El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó el Presupuesto para 2014, que posee algunos datos interesantes: analiza las perspectivas económicas para el año entrante en sólo una página y media, de donde se deduce que el Producto Geográfico Bruto de la Ciudad (el PBI de las provincias) crecerá sólo el 1%, en clara contradicción con la previsión de crecimiento del PBI nacional del 6,2% que contiene el Presupuesto de la Nación. En este proyecto la suba general de precios sería del 24% y las remuneraciones al personal, que representan casi la mitad del gasto total, aumentarían el 22,8%, es decir, por debajo de la inflación prevista por ellos mismos. Estos parámetros evidencian cómo el ideario conservador del gobierno de la Ciudad intenta poner en cuestión los datos del gobierno nacional.
El gasto en intereses aumenta un 69%, y se proyecta un déficit financiero de cerca de 1000 millones de pesos, algo menor al déficit con el que se prevé cerrar este año, cuentas en rojo que tienden a aumentar la deuda.
Con respecto a los ingresos, se plantea un aumento máximo del impuesto inmobiliario de hasta el 40%, casi el doble de la inflación presupuestada, que se suma a un aumento del 89% de la recaudación por ABL en 2012 y de más del 22% en 2013. Todo un manotazo al bolsillo de los porteños.
Analizando las cuentas de transporte, cuyo presupuesto se reduce en 2014 respecto al previsto para este año, se puede deducir que está implícito un aumento de la tarifa del subte a $ 3,50, incremento que fue frenado por un fallo judicial y que el PRO desea implementar lo antes posible.
El endeudamiento, en especial en moneda extranjera, es una debilidad del gobierno macrista; medida en dólares, la deuda a septiembre de 2013 es casi tres veces la que existía a fines de 2007, y hoy el 90% está expresado en moneda extranjera. Además, el Presupuesto prevé ampliar el financiamiento en dólares, dado el déficit que arrojarán las cuentas de 2014. El plan endeudador de Macri ha tenido su primer tropiezo: en la semana, el gobierno de la Ciudad no pudo obtener la autorización de la Legislatura para endeudarse por U$S 190 millones con un banco chino, para la adquisición de coches de la línea A de subtes.
El proceso de discusión del Presupuesto se da en medio de denuncias por sobreprecios en el Metrobus de la 9 de Julio. El diario La Nación informó que mientras el Metrobus Sur (Puente La Noria-Constitución) costó $ 9,7 millones por cada kilómetro construido, el de la 9 de Julio costó la friolera de $ 65 millones por kilómetro. El auditor general de la Ciudad, Eduardo Epszteyn, observó, entre otras cuestiones, diferencias de precios de más del 100% en el mismo producto entre las obras de Metrobus Sur y la 9 de Julio. Cada vez resulta más difícil hacer oídos sordos a los desaguisados de la gestión Macri. En la nota de La Nación (29/09/13) en la cual se analizan los distintos sobreprecios, el editor opina que «las superfluas justificaciones para los gastos en estas obras (referidas a las despreocupadas declaraciones de los funcionarios de la Ciudad entrevistados en la nota) no se condicen con la pulcra imagen administrativa de la gestión Macri». Una imagen de pulcritud que, a esta altura de la gestión, es sólo parte del relato del PRO y sus promotores.
En la semana, el inefable juez de colonias Thomas P. Griesa volvió a satisfacer el pedido de los fondos buitre, «advirtiendo» al gobierno argentino, y a otros importantes actores financieros, que cualquier decisión que se tome de pagar la deuda a los bonistas que ingresaron al canje, en cualquier otra jurisdicción distinta a Nueva York, será tomada como una desobediencia a la orden del tribunal. Rápidamente salió un coro de cortesanos vernáculos, supuestos expertos en estos temas, para mostrarse preocupados por la decisión. Sin embargo, el escrito «no agrega ningún elemento nuevo a la causa ni al proceso judicial», según declaró el secretario de Finanzas de la Nación. En realidad, es una declaración de un juez que se empecina en prestar atención a las declaraciones políticas de funcionarios argentinos, interpretándolas llamativamente siempre a favor de los buitres. En este caso fue el discurso de la presidenta argentina cuando comunicó la presentación del proyecto de ley de reapertura del canje, que luego fue aprobado por amplia mayoría en el Congreso Nacional.
