La Bolsa de Comercio de Buenos Aires es un lugar emblemático. La presidenta Cristina Fernández encaró esta semana la descripción de las políticas productivas de su gobierno en el mismo lugar en el que en marzo de 2001 el ex Ministro López Murphy (acompañado por su Secretario de Programación Económica, Federico Sturzenegger y el resto del gabinete) obtuvo una entusiasta acogida a su luego fallido plan de reducción de gastos, principalmente en educación, apoyo que no conseguía de gran parte de la clase política y de la sociedad.
El discurso de Cristina, en el acto por el 159º aniversario de la Bolsa, abordó la reglamentación de la Ley del Mercado de Capitales, sirvió para hacer un repaso de las políticas de fomento implementadas y para anunciar el próximo aumento de la jubilación mínima en septiembre, que significa un alza anual del 31,78 por ciento.
El eje estuvo puesto en cómo gestar desde la economía y la política una Argentina más inclusiva y que siga incorporando derechos, y en estosobjetivos Cristina fue contundente al señalar: «Yo me voy a sentir completa, no como presidenta, sino como militante, cuando ningún argentino reciba la AUH, sino la asignación familiar que le corresponde como trabajador registrado.» Luego comentó que es necesario incorporar a la discusión por la distribución del ingreso al 32% de los trabajadores «que todavía no está registrado, y que muchas veces es explotado». Es un punto interesante, en especial en estos momentos donde se discute ampliamente el impuesto a las ganancias sobre los trabajadores. Si bien hay que atender el impacto que tiene el impuesto sobre los salarios, aumentando el mínimo no imponible y alargando las escalas (de forma tal que las modificaciones no reduzcan los ingresos actuales), el tema principal para la clase trabajadora es que se reduzca ese 32% de trabajadores no registrados y explotados al que se refirió la presidenta.
La ley que se acaba de reglamentar abolió la autorregulación del mercado de capitales, para que el mismo pase a estar regulado por la Comisión Nacional de Valores. Además, federaliza el mercado, puesto que se propone la conectividad en tiempo real de todas las bolsas, a la vez que fomenta la creación de productos financieros orientados a la inversión real de las empresas, saliendo de la lógica de la especulación que siempre lo caracterizó.
Consistente con esta última idea, Cristina anunció la aprobación del primer fideicomiso de ciencia y tecnología; Argentina será el primer país, después de Israel, donde los inversores podrán comprar cuotas partes de fondos que inviertan en alta tecnología. También se anunció el primer fideicomiso financiero del plan Pro.Cre.Ar, que realiza la ANSES por $ 43.700 millones, una cifra más que significativa y que permitirá seguir avanzando con este plan que está dando vivienda a gran cantidad de familias, a la vez que genera un interesante impulso en la actividad de la construcción.
Con las nuevas regulaciones, se espera que el mercado de capitales esté más cerca de las pymes, y con este objetivo se puso en marcha el sistema de «pagaré bursátil», similar al sistema de cheques diferidos, pero con plazos más extensos, a tres años.
Estos nuevos instrumentos acompañan a las políticas que ya se han implementado, como la llevada a cabo por el Banco Central a través de la Línea de Crédito para la Inversión Productiva (LCIP), que –añadió la Jefa de Estado–, «explica el 45% del crédito a largo plazo de todo el sistema financiero nacional», evaluando que «gracias a esta línea de financiamiento, el crédito a la industria, pasó de representar el 20% al 35%, a un sector generador de valor agregado, de empleo calificado, de crecimiento y de grandeza para todo el país». Por su parte, el Banco Central estima que el aporte de esta línea (LCIP) equivale al 40% del crecimiento interanual de la Inversión Bruta Interna Fija durante el período que va desde julio de 2012 a junio de 2013. Es una política anticíclica de gran importancia, que se suma a muchas otras existentes.
Dentro de estas políticas pueden mencionarse, como lo hizo Cristina en la Bolsa, los subsidios implementados, los que definió como «un gasto que deviene en inversión de competitividad» así como denotó el salario indirecto que significan los subsidios al transporte, al gas y a la electricidad. Esto es así, y, para seguir avanzando, sería deseable que los mismos lleguen a quienes los necesiten, un proceso complejo pero que necesariamente debe comenzar a aplicarse, para mejorar aun más la distribución del ingreso.
Programa «Casa Cara»
Bajo un ideario totalmente contrario al expresado por Cristina Fernández, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires siguen privilegiando intereses particulares y se despreocupan de aquellos problemas estructurales que requieren de una fuerte presencia del Estado, tal como ocurre con el déficit habitacional.
Esto quedó expuesto con la presentación en sociedad del plan «Mi Casa BA», implementado entre el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y el Banco Ciudad. En principio, el IVC aportará sólo $ 200 millones, unos 625 créditos, y luego se recurrirá al fondeo de privados.
El plan consiste en el otorgamiento de créditos hipotecarios para vivienda de hasta $ 1 millón a 15 años de plazo y con una tasa de interés fija del 5%, engañosamente presentada como la más baja del mercado, dado que el monto final que pagarán los deudores se irá ajustando por inflación, según la evolución de una canasta de bienes y servicios de la CABA que elabora el gobierno de Macri, con un importante peso del costo del alquiler.
Así, se comenzará pagando $ 820 por cada $ 100 mil de crédito, y proyectando la evolución de la canasta que se utilizará para ajustar el capital, a los 12 meses la cuota ascendería a los $ 1000; para peor, luego de pagar las primeras 12 cuotas estarían debiendo $123 mil pesos de capital, monto mayor a los $100 mil solicitados. Y con cada cuota que paguen deberán más capital durante una buena cantidad de años. Se trata de una rémora de la fatídica RF 1050, ideada por Alfredo Martínez de Hoz en abril de 1980, que derivó en un impago masivo porque las cuotas llegaban a niveles inalcanzables para el presupuesto de las familias. Ni pensar la carga que podría significar para los deudores una devaluación del 40% como la que propuso el actual presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger.
Macri y su plan hipotecario abrevan en el típico enfoque neoliberal, donde todos los beneficios son para los inversores, a los que se les preserva el valor real de los fondos, y todos los riesgos caen en cabeza de los deudores. Algo muy distinto a las líneas del Plan Pro.Cre.Ar, con tasas bajas, destinadas a las clases populares, y que no están ajustadas por la inflación. Aquí se subsidia fuertemente la adquisición y construcción de la vivienda popular, mientras que en el plan Mi Casa BA se le deja al mercado la solución del problema habitacional de los individuos de menores ingresos.
Mi Casa BA es sólo una gota del mar de políticas conservadoras de Macri, pero ilustra adecuadamente su orientación, y al compararlas con las políticas del Gobierno Nacional, evidencian dos lógicas contrapuestas de interpretar e incidir sobre la realidad. Y eso es lo que efectivamente está en juego, por un lado, el interés por seguir profundizando el modelo que nos ha llevado a la década ganada de los argentinos, y por el otro lado, aquellos que desean volver a los noventa y no hacen otra cosa que poner palos en la rueda, con propuestas generales y carentes de definición, para no poner en evidencia sus verdaderas intenciones.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 4 de agosto de 2013.