Tiempo Argentino | Opinión
La CEPAL acaba de presentar su informe “Estudio Económico para América Latina y el Caribe 2019”, donde proyecta una caída del PIB argentino del 1,8% para este año, por encima de la que prevé el FMI (-1,3%) y de la del gobierno (-0,8%). El país terminará el año con la tercera mayor recesión a nivel regional (detrás de Venezuela y Nicaragua).
Según la CEPAL, “para lo que resta de 2019 se prevé que el sesgo contractivo de las políticas fiscal y monetaria, así como el menor crecimiento económico del Brasil, repercutirán negativamente en el consumo público y privado, en la inversión y en las exportaciones del sector manufacturero”. Una realidad que no puede maquillarse con los mejores números del agro (obvio, tras un año de sequía) y con las medidas “anabólicas” del gobierno. Así, deja en claro que el problema son las políticas de ajuste que se implementan.
Unos de los datos más crudos es la contracción del salario real del empleo registrado: según la CEPAL, en el primer trimestre la caída fue superior al 10% anual, al revés de lo que pasó en los demás países de la región, donde hay subas (salvo Brasil). En el sector no registrado el descenso fue aún mayor y llegó al 14,3%; algo a tener en cuenta al pensar en el impacto que se busca con la flexibilización laboral.
Otra variable que presenta el informe es la deuda pública. Los datos del primer trimestre de 2019 ubican al país en el lugar más alto del ranking regional (89% del PIB), seguido por Brasil (79%) y mucho más lejos por Costa Rica (53%). Para poner en perspectiva los números, en un blog sobre Brasil el FMI afirma que allí “la deuda pública es elevada para los parámetros internacionales y se está incrementando, exponiendo a Brasil a riesgos de sostenibilidad financiera”. Por lo tanto, Argentina está mucho más expuesta.
En materia de inflación, según la CEPAL, su “reducción para lo que resta del año dependerá de que no se produzcan nuevas tensiones cambiarias”. No hace falta mucho ingenio para pensar qué ocurriría en un eventual segundo mandato de Macri, una vez que se deje de contener el precio del dólar y caduquen el congelamiento de tarifas y los Precios Esenciales. En cuanto a lo que ocurrirá con la actividad económica, basta con leer las declaraciones del director del FMI para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner: “como la inflación ha sido más persistente, las tasas de interés reales deberán permanecer en niveles más altas por más tiempo”. Un futuro nada promisorio de continuar con el modelo actual.
Desvirtuando la realidad
Hay una embestida del establishment sobre las propuestas alternativas a las del gobierno, tratando, en la mayoría de los casos en forma infructuosa, de demostrar su inviabilidad. En la semana le tocó el turno a las propuestas de Alberto Fernández de reducir los elevados intereses de las letras de liquidez del BCRA (Leliq). Con una baja de tasas, estos recursos ahorrados podrían ser liberados para destinarlos a políticas sociales como la cobertura del 100% de medicamentos a los jubilados y jubiladas, así como a Ciencia y Tecnología.
Desde la ortodoxia se salió a decir que los intereses son intocables, y que cualquier regulación sería inconveniente, incluso con posturas extremas, sosteniendo que cualquier intervención podría derivar en una especie de Plan Bonex. Estas observaciones son erróneas por varias razones.
Propongo realizar un análisis más profundo de estos temas, abordaje que no intenta que se tome como indicaciones de política, sino que son sólo algunos cálculos para evaluar la magnitud de las cifras que se están manejando.
Si observamos la evolución de las tasas de política monetaria (TPM), con su correlato en las de los plazos fijos, aparecen grandes variaciones. Desde niveles de un 25% nominal anual en casi todo el 2017, a un máximo del 72,88% en octubre de 2018, bajar al 50% a fin de febrero de 2019, aumentar al 74% dos meses después, y llegar a un rango del 58 al 60% en estos últimos días. El propio manejo estatal, y la volatilidad impulsada, ha generado cambios bruscos en los niveles de tasa de interés del sistema.
Esta volatilidad también alcanza a las tasas de interés reales, que surgen de descontarles la proyección de inflación para los 12 meses siguientes, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA. Antes de abordar este análisis, deseo incorporar un comentario para vincularlo más a la realidad. En su artículo del 1º de agosto en La Nación, Carlos Pagni, entre otras cuestiones, sostiene que el elevado nivel de tasa real de estos meses (30% para la TPM) se debe a que “los depositantes exigen una tasa muy elevada para quedarse en pesos, no solo porque hay mucha inflación, sino porque existe el riesgo de que, con los Fernández, vuelva el populismo”. Una proposición rebatible, puesto que en marzo y abril la TPM estuvo arriba del 30% (la candidatura de Alberto Fernández se conoció en mayo). Más aún, entre septiembre de 2018 y enero de 2019 la tasa real de la política monetaria estuvo cerca o mucho más alta que el 30% (en noviembre, el 41%). Podemos entonces descartar el efecto de “los Fernández”, al decir de Pagni, sobre las altas tasas de interés.
Si eventualmente se decidiera ir reduciendo el stock de Leliq, pagándolas y no renovándolas, ello generaría liquidez a los bancos, y podrían cancelar cualquier monto que los depositantes quisieran retirar. El Banco Central es el emisor de los pesos argentinos y el regulador monetario: las Leliq sólo se emiten en pesos, y se colocan exclusivamente en los bancos. Por eso, la autoridad monetaria lo puede resolver con pericia (más aún si bajan las tasas de interés, tanto en términos nominales como reales). Distinto sucedía con las Lebac, que estaban en gran parte colocadas en inversores no bancarios, la mayoría de ellos del exterior, que ante un cambio de expectativas deshicieron posiciones en pesos, demandando dólares e impulsando gran parte de la devaluación del 2018. Una estrategia que, luego de la depreciación del peso, se desarmó por indicación del FMI.
Otro tema es el costo del stock de Leliq. Para simplificar, supongamos un stock de Leliq de un billón de pesos: por cada punto de interés, se paga el 1% de ese monto ($ 10 mil millones). En verdad, sería algo más, dado que las Leliq capitalizan cada siete días, pero dejamos de considerarlo en virtud de la sencillez de la explicación. Entre el fin de junio y el 19 de julio pasados, la tasa bajó 4 puntos: con este movimiento, el BCRA se ahorró de pagar unos $ 40 mil millones. Luego aumentó dos puntos hasta el 1 de agosto, con lo cual incrementó el costo en $ 20 mil millones. Y estamos hablando de variaciones que, como ya vimos, son bastante discretas para la volatilidad ya descrita que se produjo durante este gobierno.
Si proveer de medicamentos gratis a jubilados y jubiladas tiene un costo de unos $ 19 mil millones anuales, vemos que no es una cuestión relevante dentro de los montos involucrados en los intereses pagados de Leliq.
Sin duda, la “campaña del miedo” instrumentada por el oficialismo recurre a todos los artificios posibles para denostar las propuestas de la oposición, confundiendo procedimientos y momentos históricos.
Resulta esencial no entregarle un cheque en blanco a un gobierno que, se sabe, en caso de ganar, desde el primer día avanzará decididamente en la profundización de este esquema de ajuste, reformas y recorte de derechos. Llegó la hora de decir, y sustentar, que hay otro camino, no solo posible sino necesario.