Ámbito Financiero | Opinión
La subordinación a las políticas del FMI ya no se discute, y los dichos de la directora Christine Lagarde lo dejan de manifiesto: «Si el presidente Macri incluye reformas serias en su plan, lo miraremos, registraremos el impacto en la situación macroeconómica argentina, determinaremos la sustentabilidad de la deuda y trabajaremos con ellos».
Respecto a la política monetaria, Lagarde comentó que el FMI busca una política que tenga «claridad, transparencia, información adecuada y debida para los operadores del mercado y una mejor comunicación». Será por eso que, tal como reveló Marcelo Bonelli en Clarín (07.09.18), «David Lipton, el vicedirector del Fondo, fue quien monitoreó y autorizó en las últimas jornadas al BCRA a intervenir en el mercado de cambios».
Estas actitudes indican algo que no es novedad: no existe en el FMI ni en sus programas contemplación alguna por las instituciones democráticas y mucho menos por los impactos en el frente productivo y social.
El FMI publicó en junio de este año un documento de trabajo (WP/18/142) donde analiza «Los efectos macroeconómicos de la consolidación fiscal en las economías emergentes: evidencia de América Latina». Se contempla una muestra de 14 países (1989-2016). Las conclusiones no son alentadoras, y nos llevan a afirmar que resulta necesario recurrir a otro tipo de políticas. A continuación, los principales resultados:
En materia de actividad económica. Las consolidaciones fiscales (eufemismo para evitar hablar de ajuste) llevan a una contracción del PIB del 0,9 en el transcurso de dos años, por cada punto de ajuste fiscal: un multiplicador elevado. Da una idea del fuerte impacto que implica querer llegar en 2019 al déficit cero, partiendo de un -2,6% del PIB en 2018.
En cuanto al desempleo, aislando el resto de los factores, el impacto sería un incremento de 0,3 puntos por cada punto de ajuste fiscal, un número que según el FMI podría estar mitigado por «la presencia de amplios sectores informales en muchos países». El impacto negativo sobre el empleo no está en discusión.
El consumo privado tendría un multiplicador de 1 en la región. Llevado a la Argentina, los 2,6 puntos de ajuste en 2019, entonces, llevarían a una caída del 2,6% del consumo: un achicamiento significativo del mercado interno, y eso sin tener en cuenta el impacto de otros efectos, como la devaluación y la caída del poder adquisitivo del salario.
La inversión privada, en tanto, cae 0,5 puntos. Es toda una contradicción interna para el pensamiento neoliberal. Significa que el ajuste fiscal (por ejemplo, menos inversión pública) no libera recursos para que invierta el sector privado, tal como históricamente se ha tratado de argumentar. Ni hablar de la lluvia de inversiones directas prometidas desde que asumió Macri y que nunca llegaron, y difícilmente lleguen, según lo previsto en el documento del Fondo.
La cuenta corriente muestra una mejora de 0,8 puntos, algo esperable en contexto de caída del PIB, lo que contribuye a satisfacer uno de los principales objetivos del FMI.
Por último, y tal vez lo más revelador de todo, el estudio econométrico del FMI contradice las predicciones de las teorías más ortodoxas, en cuanto a que la consolidación (el ajuste) es expansiva dado que ayudaría a reducir los costos de financiamiento, al disipar las dudas sobre la solvencia financiera del Gobierno: «No hay evidencia de que esto sea expansivo en economías emergentes», sostiene el estudio del Fondo.
La conclusión es más que clara: no existe alquimia alguna que permita llegar a buen puerto con un programa como el del FMI. No podría ser de otra forma si la economía se achica cada vez más y si se refuerzan así los daños sobre las finanzas públicas.
Las quiméricas búsquedas de credibilidad y confianza no son más que excusas para profundizar el ajuste interno, y promueven una -cada vez mayor- dependencia externa.