El legislador también pidió “efectivas regulaciones que protejan a los consumidores»
“Estamos tratando un proyecto que tiene un título que resulta sumamente atractivo pero -como ha pasado en otros casos- del análisis del contenido surge que tiene poca vinculación con la médula del proyecto”, sostuvo hoy el diputado nacional Carlos Heller (Partido Solidario), al referirse en el recinto de la Cámara al proyecto de ley “De Financiamiento Productivo”.
“Si de financiamiento al sector productivo se tratara, tendríamos que estar preocupados por la decisión del Banco Central, que a partir de enero de 2018 en un porcentaje gradual y a lo largo de todo el año va a eliminar la Línea de Financiamiento Productivo”, agregó el legislador, quien consideró que esa herramienta “es una línea importantísima de financiamiento a las pymes que es poco probable que pueda ser reemplazada con los mecanismos que se plantean en este proyecto de ley”.
“La esencia de este proyecto es modificar la actual Ley de Mercado de Capitales –prosiguió-. Se está intentando disminuir el poder de regulación y de supervisión que tiene la Comisión Nacional de Valores y eso es algo que está a contramano de la historia”. “La ley que están ahora modificando fue aprobada en 2014 con el voto del FpV, de la UCR, del Partido Socialista y de la inmensa mayoría de los integrantes de esta cámara, incluso el exministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, por entonces integrante de la Coalición Cívica”, observó el diputado y en el mismo sentido dijo que la actual norma “satisface los criterios de estándares regulatorios de calidad internacional”.
“Estamos yendo de un mercado inclusivo y dirigido a las pymes a un mercado para pocos, que va a facilitar la especulación”, remarcó Heller.
El diputado, que presentó su propio dictamen de minoría, también cuestionó la inclusión en el proyecto del Ejecutivo de la figura de los agentes “administradores de inversiones” e hizo hincapié en la necesidad de regular la fuga de capitales a los mal llamados «paraísos fiscales». “Me preocupa profundamente –dijo-. Esta normativa intenta blanquear la actividad de la famosa «banca privada» o «banca en las sombras»”. Sobre este punto, recordó que el Director Ejecutivo de Tax Justice Network estima que “en Argentina la pérdida anual de ingresos fiscales por las maniobras de las multinacionales asciende a 21.000 millones de dólares, que son equivalentes al 4,4 por ciento del PIB” y que solo hay abusos mayores en “Zambia, Guyana, Chad, Makta, Pakistán, Islas Comoras y Guinea”. “Hay que actuar definitivamente sobre estas cuestiones, con eso se podrían resolver los problemas del déficit fiscal, no habría que recortarles los ingresos a los jubilados ni la Asignación Universal por Hijo, hay que tener solamente voluntad política y animarse a meterse con lo que hay que meterse”, opinó.
Finalmente y sobre este punto manifestó que “incluso los países centrales están demandando acciones contra los off shore, contra los «paraísos fiscales». Nosotros estamos tratando un proyecto del oficialismo que va en la dirección contraria”.
Previamente, Heller había opinado en el recinto sobre la nueva ley de Defensa de la Competencia: “Cuando empezamos a mirar el texto del Dictamen de Mayoría aparecen algunas cuestiones que a mi entender no coinciden con los objetivos planteados (en el proyecto) y que, más aún, significan un claro retroceso en el ámbito de los derechos de los consumidores”.
El referente cooperativista remarcó que “la figura de los consumidores ha estado poco presente en todas las discusiones dado que el proyecto del oficialismo está centrado en evitar el abuso en la competencia entre empresas y no en la relación entre los consumidores y las empresas, hay un tema de enfoque importante”.
Heller se mostró preocupado además por la práctica derogación de la ley 26.993 llamada Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo. “En la Ley que se intenta derogar se autoriza a la Autoridad de Aplicación y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a realizar las tareas requeridas para investigar casos de abuso en las cadenas de valor, y esto lo estamos perdiendo con los cambios legislativos. Sería un verdadero retroceso que no hace más que apoyar la lógica de las asociaciones de grandes empresarios que fueron justamente los que estuvieron en contra de la sanción de la Ley 26.991 del año 2014 de Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, que modificó la conocida Ley de Abastecimiento (20.680) y que nunca pudo ser puesta en práctica justamente porque esas asociaciones de los grandes empresarios presentaron amparos para evitar que el Estado tenga conocimiento de lo que ocurre en las cadenas de valor”, puntualizó.
“Todos nos rasgamos las vestiduras planteando cuál es el problema que hay para que a un productor de leche se le pague tan poco y cuando la leche llega a la góndola cueste tanto. Sin embargo, el instrumento que hoy tenemos para usar, que está trabado por amparos judiciales, ahora lo estamos derogando”, añadió.
Finalmente, y con el foco puesto otra vez en la figura de los consumidores, Heller advirtió: “los procesos de concentración (económica) siguen avanzando y no los va a resolver el mercado, solo los van a resolver efectivas regulaciones que protejan a los más débiles y en este caso los más débiles son los consumidores”.