La decisión de reabrir el canje de deuda externa y suspender la «ley cerrojo» a través de un proyecto, que ya se encuentra en tratamiento en el Senado de la Nación, revalida la vocación de pago que expresó la República Argentina desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner, dentro de las políticas soberanas determinadas por nuestro país, y es una respuesta contundente y clara a las autoridades judiciales estadounidenses. Jueces que han venido fallando en relación a las demandas del 0,45% de los tenedores de deuda, con potenciales daños sobre una gran parte del 93% de los tenedores que ingresaron al canje, sobre las condiciones de sustentabilidad financiera de nuestro país, y también con repercusiones negativas en las futuras reestructuraciones de deuda soberana de otras naciones.
El proyecto de reapertura del canje ha tenido una amplia aceptación por parte de asociaciones empresariales, organizaciones sociales e incluso por parte de algunos partidos de la oposición.
Se prevé también no generar un pago en mejores condiciones que las ofrecidas a los bonistas que entraron en los canjes 2005 y 2010; decisión acertada dado que no sería equitativo, y además porque estos podrían reclamar esas mejoras, lo que impactaría negativamente sobre la política de desendeudamiento del país.
Cuando salió el fallo del juez Griesa comenté que es un fallo de colonias, en el queun juez distrital dicta una resolución que debería ser cumplida por un país soberano, y ahora es ratificado por la Cámara de Apelaciones del mismo distrito, utilizando incluso el irrespetuoso apelativo de «deudor recalcitrante» para nuestro país. No obstante, muchos economistas de la oposición determinan que se llegó a este resultado por los desaciertos del gobierno.
El diputado Alfonso Prat-Gay está preocupado por la concesión del beneficio de los cupones PBI al7% de los acreedores que podrían entrar al canje, y se pliega también al concepto de otros muchos economistas que critican los canjes de 2005 y 2010, desconociendo que posibilitaron aplicar políticas independientes, sin el yugo de una deuda que erosionaba la economía, pudiendo así consolidar un modelo económico, político y cultural de crecimiento con inclusión social, que tiene al Estado como un actor principal de las políticas de fomento.
El flamante candidato a diputado Martín Lousteau, ex ministro de Cristina Fernández, llega incluso a criticar el pago al FMI (La Nación 29-08-13), que permitió liberarnos de los condicionamientos del organismo que hoy están sufriendo muchos países de la periferia europea. Expresa que «la deuda no es intrínsecamente buena o mala», con lo cual para este economista no existe la usura, y bajo su concepto los acreedores serían inimputables, mientras que las fallas y errores serían exclusividad de los deudores; neoliberalismo puro que se intenta disfrazar de una corriente progresista o de centroizquierda.
¿Acaso la deuda que contrajo DomingoCavallo en el Megacanje de 2001 con tasas en dólares superiores al 20% es correcta? ¿Se le puede pedir a un país que pague semejantes tasas? La respuesta a ambas preguntas es un rotundo «no». Pero parte de esos bonos con exorbitantes tasas están en poder de los fondos buitre y sobre ellosel juez Griesa decide, y la Cámara ratifica, que se deben pagar íntegramente.
Es sabido que muchas veces los acreedores prestan mal, ya sea por impericia, encandilados por una promesa de jugosas ganancias, o, en el caso de las deudas soberanas, para mantener la dependencia del deudor y obtener beneficios adicionales de su sumisión.
Todos los críticos terminan en la misma reflexión: deberíamos habernos endeudado para cerrar con el Club de París y para cancelar las deudas con los bonistas; lo que no dicen esque ello sólo hubiera sido posible pagando altísimas tasas, ya que sólo en un breve período durante el primer semestre de 2007, el riesgo país bajó a niveles mínimos hasta que estalló en septiembre de ese año la crisis financiera cobijada por las hipotecas de baja calidad estadounidenses.
La propia Presidenta de la Nación alertó que “hay gente que tal vez vuelva a pensar que sea un buen negocio endeudar a la Argentina”, para aclarar que fue un buen negocio sólo para algunos pocos. Una buena calificación de las intenciones de muchos políticos y economistas que critican el canje de deuda.
POLÍTICA ANTICÍCLICA CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS. El último martes se llevó a cabo una nueva reunión del diálogo fomentado por la presidenta Cristina Fernández, en la que se realizaron anuncios importantes en torno a algunos de los principales ejes tratados en el encuentro de Río Gallegos, lo que mostró una rápida capacidad de respuesta de las autoridades nacionales.
Casi todos los comentarios sobre lo que dejó el encuentro se posaron sobre la modificación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y sobre un supuesto “espíritu electoralista”, idea fogoneada por ciertos políticos locales que se encuentran en campaña, querápidamente salieron aadjudicarse el logro y no dudaron en omitir la existencia previa de una cantidad de proyectos importantes en la materia, muchos de los cuales quedaron reflejados en las nuevas disposiciones emanadas del Ejecutivo.
Estos profesionales de la crítica están imposibilitados de reconocer que los cambios anunciados forman parte de una estrategia consistente, que ya lleva una década y no un par de meses, y que apunta por sobre todo a «seguir consolidando la redistribución del ingreso», como dijo recientemente la presidenta. Es en esta clave que hay que hablar de los cambios en Ganancias, aunque también de políticas de ingresos como la Asignación Universal por Hijo y de la actualización de los haberes jubilatorios y el salario mínimo vital y móvil. Todas estas medidas forman parte de un rumbo, valorado por la mayor parte de la sociedad, que avizora su continuidad a futuro.
En lo específico del anuncio relativo a Ganancias, tras las modificaciones, el nuevo mapa muestra que el 90% de los trabajadores quedará directamente afuera del tributo, mientras que los que ganen entre 15 mil y 25 mil pesos, en el caso del trabajador soltero, pagarán desde un 12 y hasta un 26% menos de impuesto, mientras que para el casado con dos hijos la merma irá desde el 21 al 60 por ciento. Además se incrementan los rangos para el cobro de la asignación familiar, por lo que a partir de ahora habrá 865 mil chicos más que pasarán a cobrarla, totalizando 4,7 millones de menores.
En términos fiscales el gobierno dejaría de recaudar unos $ 4500 millones, aunque este monto se compensará, en parte, por el cobro adicional de los impuestos ligados al mayor consumo previsto. Más importante aún es que se propone eliminar algunas de las exenciones vigentes a la renta financiera, una asignatura pendiente heredada de los años del neoliberalismo. Así, el Poder Ejecutivo elevó al Congreso un proyecto para gravar con una alícuota del 15% las ganancias por la compraventa de acciones y títulos que no coticen en Bolsa, incorporando también a los sujetos del exterior, liberados del pago a través de un decreto del año 1991, firmado por CarlosMenem y Cavallo. También se agregó una imposición del 10% al reparto de dividendos en cabeza de las empresas. Más allá del efecto positivo que tengan estos dos cambios sobre la recaudación, cercano a los $ 2000 millones, la medida sobresale por su espíritu netamente progresivo en términos de distribución del ingreso.
Como fue mencionado en el decreto presidencial, el paquete de medidas es parte de las herramientas contracíclicas adoptadas, que resulta conducente al fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y, con ello, a la consolidación de la demanda y el mercado interno.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 1 ero de septiembre de 2013.