Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Cuando estaba por finalizar la breve reunión de comisiones en Diputados donde se trató el denominado proyecto de Ley de Financiamiento Productivo (16/11/17), el diputado Diego Bossio contestó en estos términos: «Estoy de acuerdo con usted, diputado Heller, pero en el dictamen de mayoría (que Bossio firmó) ese plazo se redujo a cero».
Se refería a la llamada «puerta giratoria» que yo critiqué: la posibilidad para que los accionistas y directivos de los agentes de mercado, luego de su renuncia a tales funciones, pasen a integrar el directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo que los controla. En la ley actual, el plazo de espera es de dos años, en el proyecto presentado por el Ejecutivo se bajó a seis meses y en el dictamen de mayoría, firmado por los legisladores de Cambiemos y del opo-oficialismo, directamente se eliminó. Una decisión ubicada a años luz de la «transparencia» que proclaman quienes votaron dicho dictamen.
El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo bajo el título de «Ley de Financiamiento Productivo», debido a que tiene una primera parte dedicada a mejorar las operaciones del mercado de capitales para las pymes y crear algunos nuevos instrumentos. Pero la parte esencial es la modificación de la actual Ley de Mercado de Capitales, Nº 26.831. De modo que creo que este título es más que un slogan publicitario: trata de ocultar que se intenta modificar la Ley de Mercado de Capitales. ¿Por qué será?
La Ley de Mercado de Capitales que rige actualmente fue consensuada entre la mayoría de las fuerzas políticas en el Congreso, y por lo tanto aprobada con el apoyo mayoritario en la Cámara de Diputados. Votaron por el sí, tanto el Frente para la Victoria, como la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y otras fuerzas de un amplio arco ideológico.
Es una ley moderna, que modificó la norma vigente hasta ese momento, que venía de la época del expresidente de facto Juan Carlos Onganía, y que establecía la autorregulación de los mercados. En tono con las mejores prácticas internacionales, la Ley Nº 26.831 de 2012 incrementa el poder de control de la CNV sobre los agentes de mercado, tiene por objeto la defensa de los inversores minoritarios y la facultad para evitar la proliferación de productos tóxicos, entre otras normas.
El proyecto de ley, sin introducirnos en temas técnicos, desanda estas importantes funciones de la CNV, y propone nuevos grados de autorregulación de los mercados. Es la ley solicitada por los agentes e inversores bursátiles. Muy probablemente, generará mayores posibilidades de especulación financiera y bursátil.
Otro de los temas es que el proyecto incorpora la figura de los «agentes administradores de inversiones». Esta normativa intenta «blanquear» en nuestro país la actividad de «banca privada», que yo sostengo, como muchos otros analistas, que debe denominarse «banca en secreto». Ya sabemos cuáles son los objetivos, aquí y en todo el mundo, de la banca en secreto: facilitar la evasión fiscal y otros delitos, trasladando los fondos a las guaridas fiscales (mal llamadas «paraísos»).
No obstante, ante un cambio de tal magnitud, se le quiere dar un tratamiento exprés en Diputados. ¿Por qué no discutir las modificaciones con expertos (como se hizo con la actual ley) y con un tiempo prudencial? Recordemos que el proyecto ya se trató el año pasado y no pudo ser aprobado. Hoy el gobierno intenta enmendar con la rapidez del trámite las debilidades que fueron marcadas en 2016, aprovechando la momentánea fuerza que le dan las elecciones. Y antes de que se produzcan los significativos aumentos tarifarios, con su lógico efecto sobre la inflación, temas que seguramente dificultarán los apoyos al oficialismo.
Siguiendo con el «reformismo permanente», se firmó el acuerdo fiscal con los gobernadores. Hasta que la ley no sea rubricada por el Congreso, será difícil establecer el alcance de los cambios.
Observaciones sobre algunos temas: según lo informado, las provincias se comprometen a bajar en cinco años, de manera significativa, las alícuotas de ingresos brutos y sellos hasta un 1,5% del PIB. Se compensará a la provincia de Buenos Aires, que recibiría unos $ 40 mil millones en 2018 y $ 65 mil millones en 2019. Los fondos se obtendrían del sistema previsional, principalmente de un rediseño de la fórmula de ajuste de las jubilaciones, aún no claramente definido, pero que significaría un serio recorte con respecto a la fórmula actual. Pero además se desafecta una porción importante del Impuesto a las Ganancias, un canal de financiamiento significativo para el sistema de seguridad social. Este se reemplaza por la asignación a la Anses de los ingresos por el impuesto a los débitos y créditos, un tributo que el FMI viene pidiendo que se elimine. De allí que podría pensarse que estos cambios, más el efecto de la erróneamente llamada «reparación histórica», se van orientando hacia el desfinanciamiento del sistema previsional, junto con una disminución del valor de sus prestaciones.
Además, vuelven los retiros anticipados en las administraciones públicas, al mejor estilo de la década de los noventa. Y el gobierno plantea que los subsidios por transporte se reducirán totalmente hacia 2021.
Nicolás Dujovne aseguró que el pacto «prevé premios y castigos para cumplidores e incumplidores», y garantizó que ese instrumento, que aún debe ser aprobado por el Congreso, estará «en plena vigencia» desde el 1º de enero próximo. Parecería que el gobierno considera que tiene asegurados los apoyos necesarios para la aprobación.
Acelerar el ajuste
Son varios los economistas ortodoxos que vienen insistiendo en profundizar el ajuste y dejar de lado la gradualidad (un sinónimo de ajuste menos dramático).
Como ejemplo de esta proliferación, se puede citar la entrevista televisiva realizada al argentino Guillermo Calvo, execonomista jefe del BID. Calvo sostiene que «los políticos deben darse cuenta de que la política tal vez llegó a su límite», y propone que «ahora hay que convencer a los mercados» aunque, advierte, Argentina les interesa porque «es la timba de la tasa de interés más alta».
El economista argentino sostiene que hay una serie de instrumentos económicos a utilizar: «Uno de ellos podría ser una línea de crédito del Fondo Monetario, que puede llegar a ser bastante generosa». Incluso, luego relativiza la posibilidad de que el FMI exija condicionalidad. En verdad, parecería que los lustrosos pergaminos académicos que tiene no le permiten ver la realidad: el FMI, más temprano que tarde, pone férreas normas de condicionalidad en sus préstamos y muy lejos está de ser generoso. Ningún país se salva de esto, como ha sido largamente demostrado.
Como expresé en otras oportunidades, no es una cuestión de gradualismo o shock. El programa implementado por el gobierno tiene como objetivo el ajuste: menores salarios y jubilaciones, menores derechos laborales, mayores tarifas públicas, privatizaciones de empresas públicas o de áreas públicas (con el caso de la Dirección Nacional de Vialidad, cuyo personal se trasladará a Corredores Viales SA) y menores impuestos para los grandes conglomerados productivos. A estos y otros objetivos apunta la política de «reformas permanentes» lanzada recientemente por Macri.
Es esto lo que hay que enfrentar. Se debe exigir el fin del ajuste, imponer un freno a la toma de cualquier tipo de préstamo con el FMI, no avanzar con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (ruinoso para los intereses de los pueblos suramericanos) y frenar las reformas que plantea la flexibilización laboral. Una tarea urgente para los colectivos sociales, las organizaciones gremiales y los partidos políticos.