Tiempo Argentino | Opinión
La inflación es uno de los temas que más parece preocupar a los funcionarios del gobierno nacional, quienes han utilizado diversas técnicas para enfrentarla, desde la ortodoxa reducción de la base monetaria, pasando por la (desoída) exhortación a los empresarios para que bajen los precios, la amenaza de importación de productos cuyos precios han subido significativamente en el mercado local, así como medidas propias de las estrategias de los consumidores, como boicotear la compra de mercancías.
El panorama se complica a partir de los fuertes aumentos de las tarifas de energía eléctrica que se producirán en febrero, cercanos al 500% según informó el ministro de Energía, y que podrían volver a incrementarse en septiembre.
Esta avanzada de la inflación castiga especialmente a los trabajadores, dado que los precios de los alimentos han aumentado en el bimestre noviembre-diciembre un 14,2% según el índice de San Luis y un 6,9% para el índice de CABA, los referentes sugeridos por el Indec mientras dure la ausencia de su propio indicador. En tanto, las paritarias casi no han comenzado y aún no se conocen las verdaderas implicancias del «consejo» de Mauricio Macri a los gremios: «este es un momento donde hay que poner el hombro».
La carne vacuna es una de las mercancías que más aumentó, y si bien luego se produjo una parcial baja en el precio de la hacienda, esta no fue recogida por los precios al consumo. Sobre la cuestión, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, dijo que «algunos representantes se hacen los distraídos ante la baja del precio y siguen atribuyendo el aumento a los proveedores», así como instó al consumidor a tomar conciencia «y si se tiene que abstener de consumir lo haga» (Télam 27.01.16). Es una medida de dudoso efecto sobre los precios pero que podría repercutir negativamente en el nivel de actividad del sector. Según la agencia oficial, Buryaile sostuvo que lo que funciona son «esquemas de acuerdos de precios con supermercados o incorporar más productos a Precios Cuidados, si hace falta». Proposición llamativa dado que, precisamente, la carne fue uno de los productos excluidos en la nueva versión de ese programa. El ministro también advirtió sobre la posibilidad de importar carne si el precio no baja en las góndolas, una medida que ha demostrado ser ineficiente cada vez que se ha instrumentado.
Sobre este tema, el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, expresó: «así como cuando sube la hacienda en pie lo reflejan en el mostrador, que cuando baja sean decentes y bajen el precio al comprador» (La Nación 28.01.16). Para Etchevehere, si la hacienda en pie sube, no importa el porqué, es decente que aumenten los precios a los consumidores, aunque estos se perjudiquen.
El precio de la carne ha sido uno de los temas de la semana, y ha desatado un sinfín de recomendaciones y excusas. Una cuestión que podría haberse resuelto más fácilmente si el Ministerio de Producción no hubiese derogado la obligación a cargo de las empresas productoras de insumos y bienes finales, así como de sus distribuidoras y/o comercializadoras, de informar mensualmente los precios vigentes de todos sus productos. Todavía está vigente la Ley 26.991 de Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, aunque difícilmente este gobierno la aplique.
El tema de los precios también estuvo presente en la reunión del jefe de Gabinete y los ministros de Hacienda y Finanzas y de Producción con los representantes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Según revela Clarín (28.01.16), cuyo CEO estuvo presente en dicha reunión, los ministros exhortaron a los miembros de AEA a que «colaboren en la lucha contra el alza de los precios». Esta solicitud indica, implícitamente, que los funcionarios están reconociendo un sistema de puja distributiva en la formación de precios y de allí el pedido a los «empresarios más fuertes», como tituló el matutino. Coherentes con su postura, los empresarios le contestaron que los precios suben por la «fenomenal emisión monetaria que llevó a cabo la gestión de Cristina», exculpándose de cualquier responsabilidad en los aumentos de precios y obviando el impacto de la devaluación sobre los mismos.
El Davos argentino
Las ideas que predominan en el foro internacional de Davos, donde se dan cita las megacorporaciones, pueden encontrarse en el documento constitutivo de AEA.
Para los integrantes de AEA, «es fundamental preservar el sistema de libertad de precios, en un marco competitivo, ya que estos establecen los incentivos». Cómo lograr un marco competitivo cuando la presencia de estos grandes grupos económicos genera ratios de concentración extrema en importantes sectores productivos de nuestro país, es algo que no se detienen a explicar.
Otra definición: «el derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias es fundamental para el desarrollo del país». Es decir, las ganancias son intocables.
Por último, denostan la injerencia del Estado en las decisiones de las empresas (políticas regulatorias) argumentando que «el ámbito propio de las empresas privadas debe ser respetado. En una sociedad capitalista moderna es crucial distinguir el rol del Estado del rol de las empresas, manteniendo ambos claramente diferenciados. El Estado (sólo) debe establecer reglas de juego claras y hacer cumplir las leyes». No parece ser el caso de la actual gestión macrista, dado que muchos de los ex CEO de las empresas agrupadas en AEA están en el gobierno. La reciente reunión en la Casa Rosada no puede evitar el parecido (salvo por la magnitud del evento) con la cumbre de Davos, en la cual los distintos gobiernos van a escuchar las propuestas de las megacorporaciones internacionales.
Claman por un shock
A las expresiones de algunos empresarios domésticos que piden una mayor devaluación (no enamorarse de un dólar bajo, según Cristiano Rattazzi) se han sumado otras opiniones de analistas internacionales. En un artículo del portal financiero Bloomberg Business, Charlie Devereux marca que el enfoque económico «precavido» del nuevo gobierno «causa preocupación entre muchos de los mismos analistas e inversores que elogiaron sus anteriores movimientos». Se citan los comentarios de varios gerentes de importantes fondos de inversión, clamando por terapias de shock en «un país en donde las protestas y huelgas son frecuentes». Resulta especialmente llamativa la observación de Mauro Roca, economista senior en Goldman Sachs & Co. en Nueva York, quien además de abogar por el shock comenta que «el interés y apetito por Argentina dependerá de los avances en las reformas, y la credibilidad será crucial» y advierte: «ese apetito no es ilimitado». Si bien en la jerga financiera se menciona habitualmente el «apetito por el riesgo», leer que hay «apetito por Argentina» por parte de los inversores resulta, al menos, perturbador.
Ante este panorama, Daniel Fernández Canedo sostiene en Clarín (28.01.16): «mientras ahora los capitales salen de los países vecinos, están entrando a la Argentina en la convicción de que es un país con baja deuda y que pagará». Una reciente información indica que sólo durante enero el flujo neto de capitales fue negativo por U$S 3600 millones desde los países emergentes. ¿Cuáles serán los atractivos que deberá dar el gobierno a los capitales para que ingresen a nuestro país? Esperemos que no sea el ajuste con terapia de shock –como vienen proponiendo los grandes fondos de inversión extranjeros– y la erosión abrupta del valor del salario real. «
Nota Publicada en Tiempo Argentino, Domingo 31 de Enero de 2016.