Tiempo Argentino | Opinión
Al filo de noviembre, el Senado dio media sanción a las leyes de Reforma Previsional, Consenso Fiscal y Responsabilidad Fiscal, todas con títulos ampulosos pero que encubren un fuerte retroceso en la distribución del ingreso.
En esta votación del Senado, el tema del opo-oficialismo se vio con una claridad absoluta. Sin los votos de un sector de senadores que han sido elegidos con un mandato contrario a lo que terminaron votando, el gobierno no hubiera podido lograr la media sanción de las leyes.
Lo más preocupante es el recorte a los ingresos futuros de los jubilados a partir del recálculo de la fórmula. Los números hablan por sí solos de la exacción que significa esta modificación: con la nueva fórmula, el aumento en marzo sería del 5,7%, menos de la mitad del que se aplicaría con la actual fórmula, que llegaría al 12% si la ley no pasara el filtro de Diputados.
Proyectando estos cálculos hasta mayo de 2018 (ya con el primer aumento de la nueva fórmula), la jubilación mínima tendría una pérdida de un 10% en términos reales, comparada con el monto recibido en septiembre de 2015.
Destacados constitucionalistas sostienen que el cambio es inconstitucional, y que por lo tanto hay una elevada posibilidad de que se multipliquen los juicios en contra del cambio de fórmula, porque se indexan seis meses con un índice que sólo cubre tres.
En verdad, el recorte a los ingresos de los jubilados funciona como la contrapartida de los mayores ingresos otorgados a la provincia de Buenos Aires. E implica un fuerte desfinanciamiento al sistema de Seguridad Social. Son combos de este paquete de leyes que se pueden calificar de altamente inequitativas.
Otro tema a destacar es la concurrida marcha hacia el Congreso mientras se trataban las leyes. Convocada por la Corriente Federal y otros gremios fuertes de la CGT, las dos CTA, y acompañados por las organizaciones de pymes, de cooperativas y otras entidades y grupos sociales. Creo que las consignas de la marcha, en especial «les sacan derechos a los trabajadores y la comida a los jubilados», resumen el significado de los proyectos que han sido aprobados por el Senado.
El jefe de Gabinete sostuvo que «fue una marcha kirchnerista». El enfoque no es una novedad. El gobierno busca ampliar la «brecha» e intenta instalar que la sociedad se divide en dos: los independientes y los kirchneristas. Por supuesto, los independientes son los que apoyan al gobierno. Frases como la citada pretenden descalificar a gran parte de la oposición, como si no hubiera derecho a protestar.
Estoy convencido de que lo más valioso de la movilización fueron los discursos unitarios, llamando a quienes –por distintas razones– no estaban presentes a discutir las diferencias, para tratar de ponerse todos del lado de la defensa de los derechos de los trabajadores y de los jubilados. Creo también que esta movilización marca un nuevo momento desde el punto de vista de la organización de los trabajadores y de la sociedad: se evidenció un amplio arco institucional de rechazo al modelo de ajuste que se viene implementando, construyendo una alternativa de resistencia.
Macri en el G20
Algunos medios «amigos» indicaron que Mauricio Macri asumió como «líder» del G20. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el liderazgo y la presidencia pro témpore de un organismo internacional.
En el acto de lanzamiento de la presidencia Macri sostuvo : «Estamos poniendo a la Argentina en un lugar relevante en el mundo, un mundo al que le inspiramos confianza porque ven que estamos en el camino correcto». Una frase cuya certeza podríamos poner en duda si consideramos la prohibición de entrar al país a 63 miembros de ONG que ya habían sido autorizados por la OMC para participar de la Cumbre, alegando «razones de seguridad no especificadas». Una medida altamente criticada en el ámbito internacional.
Macri decidió encarar tres ejes en su presidencia del G20: «futuro del trabajo», «infraestructura para el desarrollo» y «un futuro alimentario sostenible». En esta enumeración se hace caso omiso al importante tema del medio ambiente, en una postura pro Trump.
Estos tres ejes están vinculados fuertemente con la política interna de Macri. El tema del trabajo para obtener apoyo para flexibilizar. La infraestructura para el desarrollo, pensando en la Participación Público Privada y las inversiones extranjeras que puedan venir. Y el futuro alimentario sostenible para convertir a Argentina en el supermercado del mundo. Lo dijo textual: «Argentina está lista para dar de comer a 400 millones de habitantes de todo el mundo».
No puede desligarse de estos temas la presión que ejerce la Cancillería de nuestro país para firmar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que incluso fue criticado en la cumbre de la UIA, porque «aumentará aun más las importaciones». Forzar los tiempos indica conceder beneficios excesivos a la Unión Europea: desprotegerse en un mundo que cada vez se protege más (a esto nos lleva la firma del tratado), puede ser una costosa estrategia comercial de nuestro gobierno, que incrementará el desempleo y, por ende, la pobreza.
Puja de ingresos: popurrí de frases de funcionarios
La primera, del jefe de Gabinete. Esta vez Marcos Peña afirmó que Cambiemos plantea «un camino gradual de reducción del déficit de un punto por año, más rápido que eso es contraproducente». También dijo que es «negativo bajar la inflación de un día para el otro (…), eso genera muchas complicaciones y resultados que se contradicen».
La combinación de frases es coherente con la lógica del gobierno: para reducir la inflación es preciso reducir el déficit fiscal. Todo edulcorado con un supuesto gradualismo, que no resulta tal. En los hechos, reducir el déficit fiscal es bajar jubilaciones, asignaciones y salarios públicos, que explican la mayor parte del déficit primario (¡mientras tanto, los intereses no se discuten!). Esto está en la base de los cambios previsionales e impositivos que plantea el gobierno.
Para colmo, ya comienza a correr el aumento de las tarifas residenciales. En el caso de la del gas, el promedio es del 45%, y para los de menores consumos llega al 58%. En el último año ya subieron 400% y en abril volverán a aumentar. En el caso de la luz será de entre un 39% y un 47%, según consumos. Desde diciembre de 2015 acumula subas que van entre el 800 y 1200%. Es decir, con su visión fiscalista, el gobierno reduce subsidios para combatir la inflación pero así no hace más que aumentarla. La inflación cerraría el año cerca del 24%, muy lejos de las metas del BCRA.
Otra frase elocuente ha sido la del presidente del BCRA, Federico Sturzenegger. Dijo que «en cuatro o cinco años vamos a tener la inflación de un país normal», ratificando la frase de Peña y abriendo un nuevo panorama sobre la política antiinflacionaria.
En rigor, se presenta la lucha contra la inflación como si fuera lo más importante. Pero se puede tener una baja inflación con una injusta distribución del ingreso. La pregunta no es cuánto bajó la inflación, sino cuántos kilos menos o más de carne pueden comprar los trabajadores o los jubilados, o cuánto del ingreso se dedica a pagar los servicios públicos.
La lectura entre líneas nos muestra cómo detrás de consignas de aparente rigor técnico siempre se halla la puja distributiva. Entender esto es fundamental porque nos indica que el camino de las reformas y el ajuste que plantea el gobierno no es el único a transitar, pero seguramente el más costoso.