Tiempo Argentino | Opinión
Al ser consultado por los errores en las proyecciones de la inflación, durante la conferencia de prensa del miércoles, el ministro Nicolás Dujovne contestó: «nosotros no hemos hecho pronósticos sobre la inflación para este año, sabíamos que la inflación para el primer cuatrimestre iba a ser más alta que en el resto del año». Una observación cuestionable, pues aún resuenan los ecos de los anuncios del ministro Dujovne en diciembre de 2017, cuando sostuvo: «las metas de inflación no se van a cambiar: ratificamos las metas del 15% para este año (2018), 10% para 2019 y 5% para 2020». También cabe citar al presidente Mauricio Macri, quien en febrero de este año sostuvo: «está empezando a bajar la inflación», justo un día antes de conocerse el fuerte incremento inflacionario de enero (2,9 por ciento). Una colección de posverdades.
Macri sigue sosteniendo que es necesario «bajar más rápido el déficit» para lograr bajar la inflación. Una solución que no encuentra sustento en la realidad. Por ejemplo, el tratado de Maastricht, constitutivo de la Unión Europea, contempla un margen de déficit fiscal del 3% del PBI como parte del conjunto de herramientas de políticas públicas que los estados tienen para impulsar la actividad económica. El Estado tiene una función social que amerita la utilización de políticas fiscales expansivas para garantizar el bienestar de la sociedad.
En nuestro país, la inflación sigue en niveles inaceptables, luego de haberse aplicado una receta con una fuerte dosis recesiva de políticas ortodoxas con tasas de interés récord, congelando la emisión de dinero y persiguiendo la meta de déficit fiscal primario cero.
La última imagen registrada de lo que se dio en llamar «inflación Congreso» es ejemplificadora. Varios legisladores en aquel entonces opositores, algunos de los cuales ocuparon y ocupan importantes cargos en la actual administración, mostraban con dedo acusador un cartel con la variación mensual de precios del 1,52% para octubre de 2015 y del 25% interanual. Un nivel a todas luces inferior al 4,7% de marzo de 2019 y del 54,7% interanual. Más aún, al interior de este último índice se observa que los alimentos fueron los que mayor incremento registraron: 6 por ciento. Una situación que viene ocurriendo hace varios meses y es por eso que el valor de la Canasta Alimentaria, utilizada para determinar los niveles de indigencia y pobreza, viene aumentando a un ritmo aún mayor al del índice general de precios.
Las medidas anunciadas por algunos ministros el pasado miércoles no son más que un paliativo insuficiente y temporario para intentar disimular las inevitables consecuencias negativas del actual modelo económico.
La denominación de «Plan Elecciones» se me ocurre una de las más adecuadas, ya que es bochornoso que se diga que los acuerdos de precios son hasta octubre, o el «congelamiento de tarifas» hasta fin de año, es decir, para pasar las elecciones. Otro enfoque desde la cuestión monetaria también indica similar intención: los U$S 60 millones que el Tesoro puede subastar diariamente para contener el dólar alcanzan hasta fines de noviembre, luego de finalizada una eventual segunda vuelta, medida complementada con el congelamiento de las bandas del dólar en los valores actuales, también hasta fin de año.
Varios analistas dejaron en claro que este es sólo un intervalo para, si Macri logra ser reelecto, aplicar luego un nuevo torniquete recesivo sin contemplación alguna.
El acuerdo con 16 empresas para mantener los precios por seis meses de 60 productos esenciales de la canasta básica fue definido por Dujovne como «un acuerdo de caballeros». Trae a la memoria el acuerdo para no reducir empleos que firmó Macri con empresarios en mayo de 2016 y que finalmente no se cumplió. Una actitud que apela a la «buena voluntad» de los grandes conglomerados económicos del sector, sustentada en la idea de resignar algo de rentabilidad por unos meses para intentar crear la expectativa de que algo está mejorando en vísperas de las elecciones.
