Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
Nuevamente el Gobierno nacional ha montado un dispositivo de distracción para tratar de suavizar los impactos del ajuste tarifario que aún no ha finalizado. Lo hace con la mira puesta en los malos resultados de las últimas encuestas, y cuando las elecciones presidenciales comienzan a estar cada vez más cerca. Según la Universidad Di Tella, el Índice de Confianza en el Gobierno cayó en abril a su nivel más bajo desde que asumió Cambiemos. En el informe se señala que «la significativa caída del índice refleja un contexto signado por la prominencia en la agenda de las subas de tarifas de servicios públicos, la percepción de que la pauta de inflación prevista por el Gobierno ya no podrá alcanzarse, y la discusión acerca de conflictos de intereses y/o inversiones cuestionables de importantes funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional».
La estrategia transita varias vías. Una de ellas apunta a responsabilizar a los ciudadanos por los excesivos montos de las boletas que deben abonar. Lo que en términos técnicos algunos denominan, un «uso más racional y eficiente de la energía». El Presidente señaló: «La única manera de lograr un cambio verdadero y profundo es que todos los argentinos asumamos el desafío de consumir menos». Habrá que apagar estufas en invierno y cocinar con leña; y buscar alternativas para consumir menos en los demás rubros, que también tuvieron fuertes aumentos. En el fondo no es más que un empobrecimiento en la calidad de vida, consecuencia habitual de los planes económicos neoliberales. La lógica del ajuste permanente.
El Gobierno ha ensayado no obstante algunas sutilezas, como permitir que se financie, cuando el hogar lo requiera, una parte del aumento en cuotas (apenas el 25% en el caso del gas). Estas cuotas tendrá intereses, que irán a parar a las arcas de las empresas. La aleccionadora idea de que «nada es gratis», llevada al extremo.
Además, se incorpora una propuesta en la que vale la pena detenerse: que las provincias y los municipios reduzcan o eliminen el componente impositivo de las facturas.
Macri señaló al respecto que cada uno debe poner su parte en esto e instantáneamente adhirieron la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el jefe de Gobierno de la Ciudad, incluso antes de presentar proyecto alguno en sus respectivas legislaturas. Sin embargo, el planteo fue rápidamente rechazado por gran parte de las provincias, dados los impactos presupuestarios asociados. La dinámica es delicada por donde se la mire, ya que una menor recaudación local o provincial demanda un menor nivel de gastos. Lo confirmó Horacio Rodríguez Larreta, al señalar, respecto de la reducción de ingresos brutos (unos $1.500 millones de pesos), que «se va a postergar alguna obra».
Queda claro que no todos se hacen cargo del ajuste de la misma manera. Entre ellos, el Gobierno nacional, que intenta trasladarle a las provincias y a los municipios una parte del aumento de tarifas.
Luego también aparecen ciertos sectores empresarios concentrados. De manera intencional se insiste con que la política tarifaria resulta neutra para las empresas prestadoras: lo que antes recibían del Estado, bajo la forma de subsidios, ahora lo reciben de los hogares y de las empresas. De paso, de esta forma se acabaría con el déficit fiscal y la inflación. Pero nada de esto ocurre. Las mayores tarifas (incluso sobrepasando ampliamente la baja de subsidios) afectan al índice de precios general y también van a engrosar ganancias, algo que Cambiemos y la mayoría de los medios no ponen en discusión.
Basta observar el sendero de las cotizaciones de las empresas energéticas en la Bolsa. Las acciones de distribuidoras de gas como Metrogas y Gas Natural han experimentado incrementos del 1.340% y el 505% entre septiembre de 2015 y abril de 2018, reflejando claramente una mayor expectativa de rentabilidad. Lo mismo cabe para la Transportadora de Gas del Sur, con un incremento del 607% en el mismo lapso. El Gobierno no sólo no se hace cargo del ajuste que genera sino que sigue en el inalterable sendero de garantizar la máxima ganancia de los sectores más concentrados del arco empresarial.