tiene mucha riqueza, ¿por qué no va a pagar un impuesto sobre esa riqueza? El tributo a los Bienes Personales en la Argentina es del 0,8 por ciento, uno de los más bajos del mundo. En los países desarrollados es del 3 o 4 por ciento. En Uruguay es del 2 por ciento. En Brasil entre el 1,5 y el 2 por ciento. Desde mi perspectiva, a mayor riqueza debe haber una mayor progresividad en la aplicación de este impuesto. Ninguna sociedad puede ser solidaria sin gravar la acumulación de riqueza. La política impositiva debe estar en función de redistribuir una porción de esa riqueza acumulada. Por supuesto: esos procesos redistributivos no se desarrollan sin resistencias.
De allí que es tan importante el volumen de legitimidad inicial que tenga el nuevo gobierno: es la que le puede permitir articular, conducir y resolver esas tensiones y conflictos. Por eso es que también es importante ganar las próximas elecciones por el mayor margen posible. Mientras mayor sea ese margen, mayor será la legitimidad de origen y mayor la capacidad de resolver esas presiones y contradicciones propias de todo proceso de redistribución e inclusión social.
Lo primero es la voluntad política. Es decir: la voluntad de introducir regulaciones en favor de las mayorías para que, entre otras cosas, los evasores dejen de evadir y los fugadores de divisas dejen de fugar. La voluntad política es imprescindible para avanzar hacia un modelo de país con inclusión, desarrollo y redistribución. Pero los cambios no se producen sólo por declaraciones de buena voluntad. Es necesario, como venimos diciendo, que el acuerdo económico y social que propone el Frente de Todos se implemente con la participación del más amplio espectro de representación política, social y económica y se exprese en un conjunto de leyes.
Los primeros cien días son vitales para desarrollar y consolidar la mayor cantidad de políticas públicas que le permitan a la Argentina salir del lugar a donde la llevó el proyecto neoliberal. Es el momento de impulsar una estrategia para la erradicación del hambre, pero también para comenzar a implementar iniciativas que generen trabajo, que impulsen la distribución del ingreso, la reducción del déficit en salud y educación y la puesta en práctica de un sistema financiero al servicio de la producción, entre muchos otros temas.
Las políticas acordadas con el FMI finalizan su ciclo de modo similar: en Ecuador, por ejemplo, con un levantamiento popular; en Argentina, con un verdadero desastre electoral para el oficialismo. En ambos casos el mismo modelo neoliberal termina aislado y expresando a una minoría. Por el contrario, el Frente de Todos propone iniciativas que benefician a las mayorías. Dice qué hacer y cómo hacerlo. Propone hacerlo rápido. Sabe que los cien primeros días son importantes para consolidar un rumbo.