Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Cuando miremos retrospectivamente el proceso del macrismo, creo que podremos establecer un antes y un después de los sucesos del jueves 14 y del lunes 18 de este diciembre. En un contexto de aparente desánimo, apareció una firme voluntad popular para manifestarse contra el ajuste, con gran cantidad de gente expresándose pacíficamente en la calle, y el surgimiento de los cacerolazos nocturnos (aunque hubo expresiones focalizadas de violencia que deben ser rechazadas categóricamente). Estos sucesos están marcando un punto de quiebre importante para el fortalecimiento de los sectores que se resisten al ajuste, y sobre el debilitamiento al interior del oficialismo y sus aliados, que se irán develando a futuro.
Por supuesto, ningún proceso político es lineal, y puede haber avances y retrocesos. Pero sin duda ya nada va a ser igual.
Con el transcurso del tiempo, quedan más claros los objetivos de ajuste de un gobierno al que le resulta cada vez más difícil sostener el relato oficial de posverdad. De allí la prisa de que muestra el oficialismo para aprobar las reformas, antes de perder el capital político que le dejaron las elecciones. De allí la tozudez para evitar que se discutan, lo cual indica una postura, digamos, poco flexible para gobernar un país con una gran pluralidad de voces.
Tal actitud también nos lleva a cuestionar que esta sea una derecha moderna porque ganó a través de un proceso electoral. En esencia, es un gobierno que está dejando bien en claro que está dispuesto a utilizar todas las herramientas tradicionales (ajuste, represión, intento de manipulación de los otros poderes) para lograr sus objetivos. Una gran falta de respeto por la República que ellos alegan defender. Incluso un agravio a los instrumentos de la democracia, en especial a la división de poderes.
En estos días los funcionarios pronunciaron una y otra vez sus críticas a los gobernadores por no disciplinar a sus diputados: la moneda de cambio que le exigen para evitar problemas de financiamiento en el futuro cercano. Incluso se los «invitó» a participar de una reunión en el Parlamento, horas antes de que los diputados comenzaran a discutir el proyecto de Reforma Previsional, indicando públicamente que la idea era ejercer una presión sobre los legisladores.
Cabe citar que los senadores representan a las provincias, e históricamente han tenido una vinculación más estrecha con los gobernadores, en supuesta defensa de los intereses provinciales. Pero los diputados representan al pueblo de la Nación, a los intereses de la ciudadanía de todo el país y también de sus provincias, entre ellos los jubilados, los perceptores de AUH y las personas con discapacidad.
¿Es válido que los diputados aleguen que para asegurar los fondos esenciales para la administración de sus provincias tuvieron que aprobar la reforma y de esa manera ir en contra de los intereses de los jubilados? Yo creo que no, que la función del diputado es estar por encima de esos temas, y representar a sus electores, la ciudadanía.
La democracia se debilita si los gobernadores, que son la expresión del Poder Ejecutivo Provincial, alentados desde el Ejecutivo Nacional, ejercen presiones en forma pública y notoria sobre otro poder, el Legislativo. Y creo que esto es lo que ha estado pasando estos días, conducta que debe criticarse profundamente, pues debilita la calidad democrática.
Jubilados de segunda
La modificación del cálculo de la fórmula de actualización de los haberes previsionales y de otras asignaciones sólo tiene sentido si con ella el Estado «ahorra» unos 100 mil millones de pesos, como lo expresó el propio presidente Macri. Pretender que esta decisión es un cambio que favorece a los jubilados es una gran falacia.
Un informe del JP Morgan lo confirma: «El arduamente debatido cambio en la fórmula de actualización del sistema previsional involucra una transferencia neta desde los jubilados hacia el Tesoro» y agrega que «el cambio en la fórmula y, más específicamente, el método en que ambas fórmulas serán empalmadas, generarán un ahorro estimado para el Tesoro de cerca del 0,5% del PIB el año próximo».
Consecuentemente, un bono por única vez, del valor que fuere, no puede resolver este tema. Más aun si es tan limitado. Alcanza sólo al 70% de los jubilados, por un monto de $ 375 para la mayoría (los que ingresaron a la moratoria, unos 3,3 millones) y para las personas con discapacidad (1,1 millón). Por su parte, serán $ 400 para los casi 4 millones de perceptores de AUH. Pero quienes se jubilaron con los años y aportes completos recibirán $ 750 cada uno (unos 1,6 millones).
Es muy injusta la diferenciación de los jubilados que entraron por moratoria, respecto del resto de los jubilados: como si fueran ciudadanos de segunda. La moratoria fue una de las tantas decisiones de expansión de derechos del gobierno de Cristina Fernández que Cambiemos critica frenéticamente. Sin embargo, estos jubilados que entraron con moratoria obtuvieron la jubilación mínima, de la cual se les descontó, en cuotas, la deuda de sus aportes. No les regalaron nada, no hay que perder de vista que son el resultante de las políticas que flexibilizaron el trabajo e incrementaron el desempleo, como las que se intenta volver a implementar hoy. No hay razón ni evidencia racional alguna para tal diferencia entre jubilados. Sólo la intención de demonizar el importante proceso de moratoria implementado. Un proceso de moratoria que, por cierto, desde el gobierno se considera eficiente cuando se aplica a la evasión impositiva.
Entre las justificaciones de la nueva fórmula se encuentran algunas grotescas, como proponer que los jubilados ganarán, por año, cerca de 4 puntos más que la inflación. Dado que la nueva fórmula ajusta un 70% por inflación y un 30% por salarios, para que ello fuera cierto, y teniendo en cuenta la inflación considerada por el Ministerio de Hacienda (16%) para el próximo año, los salarios tendrían que crecer un 34% el próximo año: una tendencia totalmente descartada, teniendo en cuenta el interés de este gobierno por impulsar al máximo la flexibilización laboral.
Pero hay otra justificación que podría aparecer como razonable dentro del ideario conservador: «el recorte es necesario para mantener la sostenibilidad del sistema previsional». En verdad, dicha sustentabilidad se logra con una buena recaudación impositiva y con una creciente cantidad de trabajadores con salarios al alza.
Es más, con los parámetros neoliberales de este gobierno, ese «ahorro» que se obtendrá por la menor actualización de las jubilaciones no irá al sistema previsional para fortalecerlo. Se dedicará a otros gastos, principalmente a sostener el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, para poder hacer baza en el Conurbano, y ver si pueden conseguir votos allí para las próximas elecciones. No es una tesis novedosa, hasta Carlos Pagni la sustenta: «Vista con toda crudeza, la nueva fórmula previsional representa una transferencia de recursos potenciales de los jubilados a los sumergidos del Gran Buenos Aires, que en su mayoría son menores. Detrás de esa operación se esconde algo más que la eventual reelección de Vidal y de Macri. La incógnita es si Cambiemos expandirá su presencia en los sectores populares» (La Nación, 21/12/17)
En resumen, un verdadero ajuste que recae sobre los jubilados y otros perceptores de asignaciones, mientras bajan la tasa del impuesto a las ganancias a las grandes empresas y reducen las alícuotas de las retenciones a la soja, convirtiendo la copa de la economía macrista en un recipiente que derrama de abajo hacia arriba.