En los 60 productos seleccionados no hay verduras, frutas, ni carnes, pero sí muchas harinas. Las únicas proteínas pasan por los lácteos y, casualmente, la leche más barata aumenta un 40% debido a un oportuno cambio de marca por parte de la empresa proveedora, a $35,80, muy cerca del precio promedio de varias marcas que tomó el Indec para la elaboración del IPC de marzo para GBA: $39,65. En el caso del kilo de azúcar, en Precios Cuidados se encuentra a $ 34,25, cuando el Indec la relevó a $ 31,63 en marzo último.
La decisión de «suavizar» en el tiempo los aumentos de las tarifas de servicios públicos implicaría un incremento aún mayor al ya registrado (152% interanual) de los subsidios en el gasto público. Según señala el comunicado oficial, los incrementos serán absorbidos por el gobierno nacional, por un valor de $ 9000 millones según estimó Dujovne. Dado que se mantiene el objetivo de déficit fiscal primario cero, y se prevé menor recaudación por la caída de la actividad económica, entonces, o se recorta similar volumen de otros gastos, o se incrementan los impuestos, o ambos a la vez. De allí que lo terminamos pagando todos (menos las empresas prestadoras de servicios públicos), más aún cuando los beneficios están centrados en el AMBA y La Plata. ¿Será una respuesta a las exigencias de los candidatos del PRO en ese área?
Otro tema preocupante es que el comunicado oficial se refiere a estas medidas como dirigidas «a las familias». Una gran duda: ¿Acaso las pymes seguirán soportando los aumentos tarifarios? Habrá que esperar la letra chica de las medidas para este grupo, y analizar cómo impactará en las empresas, aunque el principal problema que enfrentan es la baja de la demanda en el mercado interno, la suba de costos y la competencia de los importados.
En el caso de los préstamos a jubilados, se pueden utilizar para refinanciar los viejos créditos o para otros destinos como pagar servicios públicos o remedios. Son a «tasas bajas de mercado» entre el 40% al 50% anual, cuando las jubilaciones aumentaron en los 12 meses previos un 33,6 por ciento. En términos mensuales van desde el 3,3% al 4% mensual. Si es cierto que la inflación va a bajar, según dice el gobierno, serían tasas cercanas a la usura. Según TN, se recibieron 35 mil solicitudes en sólo cinco horas: esta noticia indica el nivel de necesidad de muchos pensionistas. Pero si tienen que pedir un crédito porque no les alcanzan sus haberes, ¿cómo harán después para sobrevivir si hasta un tercio de su jubilación va a ir a pagar el crédito? Una situación que se convertirá en una pesada carga más que en un alivio. La única solución posible es aumentar los haberes, que además han venido creciendo por debajo de la inflación.
La ampliación del ProCreAr es una medida que alcanza a muy pocos beneficiarios, tiene un impacto limitado y una gran complicación: son créditos indexados por UVA. De hecho, la información de Presidencia sostiene: «estamos terminando de diseñar alternativas para aliviar la situación de los que tienen hoy créditos hipotecarios en UVA y percibieron aumentos significativos en las cuotas». Pero no hay ninguna medida sobre este tema. ¿Cuánto más tardarán?
La preocupante situación económica que enfrenta hoy la mayoría de la ciudadanía, y que los funcionarios de gobierno ya no pueden disimular, no es un error de cálculo ni un accidente, sino una consecuencia lógica de este modelo. Por tal razón el camino para enfrentar esta situación no pasa por aplicar medidas temporales para luego, ante un resultado favorable en las elecciones, «hacer todo lo que hay que hacer desde el primer día», como ya expresó Macri. La dirección es exactamente la opuesta a la que sigue y seguirá Cambiemos o cualquier alianza que mantenga las mismas propuestas. Lo que se necesita es otro modelo económico, que sea diametralmente opuesto al actual.