Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
En medio de las tensiones cambiarias del segundo trimestre, el Presidente anunció (08/05/18) la vuelta al Fondo Monetario Internacional. En aquel momento, Mauricio Macri afirmaba: «Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia».
Pues bien, haciendo un repaso de lo sucedido desde ese momento, vemos que hoy la economía muestra un riesgo-país más alto, y la volatilidad impuesta por los acontecimientos se ve amplificada debido a la extrema liberalización de los flujos financieros. Influyen, además, altas tasas de interés prohibitivas para producir y la inflación que sigue en alza por las propias medidas del Gobierno, todo un arsenal en pos de obtener la supuesta confianza de los inversores externos que aún no se ha logrado.
Tres meses después de las declaraciones del Presidente, el diario La Nación (12/08/18) consultó por estas cuestiones al jefe de Gabinete: «¿Pero eso no lo venía a resolver el acuerdo con el FMI?», preguntó el periodista, en alusión a la aún elevada exposición externa de nuestro país. La respuesta de Marcos Peña no sorprendió: «El acuerdo con el Fondo, que por suerte lo hicimos, resuelve en parte la ayuda que necesitamos para superar la vulnerabilidad del financiamiento. Hoy tenemos una situación de vulnerabilidad y, al mismo tiempo, un respaldo muy fuerte, no solo del Fondo, sino de todas las economías que integran el FMI, pero hay tareas que tenemos que hacer nosotros». En efecto, ante las tensiones de esta semana, el Gobierno adelantó parte del ajuste previsto para 2019 y eliminó el Fondo Federal Solidario, creado para financiar la necesaria inversión en infraestructura de provincias y municipios. Además de suspender el cronograma de reducción de las retenciones a los productos derivados de la soja, también disminuyó significativamente los reintegros a las exportaciones, que pegan fuerte en muchas empresas de las economías regionales.
La continuidad de las políticas actuales indica que para el mediano y largo plazo debemos esperar más ajuste y reformas estructurales (flexibilización laboral, privatizaciones y mayor desregulación). Además, todo indica que desde el Gobierno se pretende instalar la inevitabilidad del ajuste sobre las jubilaciones y pensiones. Las palabras del ministro Nicolás Dujovne fueron claras en este sentido, sosteniendo un supuesto clamor para «dar de baja las jubilaciones que fueron puestas por el régimen de moratoria»: está marcando desde dónde piensan iniciar el ajuste.
La vuelta al FMI es mucho más que el retorno de un simple auditor externo. Es el vehículo elegido por el Gobierno para avanzar con las exigencias de los mercados. De allí se desprende algo bastante sabido: por esta senda nunca se logrará el crecimiento con inclusión social, por más que se hagan todos los «deberes».
Hay que recalcarlo día tras día: la incorporación de controles de capitales permitiría, por ejemplo, reducir la volatilidad cambiaria y el consiguiente traspaso a pesos que ocasiona la devaluación. De esa forma, se posibilitaría la reducción de los actuales niveles de tasas de interés internas, y estimular la producción local. Sería una forma de reconstruir mínimos márgenes de soberanía monetaria. Pero para ello habría también que alejarse de la idea de que la inflación es un fenómeno eminentemente monetario.
Entre otras cuestiones, es preciso dar marcha atrás con el cronograma de aumento de tarifas (cuyo principal beneficiario son las empresas prestadoras) y retroceder con la desregulación del precio de los combustibles, porque impactan directamente en el poder adquisitivo de la población y en la propia competitividad de las empresas.
Una reflexión final: para pensar en otro tipo de país, más inclusivo, y dejar atrás todos estos problemas, resulta primordial el cambio de modelo.