Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El gobierno y sus socios judiciales y mediáticos han lanzado un bombardeo generalizado de denuncias para intentar transformar en ruinas al proyecto nacional, popular y democrático. Es un ataque por “cielo, mar y tierra” que coloca a los argentinos y las argentinas ante una cadena nacional de imágenes “ocultas”, ahora por fin “develadas”.
En esa gran telenovela nacional, algunos empresarios aparecen como víctimas de una política extorsionadora que los presionó y los obligó a realizar aportes ilegales a las campañas electorales.
En ese marco, el presidente Macri les dijo en la semana a los miembros de la Asociación Empresaria Argentina (AEA): “Si alguno de ustedes se encuentra con un pedido indebido, acá tienen un presidente al cual acudir”.
Es claro: en el guión oficialista los empresarios han sido extorsionados, el gobierno les ofrece protección y el kirchnerismo es definido como el responsable de promover los aportes ilegales. Lo repetimos enfáticamente: hay que avanzar con todas las investigaciones que sean necesarias. Pero el problema de la Argentina hoy es que junto a la demanda de Justicia hay un Poder Judicial que, según varios estudios de opinión pública, no es creíble para alrededor de un 80 por ciento de la población.
En las últimas semanas me he reunido con un grupo de juristas con quienes he conversado sobre el deterioro del accionar de parte del Poder Judicial y he podido sacar algunas conclusiones que quiero compartir. Por un lado, la gravedad de la existencia del fórum shopping: las asignaciones de muchas de las nuevas causas, en particular de índole federal, registran irregularidades no sólo en la selección del Juez sino también en la del Fiscal actuante. Por otro lado, la reiteración de allanamientos espectaculares sin respetar el procedimiento legal previsto y las detenciones de imputados antes de recibirles declaración o bien las de aquellas personas a quienes se les dicta la prisión preventiva fuera de los casos expresamente previstos en la ley. También la detención de acusados sin que se encuentren firmes las condenas y la violación de garantías mediante la falta de acatamiento por parte del máximo Poder Judicial de la Nación de las decisiones tomadas por Cortes Internacionales.
En nuestro país, como en Brasil, se observa un apogeo de neto corte inquisitivo: la construcción de “la verdad” a toda costa. Así, se inician investigaciones sin necesidad de denuncia previa, sin la presentación de documentación fehaciente, y se estigmatiza al imputado. Se trata de jueces que buscan generar una persecución selecta de particulares y funcionarios o ex funcionarios, a quienes se les cambia una confesión pactada por la libertad.
Por eso, ante las dudas que genera parte de esta Justicia, se ha propuesto conformar una Comisión Parlamentaria Bicameral que tenga por objeto llevar adelante una investigación exhaustiva: saber todo lo que tenga que ver con lo que se hizo desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015. Qué pasó, si hay ilícitos saber cuáles fueron, quiénes se beneficiaron, quiénes ganaron los contratos, si hubo sobreprecios, cómo se repartieron las obras. Queremos transparencia pero a través de mecanismos transparentes.
El tema del financiamiento de la política merece una reflexión. En primer lugar se trata de un problema mundial. Según los informes presentados en el libro “El financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales”, editado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) en 2015, España, Francia, Grecia y el Reino Unido “han combatido escándalos sobre financiamiento político cifrados en millones de euros”.
Para intentar limitar la ilegalidad de las contribuciones privadas y equilibrar el juego de la competencia electoral se ha avanzado en un incremento del financiamiento público de los partidos y las campañas. Por ejemplo, de los 24 países europeos incluidos en el estudio citado anteriormente, sólo tres no cuentan con financiamiento público directo. El 67 por ciento del total de los ingresos de los partidos políticos en Europa es estatal. Mientras, en Sudamérica es sólo del 35 por ciento. Incluso en países como Bélgica, España, Italia y Portugal el financiamiento público asciende a más del 80 por ciento del total de los ingresos de los partidos.
Junto a este avance del financiamiento estatal se ha incrementado el control sobre las empresas aportantes. Según otro estudio, en el 50 por ciento de los países de la región están prohibidas las donaciones de los contratistas del Estado. En la Argentina están imposibilitadas por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
Para evitar estas violaciones a la ley, proponemos avanzar hacia la financiación del total de la actividad política por parte del Estado. Muchos de quienes creemos que la política es indispensable en una sociedad democrática, también creemos que su financiación debe ser pública. Además, ello contribuiría a la revalorización de la militancia, al mayor ejercicio de la política en los espacios públicos y a un mayor contacto de los dirigentes con la sociedad, en desmedro del marketing político y sus timbreos artificiales. Algunos jueces acuden hoy a prácticas emparentadas con las antiguas penas infamantes. El nombre procede de la palabra infamia, una institución del derecho romano cuyo efecto menoscababa el honor de los condenados. En su libro “Estrategia y táctica del movimiento nacional”, publicado en 1964, Arturo Frondizi, en una línea similar, alertaba sobre el uso de las “calumnias” a lo largo de la historia nacional para destruir a los adversarios.
Decía allí el ex Presidente: “Es lamentable, entonces, que esa práctica desleal haya llegado intacta hasta nuestro días y que las calumnias que antes se lanzaron contra los próceres de nuestra independencia y organización nacional, desde San Martín hasta Rosas y Urquiza, se hayan repetido contra gobernantes contemporáneos y siempre con el mismo propósito denunciado por Berutti: ‘Acarrearles el odio público, que su partido y amigos no pudiesen revivir y el gobierno que reemplazaba al caído se pudiese sostener sin temor de que los caídos pudiesen voltearlo’”.
En la misma publicación, Frondizi también recuerda las insistentes denuncias de corrupción contra los gobiernos de Hipólito Yrigoyen y, en particular, la intervención del senador Benjamín Villafañe, cuando dijo: “Al yrigoyenismo lo forman ciento diez mil prontuariados en la sección Robos y Hurtos, sesenta mil pederastas y cincuenta mil más que viven al margen de la ley, del juego y de la explotación de mujeres”.
Las denuncias eslabonadas que hoy toman como principal destinataria a la administración anterior intentan, por un lado, sacar del foco de atención a la gestión actual, que encuentra cuestionamientos cada vez más fuertes ante el agravamiento de la situación económica y social como consecuencia de los planes de ajuste en curso. Por el otro, buscan erradicar o marginar los proyectos nacionales, populares y democráticos, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia de nuestro país.
Por eso, es necesario ir a fondo con la búsqueda de la transparencia y la investigación de las denuncias. Pero también hay que impedir que esas denuncias sean utilizadas para intentar consolidar el modelo excluyente y antipopular que expresa el actual gobierno.