Mar del Plata fue el escenario de la disputa empresarial y política, con dos eventos contrapuestos: el habitual Coloquio de IDEA, que reúne a las empresas más grandes del país, representantes del establishment, y la Convocatoria Económica y Social por la Argentina, con gran cantidad de políticos y actores sociales, incluida una nutrida concurrencia de empresarios pyme. Fue la expresión de los dos diferentes modelos de país: el que añora volver a las prebendas empresariales de los noventa, a la desregulación y privatización, y el que desea continuar el proyecto político, económico y social iniciado en 2003.
La Convocatoria Económica y Social dejó por escrito, en un documento del encuentro, que sus integrantes están preocupados porque «en un contexto de dificultades coyunturales y de ataques especulativos contra la Argentina, la situación se ve agravada por la continua ofensiva de grandes grupos económicos altamente concentrados y extranjerizados» (Tiempo Argentino, 24.10.14). En este contexto, y para procurar una mayor equidad distributiva, instaron a la aplicación de las leyes de regulación de la producción y el consumo, altamente resistidas por los sectores concentrados.
El Coloquio de IDEA se caracterizó por ser una usina de la oposición, con la concurrencia de los economistas y los políticos de las «principales fuerzas políticas del país», como se denomina en el programa.
Miguel Blanco, presidente de IDEA, se refirió a la gestión, a las actitudes «hiperpresidencialistas» y a las políticas de «amigo-enemigo» del gobierno. Uno de los paneles tuvo un título más que sugerente; «Seamos protagonistas de cambios.” Coherentes con esta actitud, los empresarios criticaron agudamente la Ley de Regulación de las Relaciones de producción y consumo, el Código Civil y Comercial recientemente aprobado y la reforma a la Ley de Mercado de Capitales, entre otras. Cualquier similitud entre estas posturas y las promesas «derogadoras» de los candidatos de la oposición no es pura coincidencia.
Un matutino especializado en economía indicó la elevada concurrencia respecto de años anteriores, comentando que muchos empresarios decidieron «salir del placard» donde estuvieron escondidos por temor a represalias. No es más que otro relato, ya que en los últimos años estuvieron cómodamente en sus empresas acumulando grandes ganancias con el modelo.
Una nota de color la rescató La Nación (24.10.14) cuando informó sobre la interpelación a los asistentes para contestar sobre un hipotético pago de coima: «Si un acto de corrupción está destinado a obtener una aprobación (por ejemplo, una habilitación municipal) maliciosamente retenida, ¿es censurable la actitud del empresario?». Un 47% contestó que no, compuesto por un 28% que aprobó la coima «sólo en casos extremos» y el 19% que expresó que «nunca» es condenable. Toda una definición.
El latiguillo más utilizado en el coloquio fue la falta de atención del gobierno a sus propuestas. Se refieren al documento del Foro de Convergencia Empresarial que propone, entre otras cuestiones, el «respeto a la propiedad privada y al ámbito propio de las empresas privadas», exige «garantizar los procesos de formación de precios con el funcionamiento de mercados transparentes evitando intervenciones distorsivas» y solicita una «fuerte reducción de la elevada presión tributaria sobre el sector formal de la economía», proponiendo que se «eliminen impuestos y otros gravámenes distorsivos y tipos de cambios diferenciales» (en criollo, las retenciones a las exportaciones).
No se trata de acordar sobre estas cuestiones como piden los megaempresarios; las mismas son ideológicamente opuestas al proyecto del gobierno. Queda claro que lo que quieren es otro modelo de país, una vuelta a los noventa, al Estado mínimo.
Ese otro proyecto de país se expresa en las reuniones de los candidatos Mauricio Macri y Sergio Massa con el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, quien vino al país a un congreso de «seguridad privada». Massa exaltó «la experiencia exitosa» que tiene Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Cabe preguntarse si Massa tomó en cuenta que en los últimos 55 años, según cita el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, hubo 22 mil muertos, 25 mil desaparecidos, 1900 masacres y más de 5 millones de desplazados (Página 12, 24.10.14). Macri, por su parte, recibió a Uribe en el mismísimo Palacio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Informe Regional sobre derechos humanos y seguridad ciudadana 2013-2014 del PNUD, organismo de Naciones Unidas, se informa, entre otras variables, que Colombia es actualmente uno de los países de América Latina con mayor número de asesinatos, mientras que Argentina se ubica en el rango de las naciones con menor cantidad, junto con Bolivia, Chile y Uruguay, entre otros. Pero no llama la atención el respaldo de estos candidatos a Uribe, indicando claramente su postura conservadora, en especial sobre el tema de los Derechos Humanos y el combate contra el delito; y es toda una definición de las políticas que Massa o Macri aplicarían de llegar a ser electos para dirigir la Nación.
