Por Carlos Heller. Los bancos centrales del bloque BRICS apuestan al Nuevo Banco del Desarrollo, mientras que los países centrales al libre comercio de servicios, llamado TiSA.
Los bancos centrales del bloque de países conocido por el acrónimo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) culminaron el 7 de julio pasado un acuerdo que regula el funcionamiento del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y el fondo de Reservas de Contingencia. El mismo fue calificado por la titular de la CEPAL, Alicia Bárcena, como «el acuerdo financiero multilateral más importante desde la creación de Bretton Woods».
Los países centrales, por su parte, no se quedan atrás. Un ejemplo de ello son las negociaciones que comenzaron en marzo de 2013, encaminadas a un eventual acuerdo de libre comercio de servicios denominado TiSA, según sus siglas en inglés. Dentro de los posibles miembros se encuentran la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá, México, Uruguay, Costa Rica, Paraguay, Colombia, Chile y Perú, que en su conjunto representan el 75% del comercio mundial de servicios.
El proyecto fue blanco de duras críticas en todo el mundo, no solo por la opacidad de sus negociaciones sino también por el contenido de la información clasificada que dio a conocer Wikileaks. Sin embargo, no hace falta acudir al proyecto para obtener una idea de los lineamientos generales del mismo.
Según uno de los documentos sobre el tratado que dio a conocer oficialmente la Unión Europea, el TiSA propone ir más allá del GATS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios), institución creada a mediados de los noventa dentro de la órbita de la Organización Mundial de Comercio (OMC), al establecer una disciplina horizontal de «trato nacional» a todos los sectores de servicios. De esta forma, según lo señalado en uno de los borradores del tratado, se espera que los gobiernos nacionales permitan el ingreso de capitales privados provenientes de otros países miembros, a los sectores de salud, educación y provisión de agua potable. El acuerdo restringe la facultad de los Estados de regular a los proveedores de estos servicios, lo que generaría serias limitaciones de acceso a los mismos por parte de los estratos más vulnerables de las poblaciones. Sería el caso de los hospitales públicos por ejemplo, los que competirían mano a mano con los privados sin posibilidades de recibir ningún tipo de subsidio gubernamental encareciendo progresivamente el uso de los mismos. Algo similar ocurriría con el sector educativo.
Claro que dentro de las excepciones se establece que la Unión Europea tiene el derecho a «regular e introducir nuevas normativas en la oferta de servicios» dentro de sus fronteras para cumplir con «objetivos de política pública» mientras que las leyes y requerimientos laborales en esa región continuarán aplicándose.
La posición estadounidense es muy similar a la europea. Basta solo con visitar la página web de la Secretaría de Comercio de ese país donde, bajo el título «Apoyando el empleo estadounidense a partir de la exportación de servicios» se define al TiSA como una contribución a la expansión de las exportaciones de servicios y a la creación de empleo en un sector donde EEUU es «el líder mundial».
Lo llamativo es que en ninguna parte del borrador se menciona a los países en desarrollo y los posibles impactos que pudiera tener la apertura de sus sectores de servicios hacia el resto del mundo. No es casualidad. Como ya viene ocurriendo en el mapa del comercio mundial, la retórica del librecambio rige fronteras afuera de los países más poderosos con el objetivo de obtener nuevos mercados en los países periféricos para la colocación de sus bienes y servicios, pero sin desproteger sus industrias internas.
Las palabras del Papa Francisco hace unos días en el hermano país de Bolivia parecieran ser apropiadas en este caso, ya que justamente el pontífice lamentó la existencia de «nuevas formas de colonialismo que afectan seriamente las posibilidades de paz y de justicia» y que «adoptan distintas fachadas como algunos tratados de libre comercio y la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y los pobres». Las mismas concuerdan con las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Héctor Timerman, quien indicó estar a favor de este tipo de acuerdos, siempre y cuando sean beneficiosos para ambas partes y que no sacrifiquen ni un solo puesto de trabajo en Argentina.
Cabe destacar la férrea posición negociadora que ha demostrado nuestro país durante los últimos años, orientada a priorizar el bienestar nacional ante cualquier intento de las grandes potencias de imponer tratados en beneficio de sus capitales privados. Una conducta que a veces no se replica en algunos países vecinos que otorgan una mayor ponderación a la rentabilidad que pudieran obtener los grandes conglomerados empresarios con consecuencias que no siempre juegan a favor del bienestar de las poblaciones.