Esta semana se anticipó uno de los capítulos del informe de Perspectivas Económicas Globales del Banco Mundial (BM), que se terminará de publicar de forma íntegra en los próximos días, donde se analizan los desafíos fiscales más trascendentes de los países en desarrollo.
Allí se sostiene que sus economías enfrentan riesgos a la baja del crecimiento y un horizonte de incremento en los costos financieros, lo que en el futuro podría requerir del empleo de la política fiscal como herramienta de estímulo económico. Es por ello que el BM recomienda reconstruir la solvencia fiscal, para usar los recursos de forma contracíclica en caso que sea necesario. La propuesta sigue el espíritu de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, en cuanto a la supuesta necesidad de ajustar las cuentas públicas, y contradice la más pura realidad al negar que gran parte del mundo en desarrollo ya se encuentra en etapa de desaceleración, que de hecho terminaría por agravarse si se aplicaran estas gravosas recetas de pura cepa neoliberal.
Al respecto, no hay que dejar de mencionar las novedades de Brasil, que acaba de anunciar un primer recorte fiscal, luego de la reasunción de Dilma Rousseff, por unos U$S 8400 millones, en concepto de viajes y «asuntos no obligatorios» de gestión. La intención última es ajustar unos U$S 25.900 millones del presupuesto 2015, para retornar a la senda del superávit primario, dejándolo en niveles del 1,2% del PIB. Si bien la mandataria había anticipado ajustes en las cuentas públicas «sin revocar derechos conquistados» ni afectar a los sectores más pobres y trabajadores, la lógica planteada de por sí es cuestionable por sus efectos macroeconómicos, ya que podría ocasionar una reducción de la demanda que lleve a caídas de la actividad económica y la generación de empleo. Para el nuevo ministro de Hacienda, Joaquim Levy, con estudios en Chicago, «lo importante es entender que combatir el frenazo en la creación de empleo y la caída del crecimiento del PIB con una mayor expansión fiscal no encaja con la realidad y sería peligroso», toda una muestra de la ideología ortodoxa que el funcionario profesa.
Volviendo al BM, también se le dedica un capítulo a estudiar la significativa baja del petróleo que se viene registrando desde mediados de 2014 y se enumeran los principales impactos sobre la economía global. Entre las razones de la caída aparecen elementos vinculados a la oferta (mayor producción de recursos no convencionales en EE UU), la debilidad de la demanda global, la postura de Arabia Saudita en la OPEP (que en principio apunta a mantener su cuota de mercado, desincentivando la inversión de otros países en hidrocarburos no convencionales) y la revalorización del dólar a escala mundial.
En cuanto a las consecuencias, en base a estimaciones históricas, el BM señala que de ocurrir una caída anual promedio del 30% entre 2014 y 2015, el PIB mundial podría verse incrementado en un 0,5% en el mediano plazo, mientras que la inflación declinaría entre 0,4 y 0,9 puntos porcentuales en 2015. También menciona las importantes transferencias de ingresos entre países exportadores de petróleo y otros que son importadores netos.
El último aspecto está fuertemente emparentado con otros temas, no menos trascendentes, que rozan la esfera de la política internacional. Hay que tener en cuenta que en Venezuela los dólares del petróleo explican más del 90% de las exportaciones y del 40% de los ingresos fiscales, lo cual da una idea de las implicancias de la furibunda baja del crudo. En Rusia ocurre algo parecido, ya que las exportaciones de hidrocarburos llegan al 50% de los ingresos presupuestarios, aunque su peso en la economía global es indudablemente mayor, lo cual puede generar potenciales situaciones de volatilidad y contagio.
Y creo que, como dijo la presidenta, esto «ejemplifica como pocas cosas que en realidad el mercado es un maravilloso eufemismo que han hallado para esconder lo que sigue moviendo al mundo, que son las razones políticas, la geopolítica y los intereses de los países».
En definitiva, para los países en desarrollo se prevé un 2015 con mayores dificultades que en años anteriores, a raíz de la baja en la cotización del crudo (y, aunque en menor escala, de las materias primas en general), y de un moderado dinamismo de la actividad global. A esto se le suma la posible suba de las tasas por parte de la FED. En este contexto, ante la alternativa neoliberal «recargada» que plantean los organismos internacionales de crédito, cobra un valor crucial el estrechamiento de los lazos en la región y en la órbita multilateral, en instancias tales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), o el G77 + China.