EL GOBIERNO SIGUE GESTIONANDO. El relato que imperó en el Coloquio de IDEA sobre la falta de respuesta del gobierno a las inquietudes empresarias resulta insostenible, salvo terquedad y mala fe manifiesta, con el reciente acuerdo entre el Ministerio de Economía y las cámaras que representan a los exportadores de cereales y oleaginosas. El sector se comprometió a la liquidación de U$S 5700 millones por la exportación de granos y productos procesados durante el último trimestre del corriente año, cerca de U$S 2000 millones más que en igual período del año anterior. Por su parte, el gobierno, luego de analizar los volúmenes de excedentes exportables de la última cosecha, autorizó la exportación de 400 mil toneladas de trigo y 100 mil toneladas de harina adicionales, y 500 mil toneladas de maíz.
El ministro Axel Kicillof comentó que los exportadores perdieron un 25% de su riqueza por haber retenido la soja, y alertó que los precios seguirán bajando (informó que los contratos a futuro para abril están en los 360 dólares la tonelada) por los que los instó a que liquiden y aprovechen los actuales precios, dando a entender, además, que no habrá una corrección cambiaria de magnitud.
Esta última tesis es abonada por la colocación del Bonad 16, un título vinculado al dólar con tasa del 1,75% anual por U$S 983 millones, derribando los comentarios de varios «gurúes» que anunciaban dificultades en la colocación. Es un voto de confianza hacia el gobierno del sector privado, que está dispuesto a financiarlo en moneda nacional con opciones atractivas, y si bien el bono está ajustado por la evolución del peso respecto al dólar, resulta mucho más manejable que el endeudamiento en moneda extranjera.
Respecto al tema de los fondos buitre, otro de ellos, EM Limited del milmillonario Kenneth Dart, realizó una presentación ante el juzgado de Thomas Griesa para que se le apliquen los mismos beneficios que a los demandantes liderados por Paul Singer, utilizando el recurso de «yo también» para una deuda que ronda los U$S 800 millones y que, de obtener el visto bueno del juez neoyorkino, se sumaría a los U$S 1600 millones que ya tienen sentencia.
En varias oportunidades se expresó desde esta columna que los fondos buitre no eran marginales al sistema, sino que eran parte de la médula de Wall Street. Ayer se publicó que Nancy Soderberg, la tesorera de la AFTA (la fuerza de tareas de los buitres contra Argentina), fue nombrada por Barack Obama como presidenta de un comité asesor creado por el Congreso de los Estados Unidos para promover el mayor acceso del público a las decisiones y actividades de seguridad nacional de ese país. Las alas de los buitres se extienden hasta la Casa Blanca.
Con estas informaciones, cobran aún más relevancia las palabras de la presidenta Cristina Fernández, quien el jueves en el Chaco volvió a repetir: «Lo que quieren (los fondos buitre) es que se caiga abajo la reestructuración de deuda de 2005 y 2010. De esa manera la Argentina volvería a deudas inmanejables», para luego comentar que «tal vez para algunos la forma de pagar esa deuda sería entregando los recursos energéticos, los recursos nacionales».
Por todo esto, Kicillof comentó que sólo se negociará con la totalidad de los «holdouts» y no sólo con los actuales demandantes, para intentar cerrar el capítulo de deuda y sostener la estrategia que volvió a mencionar Cristina en el Chaco: «Desde aquí les decimos que les vamos a pagar al 100% de nuestros acreedores, pero dentro de la legalidad, de la equidad y de la legitimidad.»
Cabe comparar este manejo soberano y responsable de la deuda con las recomendaciones de pago –en las condiciones que estableció Griesa– que realizaron varios candidatos presidenciales, quienes en su mayoría pasaron por el Coloquio de IDEA. Se diferencian así, una vez más, los dos proyectos de país.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 26 de octubre de 2014.