Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
La devaluación que se ha venido produciendo es ampliamente funcional a las políticas que está implementando el Gobierno. Quizá el ritmo del aumento del dólar fue más allá de lo esperado, pero ese sendero es un objetivo principal de la administración macrista.
Una moneda más depreciada soluciona varios problemas acuciantes que enfrenta el Gobierno, y otros que son más estratégicos. En lo financiero, el aumento del dólar redujo las tenencias de Lebac medidas en dólares en algo más de 5.000 millones de dicha moneda. Además, genera ganancias por cotización que mejoran los recursos del BCRA para pagar las altas tasas de las letras de liquidez (Leliq).
Las cuentas externas también mejoran con un dólar más caro: los viajes turísticos al exterior, una importante fuente de salida de divisas, que ya venía mermando, se reducirán aún más con los nuevos valores.
El saldo comercial (exportaciones menos importaciones) es esperable que mejore, dado que las importaciones se encarecen y, recesión mediante, tenderán a reducirse.
Uno de los objetivos estructurales de las políticas macristas, la reducción del salario en dólares, se profundiza. En especial cuando el Gobierno sigue ofreciendo a los maestros y profesores aumentos que rondan el 15%. Además, los salarios privados no crecen al mismo ritmo que el dólar (o que los precios), y difícilmente lo hagan en el futuro en el marco de estas políticas y de la recesión que generan.
El otro objetivo es utilizar la situación recesiva, y el reducido poder de compra de la población, para disminuir los fuertes aumentos de precios que vendrán por la suba del dólar, en especial sobre los alimentos, otros bienes transables y sobre los combustibles y los servicios públicos.
El enfoque del Gobierno para lidiar con una situación que lo desgasta políticamente se orienta a avanzar hacia una política de shock. El aumento de la tasa de interés de referencia del BCRA al 60% abona en ese sentido, encareciendo el crédito, en especial el destinado a aceitar la cadena de pagos, en un momento en que ésta sufre fuertemente las consecuencias de la recesión.
El nuevo acuerdo de desembolsos con el FMI, anunciado con impericia diplomática por el presidente Macri, generará mayor ajuste. Se habla de pasar de la meta de un déficit primario del 1,3% en 2019 a un saldo equilibrado, o un déficit muy cercano a cero para ese año. La reducción pasaría de $300.000 millones a cerca de $500.000 millones: para imaginar la magnitud de este achique, en julio pasado el Gobierno nacional tuvo un gasto primario de $246.899 millones.
Todos se enfocan en el achique del déficit fiscal, pero el ajuste, como explicamos, va mucho más allá: es también la devaluación, precios de combustibles al alza, salarios muy por atrás de los precios, y recesión para disminuir las presiones inflacionarias que surgirán.
Pero la reducción del déficit fiscal no resultará fácil. Además de los altísimos costos sociales que generará, cabe considerar que, con mayor recesión, menores serán los ingresos fiscales y, por lo tanto, el ajuste del gasto debería ser mucho más grande: se entra así en una espiral de ajuste tras ajuste. Ya pasó en Argentina. También en Grecia, por citar un ejemplo actual.
Ante esta dificultad de llegar a cumplir metas tan ambiciosas de déficit fiscal, y de conseguir el financiamiento necesario, ya se ha vuelto a hablar de entregar activos estratégicos como pago o garantía de la deuda: lo sugiere para Vaca Muerta Carlos Rodríguez, del CEMA (La Nación, 31.08.18).
Aumento significativo de deuda externa, dificultades para renovarla y la posible venta de activos estratégicos para solucionar estos problemas nos remiten a los noventa. No es una casualidad, es la esencia de las políticas que se han instrumentado en aquella época y las que está aplicando (y seguirá empleando) la gestión Macri.
De allí que la discusión sobre los errores cometidos por el Ejecutivo, o el eventual achique de ministerios, nos alejan del verdadero foco de discusión: la cada vez mayor necesidad de un cambio de modelo.