ALIANZA ESTRATÉGICA. En la semana que finalizó se desarrolló en Beijing el I Foro Ministerial entre China y la CELAC. Según informó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, China anunció tres metas para la región que incluyen la adquisición de bienes estratégicos (energía, minería, minerales, carnes y cereales) por U$S 10 billones, una meta de U$S 500 mil millones de intercambio comercial, y planes de inversión por U$S 250 mil millones en diez años, en rubros estratégicos como infraestructura, transporte, energía y comunicación.
En cuanto a las relaciones entre Argentina y China, Capitanich comentó que los cancilleres de ambos países conversaron tanto del «intercambio comercial y la inversión programada para los próximos diez años», como de la «estrategia de desembolso para la culminación de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, que significará un aumento en la oferta energética y un influjo significativo de divisas para el desarrollo estructural del país». Conjuntamente con otros emprendimientos, esto permitiría pasar del 31 al 41% en materia de la participación de la oferta eléctrica total de la Argentina». Allí también se trató el tema de las inversiones en infraestructura ferroviaria de carga y de pasajeros y se informó que en la cumbre que mantendrán en febrero los mandatarios de ambos países «se revisará el plan de acción conjunta y la agenda política, así como se firmará multiplicidad de convenios entre ambos países».
También se dio a conocer la firma de acuerdos de inversión y cooperación que involucrarán desembolsos de China hacia Venezuela, por unos U$S 20 mil millones, y hacia Ecuador, por U$S 5300 millones.
El canciller argentino, Héctor Timerman, sostuvo que el evento debe leerse como «un importante reconocimiento por parte de la República Popular de China a la CELAC, como el foro adecuado para canalizar su relacionamiento estratégico con la región»; esto marca sin dudas una línea completamente distinta al «divide y reinarás» con la que los organismos de crédito siempre se han sentido más a gusto para imponer su condicionalidad.
DESENCANTO “BUITRE”. La lógica de alianzas con eje en lo regional (CELAC) sirve también para desarmar los argumentos de los fondos buitres, que a través del ATFA se preguntan (7/1/15): «¿Por qué cedería Argentina sus derechos soberanos de manera tan explícita, doblegándose a la voluntad del gobierno chino?» Como sea, lo que sobresale es un profundo descontento ante cualquier iniciativa que permita fortalecer la situación financiera externa y el poder de negociación de nuestro país.
Según se sostiene en la página del ATFA: «En vez de firmar un acuerdo con China desde un lugar tan endeble, el gobierno argentino debería negociar con sus acreedores. Una negociación no impediría la relación de Argentina con China sino que al contrario, le permitiría relacionarse en condiciones de igualdad, no gorra en mano, como si fuese la última medida posible para obtener financiación internacional.» Nada escapa más de la realidad, y en esto resulta útil citar al ministro de Economía, Axel Kicillof, que en una entrevista reciente (Ámbito Financiero, 5/1/15) señaló que todo el mundo sabe que «son los buitres los que trabajan para no acordar» y que se preocupan por instalar la idea de que «Argentina no negocia con sus acreedores», y que cuando el país «hizo una oferta cuando reabrió el canje, ellos no dijeron ni sí ni no». De hecho, el gobierno nacional ha dado nuevas muestras claras de que pretende negociar y, como volvió a afirmar Kicillof estos días, que «quiere pagarle al 100 por ciento de los acreedores, pero en condiciones justas, legales, equitativas y sostenibles».
Resulta sumamente valorable la firmeza de nuestras autoridades para no poner en riesgo la solvencia financiera del país. La misma hace tiempo habría sufrido heridas de muerte, de haberse aceptado los pedidos de los buitres y las prédicas de algunos miembros de la oposición que, como Maurico Macri, sostenían que «ahora hay que ir, sentarse en lo del juez Griesa, y hacer lo que diga». La situación no cambia sustancialmente tras la caída de la cláusula RUFO, ya que, para satisfacer la totalidad del reclamo del 7% de los bonistas que no ingreso al canje, deberían involucrarse en principio unos U$S 23 mil millones, un monto que no deja de ser significativo.
Cualquier otro gobierno, más en la finalización de su mandato y sin la RUFO vigente, hubiera preferido sacarse de encima y patear para adelante el problema, recurriendo a la emisión de nueva y costosa deuda. No hacerlo marca una enorme responsabilidad en la gestión de la cosa pública y en el manejo del interés nacional.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 11 de enero de 2015.