Tiempo Argentino | Opinión
El Fondo Monetario Internacional (FMI) prosiguió estos días con su bajada de línea habitual, en la antesala de la reunión anual conjunta con el Banco Mundial, que tendrá lugar la próxima semana en Lima, Perú. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, participó en un evento organizado por el Consejo de las Américas y manifestó su preocupación por la situación global, anticipando un crecimiento que en 2015 será inferior al del año pasado, previéndose una aceleración reducida para 2016.
En su exposición intentó mostrar un lado más sensible, al hablar de los trastornos políticos y económicos actuales y mencionar «el éxodo de refugiados a Europa», los «más de 200 millones de desempleados en todo el mundo» y «la desigualdad del ingreso»; una verdadera hipocresía considerando que semejante legado se vincula de lleno con las acciones y las políticas que impulsan los países centrales y los organismos financieros internacionales.
Aparte de analizar la desaceleración asociada a la transición en China, sostuvo que el sendero de la suba de tasas en USA refleja mejores condiciones económicas en ese país, y que ambos cambios son «necesarios y saludables». Esta afirmación no tiene consideración alguna respecto de la situación de los países en desarrollo, en particular la de los exportadores de materias primas, que verán reducir sus niveles de vida, y más aún en caso de obedecer a rajatabla los planteos del FMI sobre ajuste fiscal, devaluación y la tradicional receta de «reforma estructural», algo que bien conocen el pueblo griego y el brasileño.
En tanto, en un forzado giro poético de su alocución, Lagarde citó una frase de Mario Vargas Llosa, en la que sostiene que «la incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar», una mención que podría estar indicando que la volatilidad de los mercados ha llegado para quedarse, y con ella las presiones para abonar todo el plexo de políticas que conforman el aparato conceptual neoliberal.
El panorama puede ilustrarse con un informe del Instituto Internacional de Finanzas, en el que se sostiene que los flujos netos de capitales a los mercados emergentes caerán en 2015 unos 541 mil millones de dólares, producto de una salida por 1,089 billones, que superará a entradas estimadas en 548 mil millones (estas últimas ya se encuentran en valores inferiores a los de 2008). Si bien el informe, como era de esperar, pone el énfasis en las razones domésticas, no deja de ser llamativo que los ingresos de capitales se reduzcan justo cuando la Reserva Federal está por subir las tasas, que se mantienen cerca del 0% precisamente desde finales del año 2008. Si algo queda claro es que las economías periféricas están condicionadas por las políticas financieras de las potencias, apuntaladas desde el axioma aparentemente indiscutible de la liberalización de los capitales y de la desregulación en general.
En este marco vale mencionar lo ocurrido en Puerto Rico –formalmente un Estado Libre Asociado de USA, aunque es un territorio no incorporado— que tras entrar en cesación de pagos en agosto acaba de recibir la noticia de que el Congreso de USA no le permitirá acogerse al capítulo 9 de la ley de quiebras, al que sí recurrió Detroit en 2013. Para peor, se supo que un 20% de la deuda habría sido adquirida por fondos buitre, entre ellos Aurelius, que también se encuentra en litigio con nuestro país. Además, desde hace un tiempo circula un informe de una consultora de la que es socio el argentino Claudio Loser -ex gerente del FMI, y actual colaborador de la ATFA, grupo de tareas de los buitres contra la Argentina-, donde se sostiene que Puerto Rico puede honrar su deuda, y que «tiene en realidad un problema de déficit fiscal, no de deuda», visión que promueve la suba de impuestos a la población, las privatizaciones y los recortes del gasto. Así queda más clara la razón del voto negativo de las potencias en la ONU a los nueve principios sobre reestructuración de deudas soberanas, propuestos por Argentina.
Un camino de coherencia
La debilidad del contexto externo, y el impacto diferencial en aquellas economías que, como Brasil, más han abierto sus fronteras a los flujos de capital, resaltan la férrea postura de nuestro gobierno, bien emparentada con la idea de que «la persona humana no puede ser esclava de la economía y las finanzas», tal como comentó recientemente el Papa Francisco.
Esta actitud cobra mayor valor en el marco de una visión de largo plazo que colisiona de frente con los intereses de un establishment que ha decidido reforzar su avanzada de cara a 2016, y que coronó en la Unión Industrial Argentina a parte de la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina. No ha de extrañar entonces que uno de sus primeros pasos haya sido emitir un comunicado en el que expresa su firme oposición a la conformación de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas, que tiene el objetivo de investigar la conexión entre algunos grupos económicos, sus directivos y la última dictadura. Un proyecto que en ningún momento ha pretendido usurpar el lugar de la justicia, argumento falaz que utilizó la UIA como parte de una actitud que, según afirmó la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, «constituye un acto inadmisible de intimidación de los grandes poderes corporativos hacia las instituciones democráticas».
A su vez, la matriz de coherencia deja en ridículo tanto a quienes hacen loas de la necesidad de contar con políticas de largo plazo que trasciendan a los gobiernos, tal como sostiene el Foro de Convergencia Empresarial, como a aquellos miembros de la oposición que, lejos de cualquier criterio de institucionalidad, intentan congelar el tratamiento del Presupuesto a la espera de lo que diga el presidente que surja de la próxima contienda electoral. Esperemos que este tipo de posturas no impida avanzar con la iniciativa parlamentaria que la presidenta Cristina Fernández envió al Congreso Nacional para declarar de interés público el desarrollo de la industria satelital, otra clara muestra de la voluntad de profundizar el proyecto y sus políticas a largo plazo. Las mismas políticas que ya se plasman en resultados concretos, tal como ocurrió con el reciente lanzamiento del ARSAT-2 (a un año del ARSAT-1), que brindará servicios de televisión, internet y telefonía y permitirá ofrecer señal a todo el continente americano, como parte de las políticas en materia tecnológica iniciadas por Néstor Kirchner.
Una coherencia que también se expresa en el claro posicionamiento en un tema como el de la deuda –mañana el gobierno pagará, tal como ha venido sosteniendo, la última cuota del BODEN 2015–. En particular, al no aceptar lo que trata de imponer el juez Griesa, que de hecho esta semana volvió a recular y dijo que «la Corte de Apelaciones consideró que es mejor dar un paso atrás y asegurarse ciertas cuestiones básicas», al referirse a la discusión por el monto que piden los «holdouts».
Una idea que el altamente probable próximo presidente de los argentinos, Daniel Scioli, dijo que sostendrá: la de pagarle «al ciento por ciento de los acreedores, pero en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables», en línea con la definición más de fondo que entregó, al decir: «no quiero en la Argentina un paraíso financiero ni fiscal. Hagamos de nuestro país un paraíso productivo», una declaración a tener en cuenta, más aún porque dentro de tres semanas los argentinos estaremos definiendo cuál es el país en el que deseamos vivir. «
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 04 de Octubre de 2015.