Tiempo Argentino | Opinión
Paul Krugman, premio Nobel de Economía, acaba de escribir una columna titulada «La era de las falsas políticas», a las que define como intervenciones llamativas pero triviales que pueden manipularse y presentarse como salvamento, pero que en realidad afectan a unos cuantos puestos de trabajo aquí y allá, sin modificar de modo positivo a las mayorías.
Lo ejemplifica con la popularidad de las noticias sobre la intervención de Donald Trump para impedir que Carrier traslade 800 puestos de trabajo a México, o la denuncia del presidente electo contra General Motors por fabricar el modelo Cruze de Chevrolet en México, o la decisión de Ford de crear 700 puestos de trabajo en Michigan. La insignificancia de estas eventuales generaciones de empleos las compara con un dato: todos los días pierden su empleo 75 mil estadounidenses. El Nobel también critica la falta de información sobre la gran cantidad de perjudicados por la eliminación del Obamacare, que causaría la pérdida de cobertura médica para unos 30 millones de personas.
Estas «falsas políticas» también pueden identificarse en Argentina y en la publicidad de los actos y proyectos de la gestión Macri. Por ejemplo, cuando el titular del PAMI, Carlos Regazzoni, expresa: «No podemos dar un beneficio social a una persona que se va a veranear a Punta del Este.» La frase está orientada a sustentar la eliminación de la entrega de medicamentos gratis por parte del PAMI a afiliados que perciban más de 1,5 haberes previsionales mínimos, entre otros parámetros excluyentes. Se justifica una dura medida social reduciéndola a los escasísimos jubilados que van a Punta del Este, para evitar referirse a la gran cantidad de jubilados y pensionados que cobran más de 1,5 haber mínimo, que necesitan los medicamentos gratis y que se verán afectados por este retroceso en las prestaciones. Un claro ejemplo vernáculo de cómo se manipula la información.
En otro orden, se está viviendo una fuerte presión por parte del gobierno para justificar la reducción de aportes patronales y generar contratos de empleo flexibilizados, un tema que ya comenté el pasado domingo.
La desagradable novedad en este aspecto pasó por las declaraciones del Secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte (ex Techint): «La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema laboral. Como en el organismo lo es comer y descomer.» Más allá de lo grotesco de la mención (que no ha sido desautorizada por funcionarios de mayor rango), pueden realizarse sobre la misma dos reflexiones.
1- En el proceso del comer y descomer ingresan al organismo valiosos alimentos y se eliminan residuos sin otro valor que un eventual uso como abono. 2- Indica la mercantilización del trabajo llevada al paroxismo: el trabajador, más que como mercancía, aparece mencionado en esta frase como un insumo. ¿Es eso lo que se piensa en el Ministerio de Trabajo sobre el proceso laboral? Realmente inquietante.
En cuanto a la firma del acuerdo petrolero, considero que es un preocupante avance en la flexibilización laboral. Establece la reducción en las dotaciones, trabajo en horario nocturno, especificaciones para el trabajo con viento y reducción de las jornadas de descanso, entre otras cuestiones. Desde el oficialismo y las empresas lo elogian, principalmente porque gracias a la rebaja en los costos salariales que permitirá el acuerdo, los empresarios supuestamente incrementarán sus inversiones (unos U$S 5000 millones anuales ya informados en 2013). En buen criollo, van a invertir (si lo hacen) con lo que dejan de pagar a los trabajadores. Neoliberalismo puro.
Según un gran maestro francés del derecho laboral, la creación de empleo la gobierna el carnet de pedidos: si hay demanda, hay venta, si hay ventas hay ganancias y hay empleo, y si no hay ventas, las empresas sin ganancias no aceptan un empleado aunque sea gratis. Esta frase sirve para poner en evidencia una falacia notable del discurso macrista sobre la reducción de costos laborales: ¿para qué va a tomar una empresa un empleado –aunque sea más barato- si no tiene mercado? A lo sumo es probable que sustituya un empleado más caro por uno más barato: se beneficia la empresa pero no así la creación de trabajo.
Los planteos del gobierno sobre el tema laboral nos llevan a una reflexión, entre tantas: hoy, la diferencia entre un empleado registrado y uno informal es la existencia de aportes a la seguridad social, riesgo de trabajo (ART) e indemnización por despido para el primero. Si se eliminan esas características con los nuevos trabajos al estilo del contrato «empleo joven» y los prometidos por el ministro Triaca, ¿cómo se logrará por esa vía reducir la informalidad, con trabajadores cuyos empleadores no pagan cargas sociales? Parece un nudo gordiano pero no lo es. El nuevo trabajo formal en el que el gobierno está pensando es uno tan flexibilizado que se parecerá mucho al actual «no registrado». En definitiva, la decisión de igualar hacia abajo.
España es un buen ejemplo. Según el diario El País, los datos del Ministerio de Empleo muestran la inestabilidad en que se mueve el mercado laboral español. De los 20 millones de contratos que se firmaron en 2016, el 91,4% fueron temporales. Además, los contratos con fecha de caducidad cada vez son más cortos, 51,3 días con las últimas cifras frente a los poco más de 78 de antes de la crisis. Esos 20 millones de contratos generaron un aumento en la cantidad total de asalariados de 512.733, es decir, se necesitaron 40 contratos por cada nuevo puesto de trabajo. Mucho volumen, escasa calidad: los verdaderos resultados de la flexibilización.
Las señales son lo importante
La avanzada sobre los costos laborales, así como la decisión de realizar cambios importantes en el sistema tributario, puede entenderse en el marco de las señales que el gobierno de Mauricio Macri brinda a los mercados.
Resulta interesante un reportaje realizado al economista jefe para América Latina del J.P. Morgan, Diego Pereira, quien expresó: «El mercado puede tolerar desviaciones con respecto a las metas siempre y cuando el gobierno se demuestre dispuesto a avanzar en la consolidación fiscal, el desarrollo de los mercados de capitales, e implementar reformas estructurales (impositivas, laborales o financieras)». Por el momento, no están preocupados por el déficit fiscal de este año, que el J.P. Morgan estima en el 4,6% del PBI, ni porque la inflación, que ubican en el 21,2%, supere a las metas del BCRA. Lo esencial es la decisión de ir avanzando en el ajuste, y de tomar medidas efectivas como la eliminación del período de 120 días de permanencia para los capitales externos ingresados al país, que Pereira elogió. Esto da a pensar: ¿qué inversiones directas pueden venir por esta medida? Ninguna.
En su columna «Bajar costos, la nueva obsesión de Macri» (La Nación 09.01.17), Carlos Pagni reflexiona: «Él (Macri) no tiene la ventaja que encontraron Menem en la hiperinflación o Duhalde en la híper recesión. Se propone reemplazar un orden que aún no había estallado», y sostiene que si quiere inspirar confianza, tendrá que explicar mucho. Va quedando cada vez más claro que la «pesada herencia» no fue pesada, sino que resultó un activo que tiene el gobierno, debido a que recibió un país con buenos indicadores y un nivel de consumo y bienestar importante, que hace que el ajuste, por ahora, no se sienta tanto. Pero el proyecto neoliberal continúa. De allí que la oposición popular será esencial para frenar la consolidación de reformas que reduzcan el poder de compra salarial y debiliten los derechos de los trabajadores, es decir, el ajuste.