Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El presidente Macri comentó el jueves: «el gobierno está dispuesto a pagar en términos de salario la inflación porque si no el déficit público va a ser peor». En la misma tesitura, el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, dijo el domingo pasado que el gobierno quiere que en las negociaciones paritarias de 2017 se «tome como referencia la inflación» del 17% que esperan las autoridades para este año, una meta de muy difícil cumplimiento.
Si se concretara esta visión, el espíritu de la discusión paritaria estaría vulnerado. Los acuerdos paritarios son una decisión libre entre las partes, en la que el Estado debería ser un mediador y no el que decide cuál va a ser el tope del aumento salarial. Pero desafortunadamente este enfoque no debe sorprendernos, porque está en la esencia de la política de este gobierno reducir el valor del salario real.
En verdad, las intenciones de colocar un tope a las paritarias son solo un elemento de un proyecto más amplio, que intenta reducir el costo laboral a través de la flexibilización, como también del decreto de las ART u otras medidas. Así se va perfilando el modelo de relación laboral que este gobierno quiere consolidar.
A tono con esta estrategia, el presidente acaba de comentar (en la inauguración de las primeras ocho viviendas para inundados en Santa Fe) que «hacen falta 20 años de crecimiento para sacar a todos los argentinos de la pobreza». Macri contradice las promesas de campaña sobre la Pobreza Cero: pasó de sostener que un mandato no le iba a alcanzar para concretar este logro y que iba a necesitar dos, y ahora se descuelga con los 20 años.
No sólo hay una ruptura vergonzosa entre el compromiso preelectoral y la gestión. En esta última frase de Macri pueden identificarse varias intenciones: una de ellas es la de instalar nuevamente la desgastada teoría del derrame, porque aunque la Argentina creciera 50 años seguidos, si no se modifican las políticas de cómo se acumula y cómo se distribuye, la pobreza no se va a solucionar. Y en esa cuestión distributiva, las medidas de Macri generan una estrategia adversa a la reducción de la pobreza. El crecimiento es un factor necesario, porque si no crece la economía no hay qué distribuir, pero la experiencia del modelo neoliberal de los últimos 25/30 años es que todo lo que creció la economía –producto de la revolución científico-técnica y del aumento de la productividad– se tradujo en una mayor concentración de la riqueza.
No es sólo una característica de las estrategias macristas, sino de las políticas neoliberales. Es lo que ha pasado en el mundo entero, en las economías desarrolladas y en las en vías de desarrollo. Es lo que ya pasó en la Argentina de los noventa y en la dictadura y lo que está pasando ahora. Todas esas políticas derraman al revés, como si lloviera desde abajo hacia arriba.
Duro golpe al bolsillo
El fuerte aumento a las tarifas decidido por el gobierno nacional para los usuarios residenciales de Edenor y Edesur se trata de otro duro golpe al bolsillo de los ciudadanos. El desdoblamiento del aumento en febrero y marzo, al igual que los descuentos por menor consumo, son solo efímeros paliativos.
Juan José Aranguren dejó bien en claro que esta medida tiene por objeto que «se pueda recuperar en la tarifa el costo económico de la generación de energía», a la vez que reconoció que con estos aumentos solo se cubre el 47% de dicho costo. Al ser consultado por el aumento previsto para noviembre, el ministro sostuvo que dependerá de muchas variables, entre ellas, la inflación y el tipo de cambio. Esta definición indica que el gobierno no sólo tiene en mente la dolarización de las tarifas eléctricas (como explícitamente se informó en las tarifas del gas) y la rentabilidad de las empresas energéticas, sino que seguramente analizará cuán profundamente podrá seguir reduciendo subsidios y aumentando las tarifas a partir de los resultados de las elecciones.
Si bien no se informaron las nuevas tarifas para los usuarios comerciales, se estima que rondarán el promedio de los aumentos a los usuarios residenciales, un costo que seguramente se trasladará a los precios de bienes y servicios. Cabe recordar que las tarifas eléctricas para los menores consumos comerciales sufrieron un aumento de cerca de 500% en febrero de 2016.
Los aumentos tarifarios tendrán un efecto negativo sobre el consumo y, por lo tanto, sobre la actividad económica del mercado interno, especialmente sobre las pymes que serán las que más sufran los incrementos de costos y la caída del consumo. De esta forma se recrea la espiral recesión-desocupación que implican las políticas neoliberales.
Esta espiral se alimenta de otras decisiones. Por ejemplo, la normativa denominada eufemísticamente «precios transparentes», que no resulta eficaz para bajar los precios, como se sostuvo originalmente desde la Secretaría de Comercio. Seguramente encarecerá el financiamiento al consumo, dada la desaparición de las cuotas sin interés, lo que además alimenta la posibilidad del financiamiento de los consumos con tasas de interés que suelen ser muy altas.
La medida acaba de implementarse, y habrá que esperar a ver cómo evolucionan las condiciones de venta para tener una evaluación más precisa. Pero lo que está demostrado es que este tipo de políticas no inciden en los niveles de precios, puesto que no modifican la esencia de los impulsos inflacionarios. Estos son producidos por el mecanismo de puja distributiva, que en este caso se entiende como el interés de los grandes empresarios por incrementar sus márgenes de ganancias, como se ha observado en todos los procesos inflacionarios que vivió nuestro país.
Si bien los funcionarios del gobierno no reconocen esta puja distributiva y se concentran en una utilización difusa de conceptos como «competitividad» o «productividad», la realidad los impacta irremediablemente: el ministro Jorge Triaca acaba de comentar que «se ha perdido la confianza en algunos sectores empresarios», debido a los incumplimientos de los pactos, principalmente el de no despido.
Más allá de la insistencia en los brotes verdes, o en la reanimación del consumo por parte de los funcionarios gubernamentales y algunos analistas del establishment, los despidos están pegando fuerte en los trabajadores. Estas cesantías, junto con las pretendidas limitaciones a los incrementos salariales, han presionado a una hasta ahora «comprensiva» CGT a intentar generar alguna diferenciación con el gobierno.
De esta forma, la CGT acaba de convocar a un paro general (aún sin fecha) y a una movilización para el 7 de marzo al Ministerio de Producción, una cartera en donde no se toman las decisiones principales de la economía. Varios gremios ya se están alistando para endurecer las medidas anunciadas, porque el descontento es cada vez mayor y la situación social cada vez más apremiante.
La combinación de los aumentos en los servicios regulados, junto con el techo a las paritarias del 17 al 18% que intenta imponer el gobierno, además de un cóctel explosivo, son un claro ejemplo de la regresiva distribución del ingreso que propone el gobierno de Cambiemos, que lleva a Mauricio Macri a cometer otro nuevo sincericidio y sostener que no habrá «pobreza cero» al menos antes de 20 años. Más aun, creo que al final de su mandato, y debido a sus políticas, la pobreza habrá crecido significativamente.