La férrea estrategia del gobierno nacional sigue mostrándose efectiva en esta etapa decisiva del litigio. A los renovados apoyos políticos del ámbito regional y multilateral, se suma la carta enviada a la presidenta Cristina Fernández por el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, expresando la «cercanía del gobierno italiano con el esfuerzo argentino» ante el conflicto judicial con los fondos buitre. Cabe destacar también la actitud de grupos de bonistas reestructurados que, ante distintas instancias ya han iniciado acciones judiciales por no haber podido cobrar los fondos que el gobierno argentino depositó en las cuentas del Bank of New York Mellon (BoNY).
También el banco JP Morgan, encargado del pago de los títulos de deuda argentina en yenes, envió una carta al juez Thomas Griesa solicitando «una clarificación» para poder enviar los fondos a sus clientes. El JP Morgan argumentó que el pasado 24 de junio recibió una carta de los fondos buitre, entre ellos Aurelius, recordándole que mantuviera el dinero inmovilizado para «no violar la orden», de acuerdo con el fallo de febrero de 2012.
El BoNY está solicitando también definiciones a Griesa sobre los fondos retenidos, en especial sobre aquellos con legislación inglesa, sumándose a similares solicitudes de Euroclear y Clearstern (cajas de valores europeas), y de fondos de inversión como Fintech. Las entidades tratan de cubrirse de los planteos judiciales de parte de los bonistas reestructurados que están esperando recibir su pago ya depositado por Argentina.
Se realizó el viernes pasado una segunda reunión entre el mediador designado por el juez, Daniel Pollack, y representantes del gobierno argentino, quienes entregaron material para reforzar las mismas posturas que, en la primera reunión con Pollack, sostuvo el ministro de Economía Axel Kicillof, al explicitar las imposibilidades para cumplir con el fallo, y la necesidad de suspender la sentencia («stay»), para que se liberen los pagos correspondientes a los intereses de los bonos que ingresaron en los canjes, una petición que por el momento ha sido denegada pero que resulta indispensable para poder negociar sin presiones.
Por su parte, en la semana los fondos buitre reforzaron su artillería mediática con la intención de mejorar su negativa imagen. La American Task Force Argentina (ATFA) es una alianza de organizaciones estadounidenses –principalmente agrícolas y ganaderas, más unas pocas financieras– liderada por el fondo Elliot (propiedad de Paul Singer), cuyo exclusivo objetivo es realizar acciones judiciales y mediáticas para alentar al gobierno estadounidense a «perseguir vigorosamente» un acuerdo negociado con Argentina, a favor de los intereses de los norteamericanos poseedores de la deuda defaulteada en 2001, según reconoce en su página web. La ATFA publicó una solicitada en la cual acusa a nuestro país de «negarse a negociar y elegir el camino del default». La respuesta de las autoridades argentinas fue contundente, señalando que en «una nueva demostración de su ‘modus operandi’, los fondos buitre injurian y amenazan públicamente a Argentina. Su objetivo: extorsionar al país para obtener una ganancia de más de 1600% a costa del bienestar de nuestro pueblo.» Hasta llegó a realizar el último jueves una presentación en el Congreso estadounidense, junto con la Asociación de Ganaderos de Estados Unidos, a fin de presionar políticamente para que se impida la apertura de las exportaciones argentinas de carne a dicho país, según advirtió nuestra Cancillería.
En la solicitada que desparramó el lobby buitre, «los hechos de la disputa sobre la deuda argentina», se trata de instalar la idea que nuestro país está eligiendo el camino del default, una lógica que se ve refutada por la adhesión voluntaria del 92,4% en los canjes de 2005 y 2010, por la renegociación de la deuda con el Club de París y el acuerdo con Repsol por la expropiación de las acciones de YPF. También por la afirmación tajante de las autoridades argentinas, una vez validado el fallo Griesa, de que nuestro país tiene una voluntad clara de cumplir con el 100% de sus acreedores en condiciones «justas, equitativas y legales». Características que están muy lejos de la naturaleza que subyace a los buitres, auténticos extorsionadores financieros que en todos estos años han interpuesto más de 900 causas judiciales, todas ganadas por nuestro país, salvo el aludido fallo de Griesa.
