A partir del importante rol que han desempeñado las políticas económicas del gobierno nacional, y muy a pesar de los que añoran volver a la lógica noventista que favorecía a unos pocos, nuestro país ha podido sortear los principales escollos que presenta un contexto internacional complejo y cambiante.
En particular, luego del amesetamiento de la actividad económica verificado entre julio de 2011 y junio de 2012, desde octubre del año pasado se ha observado una fuerte recuperación del nivel general de actividad. No obstante, para no caer en la trampa de contentarse con los promedios, hay que decir que existen diferentes desempeños para los diversos sectores de la actividad económica.
Esta situación revaloriza la necesidad de seguir diseñando estrategias cada vez más profundas, para darle solución a problemas de tipo sectorial, destinando más recursos, y no menos, para la implementación de políticas públicas. Se trata de una condición indispensable para poder seguir creciendo, conjuntamente con la mejora en la distribución del ingreso.
De hecho, se ha ido avanzando en la formulación de estrategias tanto a largo plazo, como el Plan Estratégico Industrial 2020, o a más corto plazo en los recientes ámbitos de discusión del reciente diálogo entre gobierno, sindicalistas y empresarios, tratando en este caso de destrabar algunos problemas que están afectando a determinados segmentos de la producción y el consumo.
Forma parte de la misma lógica que explica el despegue de ciertos sectores, golpeados tiempo atrás, como el de la construcción, que en septiembre mostró un repunte del 7,4% respecto de un año atrás. Este hecho no está desvinculado de la implementación de herramientas públicas como la Línea de Crédito para la Inversión Productiva, o el Plan Procrear, que derivaron en la mejoría de un sector que posee una clara incidencia en la generación de empleo, directo e indirecto. Por caso, el Plan Procrear explicó un 45% de los despachos de cemento durante este año. Son números contundentes que reflejan la impronta positiva de las políticas públicas.
Mientras el gobierno nacional lanza planes de vivienda a través del Pro.Cre.Ar con menor tasa a menor ingreso, entre el 2,5% y el 16,5% anual, el Gobierno de la Ciudad, a través de su banco oficial, lanza préstamos hipotecarios para la vivienda indexados por el índice de precios que ellos calculan. Una nueva 1050, por la que el deudor, luego de pagar las 12 cuotas iniciales, estará debiendo un saldo un 23% más alto que el monto recibido al inicio, y así seguirá creciendo su deuda en los siguientes años. Esta comparación evidencia rotundamente los dos modelos en disputa, uno que privilegia el bienestar social, mientras que el otro prioriza la rentabilidad financiera.
RESTRICCIÓN EXTERNA. En otro plano, uno de los desafíos más importantes que tenemos por delante se vincula a una situación que ya nos ha tocado vivir en otros momentos de nuestra historia, el denominado proceso de «contención-arranque», también conocido como restricción externa.
Ante cada etapa de crecimiento económico, en especial durante el período sustitutivo de importaciones (ISI) que funcionó entre los treinta y los sesenta del siglo pasado, la industria demandaba gran cantidad de insumos y bienes de capital importados, con lo cual se llegaba a un estrangulamiento (saldo negativo) de la balanza comercial, que terminaba en una devaluación.
Los requerimientos importadores de la industria resultan una deficiencia estructural que ha persistido en el período iniciado en 2003, sólo que no generó efectos negativos debido al fuerte incremento del precio de nuestras exportaciones, junto con un relativamente estable precio de las importaciones. Este aumento de los términos del intercambio permitió incrementar las cantidades importadas significativamente y, por lo tanto, el crecimiento industrial. Si los precios de 2004 se hubieran mantenido constantes, en 2012 las exportaciones hubieran alcanzado los U$S 50 mil millones; sin embargo llegaron a los U$S 80 mil millones por los incrementos de los precios.
Dado que se espera, según lo establecen distintos organismos internacionales, que los precios de las materias primas agrícolas se mantengan en los niveles actuales, más allá de la alta volatilidad que suelen tener, los requerimientos futuros de mayores importaciones deberán sostenerse con mayores exportaciones, para no entrar en un proceso de reducción de saldos positivos del balance comercial.
Este proceso de aumento de precios de las exportaciones que estamos describiendo es denominado por muchos como «viento de cola» y algunos economistas y políticos lo responsabilizan en exclusividad del crecimiento de la economía. Como se expresó en la columna del domingo pasado, según datos de la Cepal, en Argentina el «viento de cola» sopló con baja intensidad en comparación a otros países de Latinoamérica, pues sólo generó el 19% del crecimiento entre 2004 y 2012; el 81% restante del crecimiento fue gestado gracias a las políticas públicas, una cuestión que debe enfatizarse, en especial ante aquellos que niegan el impacto del accionar del gobierno.
Cabe destacar que la solución al tema de la restricción externa no se encuentra, como se resolvía en los procesos de contención–arranque, a través una devaluación de magnitud. La flotación administrada es la apropiada para gestionar el tipo de cambio, y hemos visto cómo el Banco Central este año ha incrementado el ritmo de depreciación, para adecuar el valor de la moneda a las necesidades de la economía real.
Las tensiones que surjan del crecimiento sobre el sector externo deben ser abordadas con políticas específicas de fomento, en especial las orientadas a una inteligente sustitución de importaciones y a la producción de bienes con alta tecnología.
En este contexto, las medidas de administración de divisas que se han venido tomando desde octubre de 2011 resultan esenciales, y requieren continuamente un inteligente manejo para encarar las acciones elusivas que realizan los mercados y los individuos.
Las estrategias deben estar enfocadas a incrementar la competitividad de la producción argentina. En este tema, suele no darse la relevancia correspondiente al fuerte impacto positivo de los subsidios a los combustibles y la energía. Según datos de la Cepal, mientras que en Argentina el gas para la industria se paga U$S 4,5 por millón de BTU (unidades térmicas), en Brasil cuesta U$S 15. Igual sucede con el precio de la electricidad, U$S 57 el MWh en nuestro país respecto a U$S 131 en el vecino.
Han sido muchos los logros obtenidos y, aunque algunas medidas han tenido una menor eficacia, el saldo es ampliamente favorable: reestatización del sistema previsional, de Aerolíneas e YPF, Asignación Universal por Hijo, actualización automática de haberes previsionales, los mencionados planes de fomento a la inversión y la construcción, la reforma a la Carta Orgánica del BCRA y la nueva ley del Mercado de Capitales, entre muchas otras.
Queda aún mucho por avanzar y se requieren más políticas reguladoras, que además deben ser aplicadas con la necesaria sintonía fina, lo cual demanda de un aprendizaje en el Estado, luego de su fenomenal desarticulación durante la dictadura y especialmente en los noventa, al calor de las ideas neoliberales.
El listado de cuestiones tratadas es un indicador más que evidencia que el camino adoptado es el único que puede garantizar la continuidad del crecimiento con equidad que se ha venido dando en esta última década, proceso que requiere la necesaria profundización de este mismo camino.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 3 de noviembre de 2013.