No es posible pensar la década ganada sin tener en cuenta las condiciones de partida, caracterizadas por una larga y profunda crisis que se fue gestando al amparo de una ideología conservadora y antipopular, impuesta en sus inicios a sangre y fuego por la dictadura genocida, y perfeccionada luego en los noventa. Así se implementaron políticas de desregulación, apertura y privatización de la economía que buscaron favorecer al gran capital y representaron un duro golpe para la mayoría de la población, con una aguda concentración del ingreso y con niveles de desempleo exorbitantes, que llegaron a tocar el 17,5% a mediados de los noventa, y el 22,6% tras el estallido de 2001.
La apertura comercial indiscriminada a las importaciones y los problemas de competitividad, aunados a la ausencia de políticas públicas destinadas a incentivar a los sectores más perjudicados, barrieron con gran parte del aparato productivo, en particular con las pymes.
El sometimiento a la lógica neoliberal también llevó a altos niveles de endeudamiento público, que en 2001 llegaron al 53,7% del PIB, y con la devaluación se dispararon en 2002 a más del 150% del PIB. Cabe subrayar que semejantes niveles de deuda tenían una clara función de disciplinamiento de los actores económicos internos, en particular del gobierno, hacia los intereses del capital transnacional.
Sin dudas, la nefasta herencia recibida no fue solamente económica. Se trató de una crisis generalizada que abarcó también el plano social, político y cultural. Como repudio a la política imperante en ese momento surgió el desesperanzado grito «que se vayan todos». La crisis social tuvo reflejo en la agudización de la deuda interna, en la reducción del presupuesto de salud y educación, y en la represión de la protesta social. En lo cultural se instalaron las ideas de pensamiento único e individualismo, en contra de valores como la cooperación y la solidaridad.
Partiendo de este entorno, el inicio de la década estuvo definido por un decisivo diseño de las políticas cuyo objetivo fue el crecimiento de la producción a altas tasas para comenzar a recuperar la demanda interna, que terminaría siendo el motor del crecimiento económico, aún en los momentos de desaceleración condicionados por la crisis externa. Este crecimiento acumulado, que duplicó la producción existente en 2002, no hubiera sido posible si simultáneamente no se hubieran desarrollado procesos de inclusión social y de fuerte fomento al trabajo.
Podemos intentar un abordaje del espíritu de la década ganada a partir de las palabras de Cristina, cuando comentó recientemente: «Que nadie espere por parte de este gobierno medidas contradictorias con el corazón mismo del modelo. Éste rechaza todo lo que signifique transferencias de ingresos compulsivas de los sectores mayoritarios hacia unos pocos privilegiados.»
Este comentario debe completarse con el análisis de la evolución de la economía y los logros sociales de estos diez años, que se asientan sobre una intervención decisiva de un Estado comprometido con el proceso de cambios; que desoyó las recomendaciones de los promotores del libremercado, y adoptó un rol protagónico en el impulso y acompañamiento de las transformaciones más relevantes de nuestra realidad cotidiana. También cabe resaltar los valores solidarios que se fomentaron a partir de las prácticas públicas, así como la revalorización del concepto de militancia, tanto social como política.
La fuerte impronta que se le ha otorgado a la integración latinoamericana es una característica indeleble de los últimos años, iniciada con el No al ALCA en Mar del Plata en 2005, y que siguió con la conformación de la Unasur y la Celac.
En el inventario de los sucesos trascendentes se destacan la cancelación de la deuda con el FMI y la reestructuración de la deuda pública, dos medidas esenciales que permitieron la recuperación de niveles de soberanía nacional perdidos en los años aciagos del neoliberalismo. A ello hay que agregar la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y Austral, la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la declaración de utilidad pública de los recursos hidrocarburíferos y la nacionalización de YPF.
Entre la gran variedad de medidas que mejoraron la condiciones sociales debe resaltarse la discusión paritaria de los salarios de los trabajadores, la estatización de las AFJP y la creación de un nuevo sistema previsional de reparto, que permitió duplicar la cantidad de beneficiarios previsionales, incorporando a más de 3 millones de personas, así como posibilitó el financiamiento de la movilidad semestral de los haberes. Otra política esencial es la Asignación Universal por Hijo (AUH), implementada en noviembre de 2009, una de las herramientas sociales más ambiciosas a escala regional, complementada luego con la Asignación para Embarazadas; ambas acaban de recibir un incremento del 35,3%, ampliando el poder de compra de los beneficiarios.
Cabe mencionar también las leyes que se enfocaron a resolver el trabajo esclavo y el trabajo no registrado, como la ley sobre trata de personas y las leyes que prohíben y penalizan el trabajo infantil para menores de 16 años. En 2011 se promulgó el nuevo estatuto del trabajador rural y recientemente se aprobó la nueva ley de trabajadores de casas particulares.
En su discurso de asunción, el 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner expresó: «Es preciso promover políticas activas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico del país, la generación de nuevos puestos de trabajo y una mejor y más justa distribución del ingreso. Como se comprenderá, el Estado cobra en eso un papel principal; es que la presencia o la ausencia del Estado constituye toda una actitud política.» Una visión que se ha visto reflejada en las políticas aplicadas y en los logros obtenidos durante estos diez años de gobierno.
En la actualidad, tanto si tomamos el Estimador Mensual de la Actividad Económica del Indec, como otros indicadores privados, se observa que ambos muestran el número más alto de las últimas décadas, lo que significa que, a pesar del impacto de la crisis internacional en 2009 y en 2012, el nivel de producción continúa siendo muy alto. Esta situación garantiza un elevado nivel de empleo, aunque el mismo siempre requiere atención. Es uno de los principales desafíos de la economía para la próxima década, continuar un crecimiento productivo que genere los puestos de trabajo necesarios para reducir al mínimo la tasa de desempleo, apoyándose además en la recomposición de los ingresos reales de la población. Es fundamental preservar esta dinámica virtuosa de los avances de quienes proponen políticas que han fracasado aquí y en otros muchos países, como la abrupta devaluación de la moneda y el ajuste del gasto y de la economía en general.
Entre los temas a resolver se encuentra la problemática de los aumentos de precios, surgida como consecuencia de la puja distributiva, pero debe dejarse en claro que quienes pujan son los formadores de precios de los mercados oligopólicos para obtener mayor ganancia; los aumentos salariales intentan sostener y recuperar el poder de compra que les corresponde. Se están tomando medidas sobre este tema, que se deberán ir mejorando e intensificando. También hay que pensar en una profunda reforma impositiva progresiva, que por varios motivos resulta necesaria, así como continuar encarando la problemática energética, que es todo un desafío para los próximos años.
Todavía hay mucho por avanzar. Queda pendiente una nueva ley de inversiones extranjeras, para lo cual es necesario ir desarmando los tratados bilaterales de libre comercio que se firmaron en los noventa, y hay que desactivar la adhesión al CIADI, la justicia del Banco Mundial que siempre falla en contra de los países y a favor de las empresas multinacionales. Son cuestiones que exceden el ámbito económico, ya que están fuertemente vinculadas con el ámbito de la disputa política. Lo expuesto resalta la importancia de apoyar la continuidad del actual proyecto, dado que es el único que garantiza no volver a la gestión neoliberal de los noventa, que llevó a nuestro país a una severísima crisis económica, social, cultural y política.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 26 de mayo de 2013.