Las distintas discusiones y los proyectos que se vienen dando en el marco del Diálogo Social que comenzó en Río Gallegos, se expresan en medidas concretas, entre las que pueden citarse, esta semana, la sanción de la Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, así como el plan de pagos de la AFIP, políticas auspiciosas, pero que además indican claramente la gran lejanía de las acciones del gobierno de cualquier imputación de seguir el ideario ortodoxo.
Con la Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, que establece descuentos en las alícuotas de las contribuciones patronales para las MiPymes que regularicen trabajadores, fuentes oficiales prevén que se logrará regularizar a 650 mil trabajadores en dos años, 300 mil de ellos en el primero. Significa una ampliación de derechos para estos trabajadores, que van a formar parte de las convenciones colectivas de trabajo y tendrán, como base, los salarios mínimos que estas convenciones establecen, que en la inmensa mayoría parten de pisos de una vez y media el salario mínimo, vital y móvil.
Resalta el eje sancionatorio del proyecto de ley, que dispone crear un registro de empresas que no cumplen con las regulaciones laborales, lo cual es dar un paso adelante para combatir aquello que todos dicen que hay que combatir: el trabajo informal. Este se combate, entre otras cosas, aprobando leyes como la que se acaba de sancionar esta semana, que impide que el empresario que incurre en fraude laboral, reciba beneficios de los distintos programas de fomento estatal que se han diseñado.
Para analizar el impacto previsional de esta nueva norma, son relevantes los datos de la estructura del financiamiento de la ANSES pues indican que, como siempre sostuve, en la medida en que la economía crezca, y se creen y formalicen más puestos de trabajo, esa es la mejor garantía del futuro de nuestros jubilados. Según los datos brindados por la presidenta, Cristina Fernández, sólo el 60% de los fondos de la Anses proviene de aportes y contribuciones; hay un 17,5% que viene del IVA; un porcentaje similar, el 16,6%, deriva del Impuesto a las Ganancias, y el resto de otros impuestos. Esta composición de los recursos de la Anses nos permite reflexionar sobre la necesidad de lograr una mayor progresividad tributaria.
Cabe mencionar que la sanción de esta ley debe entenderse también en el marco de la ley de 2008 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, la de 2011 de Régimen de Trabajo Agrario y las de 2013 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y la ley que instala en el Código Penal la prisión por utilización del trabajo infantil. Todas ellas, leyes que se enfocan en los sectores de mayor informalización y precarización laboral, características que suelen darse en forma conjunta.
Otro de los anuncios, también emergente del Diálogo Social, estuvo vinculado a la implementación de un plan de facilidades de pago para deudas impositivas que los contribuyentes hayan mantenido con la AFIP hasta el 31 de marzo, incluyendo obligaciones de la seguridad social, aduaneras y otras como Ganancias o monotributo. En estas categorías figura algo más de 1,2 millones de contribuyentes, que podrán acceder a programas de pago de hasta 24 meses, a una tasa de interés mensual del 1,9 por ciento. Por su parte, también se incrementó el tope de facturación considerado para que las pymes participen de los Miniplanes, que son los programas permanentes de financiación del IVA en seis cuotas. En concreto, el límite pasó de diez a 30 millones de pesos para las empresas de servicios, y a 50 millones para las demás actividades.
Con un horizonte de mediano plazo, con estas facilidades, que no implican quita alguna de capital, se trata de regularizar las deudas tributarias. En lo inmediato, se apunta a aliviar la situación de algunas empresas y mantener los puestos de trabajo, en una coyuntura de moderación en las ventas. Por caso, uno de los requisitos para que las empresas puedan acceder a los beneficios radica en que no disminuyan sus puestos de trabajo durante el plazo que duren las facilidades. Este tipo de requisitos es consistente con la visión utilizada en la Ley de Promoción del Trabajo Registrado, y se contrapone claramente con el Estado prebendario y neoliberal característico de otras épocas.
La decisión fue bien recibida desde diversos sectores empresarios, como la Confederación General Empresaria (CGE), la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) e incluso la UIA, que a través de su titular, Héctor Méndez, señaló que «el Estado muestra que nos escucha y tiene sensibilidad ante los problemas del sector».
Una cuestión que ha estado en debate es el impacto de las altas tasas de interés sobre la demanda de crédito, tanto de las personas como de las empresas.
Esta consideración no puede dejar de tener en cuenta los distintos programas de financiamiento, que impactan positivamente en la economía, y que poseen cualidades de fomento, tanto en tasas como en las condiciones de plazo y comisiones, y son verdaderas herramientas contracíclicas y de promoción. Desde la Línea del Bicentenario, pasando por el recientemente creado Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (FONDEAR), la financiación provista por el Pro.Cre.Ar y la Línea de Crédito para la Inversión Productiva (LCIP), implementada a través de la normativa del BCRA.
El FONDEAR constituirá un gran fideicomiso para ampliar y flexibilizar la oferta de créditos para proyectos estratégicos, tecnológicos y economías regionales, que será instrumentado a través del Banco Nación y contará con un financiamiento de $ 10 mil millones. El Programa del Bicentenario, para inversión a largo plazo instrumentado por el BCRA, alcanzó los $ 6300 millones en abril pasado.
El programa más voluminoso en cuanto a recursos financieros desembolsados hasta el momento es la Línea de Crédito para la Inversión Productiva, a la cual los bancos deben asignar una porción determinada de sus depósitos en cada semestre. En junio de 2014, cuando finaliza el cuarto tramo de esta línea, se estarían destinando unos $ 78 mil millones en créditos, cerca del 15% de los depósitos actuales del sector privado. A diciembre pasado, el 57% de la LCIP fue otorgada a pymes; en cambio, en este semestre la totalidad de la línea se debe aplicar a pymes a una tasa del 17,50%, con la posibilidad de asignar hasta el 50% del cupo a grandes empresas, previa aprobación del BCRA, y a tasas de mercado. Además, el BCRA decidió asignar parte de esta línea al descuento de cheques de pago diferido de MiPymes, un 10% del cupo total por mes, comenzando en marzo, con un límite total del 30% hasta mayo, cupo que deberá mantenerse hasta junio. Esta fue una decisión inteligente y oportuna, porque el descuento de cheques –modalidad que las pymes utilizan para financiar el giro de negocios– sufrió un fuerte aumento de tasas, y de esta forma se establece una ventana para obtener esa financiación a una tasa de interés muy conveniente para este sector.
Cabe recordar que esta línea se ha creado gracias a las nuevas facultades otorgadas al BCRA por la Carta Orgánica votada en 2012, que le permite una amplia regulación de las condiciones del financiamiento en el sistema financiero, tema que se está discutiendo en la sociedad, respecto de algunos segmentos en los que se han observado fuertes aumentos, tanto de las tasas de interés, como del costo financiero total (que mide el impacto de la tasa de interés más todos los costos asociados al crédito), por ejemplo, en los préstamos a las personas, sea en forma directa o a través del financiamiento con tarjetas de crédito.
En resumen, estamos ante un Estado activo y presente en la gestión de los temas económicos y sociales, que no encaja con el pretendido aislamiento que intentan instalar algunos analistas, sino que se encuentra interactuando activamente con los distintos actores sociales, y generando políticas activas consensuadas y de previsible impacto positivo.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 25 de mayo de 2014.