Otro de los argumentos presentados por la ATFA asevera que la extensión del fallo al resto de los holdouts llegaría a U$S 7500 millones y no a los U$S 15 mil millones como sostiene nuestro gobierno, afirmando que «Argentina puede negociar un acuerdo sin afectar sus reservas de manera significativa». Omiten deliberadamente que una mejor oferta a los holdouts podría activar el reclamo del 92,4% de los bonistas que entraron al canje (cláusula RUFO), involucrando un monto de, como mínimo, U$S 120 mil millones, cifra que algunos estiman en U$S 500 mil millones, según reconoció el Ministerio de Economía. Son números concretos, que muestran la estrategia de los buitres para seguir presionando al gobierno y obtener el máximo lucro a partir de la especulación financiera.
La puesta en escena incluye otro argumento que no resiste los archivos, ya que los buitres señalan que estarían dispuestos a «otorgarle mayor tiempo a la República», algo que no se condice con la negativa a la solicitud argentina de reinstalar el «stay», y mucho menos con las palabras de Robert Cohen, abogado del fondo buitre NML Capital, quien sostuvo: «Estamos preparados para sentarnos si quieren hablar sobre esto. Pero sin dar ninguna concesión sobre su obligación de pagarnos los U$S 1400 millones de dólares que están frente a la Corte ahora», según consta en la publicación que la Presidencia de la Nación hizo en los medios con el título «Fondos Buitres: Los hechos demuestran que no es mito que sean Buitres», en clara respuesta a la solicitada de la ATFA.
También es preciso subrayar el acompañamiento de la gran mayoría del arco político, que evitó cualquier contacto público con el lobby de la ATFA, que en la semana sobrevoló estas tierras tratando de ganar apoyos para reforzar la presión sobre la opinión pública local. Asimismo, cabe señalar las críticas de acérrimos opositores al gobierno nacional a la misión buitre, lo que indica cuán instalada está la idea de que esta es una cuestión de soberanía nacional que excede al gobierno de turno y que por lo tanto requiere los apoyos de la mayoría de los sectores, independientemente de su filiación política. No obstante, fue muy difundido el almuerzo de autoridades de la ATFA en Buenos Aires con varios medios opositores al gobierno, y no faltó algún que otro analista mediático que recomendara cerrar la negociación lo antes posible.
En materia parlamentaria, en la semana, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que ya obtuvo media sanción del Senado, «que establece la inmunidad para ejecución o embargo de activos para bancos centrales extranjeros, pero que obviamente es una ley que establece reciprocidad de trato y equivalencia de trato para los activos de bancos centrales», según expresó el jefe de Gabinete. Se trata de una actualización de las inmunidades soberanas adecuando la normativa a legislaciones que ya están en vigencia como las de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Singapur y Australia, entre otros. Las disposiciones de la ley que recibió la media sanción deberán ser instrumentadas a través de la suscripción de convenios bilaterales.
Evaluando el comportamiento de los mercados, que suelen moverse según las estimaciones y especulaciones de los agentes, y comparando los valores del viernes último con los previos a la decisión de la Corte Suprema estadounidense del 16 de junio, se observa que los títulos con legislación Nueva York cerraron en niveles similares a los de aquel momento, mientras que el Merval evidenció un aumento del 9 por ciento. Otro dato que evidencia las expectativas positivas en la economía es que las reservas internacionales se incrementaron en cerca de U$S 800 millones en ese período.
Todo indica que la estrategia seguida por el gobierno argentino es inteligente y adecuada, tomándose los tiempos necesarios, poniendo en tensión a las entidades financieras que están reteniendo los fondos depositados por Argentina para el pago a sus acreedores y decidiendo negociar sin aceptar ningún tipo de extorsión.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 13 de julio de 2014.