Actitudes como la del juez Griesa parecen no influir en los empresarios que piensan en el largo plazo; durante la semana se conoció la intención de la empresa Bridas de utilizar U$S 500 millones de fondos declarados que posee en el exterior para comprar Baade, el bono para la inversión energética, y aplicar esos recursos en la formación Vaca Muerta. Dado que este bono brindaría importantes beneficios a los que lo suscriben, resulta más atractivo comprar los bonos que realizar una operación ordinaria de ingreso de divisas. Son cada vez más las empresas que deciden invertir en recursos no convencionales, decisión valorada, teniendo en cuenta que la actividad hidrocarburífera está declarada como de «utilidad pública», situación muy lejana a la total desregulación con que se manejó el sector en la década de los noventa.
Entre las medidas de la semana, la presidenta Cristina Fernández decidió prorrogar el plazo para la exteriorización voluntaria de activos en moneda extranjera dispuesta por la Ley 26.860, que finalizaba originalmente a fin de septiembre de 2013. Hasta ese momento se exteriorizaron U$S 379 millones, resultado sin duda influenciado por el compromiso de diputados de la oposición de dejar sin efecto la ley si tuvieran las mayorías parlamentarias correspondientes, mientras que gobiernos federales como el de la Ciudad de Buenos Aires y el de la provincia de Córdoba indicaron que cobrarían impuestos de Ingresos Brutos y Sellos al incremento patrimonial fruto de la exteriorización.
La situación de cierre del gobierno en los Estados Unidos resulta un interesante hecho para la reflexión ante el proceso eleccionario que estamos transitando en nuestro país. Los legisladores republicanos bloquearon la posibilidad de sancionar el Presupuesto para el período fiscal que comenzó este mes, produciendo desde el lunes el cierre del gobierno federal. La medida en disputa es el plan de salud de Obama, la reforma más importante de los últimos 50 años, que extendería la cobertura de salud a gran cantidad de estadounidenses, que deberán contratar un seguro. Desde que fue aprobada en 2010, los republicanos han votado en más de 40 oportunidades para demorarla o eliminarla. En esta ocasión han utilizado la aprobación del Presupuesto como ariete para combatir una de las reformas principales del presidente electo por el voto de la mayoría de los estadounidenses, que formó parte de su plataforma electoral. El presidente Barack Obama declaró que no va a ceder al chantaje político, y dijo que «los republicanos deben entender que no pueden tener al país de rehén por cuestiones ideológicas… millones de norteamericanos mueren o se van a la bancarrota por no tener servicios de salud». No es la primera vez que se produce el cierre del gobierno, ya sucedió en otras 17 oportunidades, pero cada día que pasa se causa un mayor deterioro, en momentos en que la economía se encuentra muy debilitada. Peor aún será si no se aprueba la ampliación del techo de deuda antes del 17 de octubre, momento en que el gobierno estadounidense entraría en una virtual cesación de pagos. Más allá de las preocupantes consecuencias económicas que la no resolución de estos temas pueda tener en la economía estadounidense y en la mundial, queda claro cómo la oposición, dirigida por la minoría radicalizada del Tea Party, puede condicionar a un gobierno electo para que no pueda cumplir con los objetivos para los cuales lo votó la mayoría del pueblo. Lo expresó claramente la presidenta Cristina Fernández este viernes al referirse a la situación en Estados Unidos: «Se está extorsionando, como muchas veces sucede aquí, y lo digo con todas las letras.» Si tomamos además el voto de confianza del Parlamento italiano que debió requerir el primer ministro Enrico Letta, queda clara la importancia de las mayorías parlamentarias para que el Poder Ejecutivo pueda desarrollar su plan de gobierno, algo que la ciudadanía argentina deberá tener en cuenta a la hora de emitir su voto.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentina el domingo 6 de octubre de 2013.