No hay que perder de vista que las huestes de la ortodoxia neoliberal siguen agazapadas.
El 24 de enero Domingo Cavallo publicó en su blog un texto titulado «Un consejo sincero para Cristina», donde le recomienda que convoque «a los economistas profesionales» para implementar un programa económico «con consistencia» y le advierte que «si continúa con el actual Gabinete va a terminar muy mal». Entre los nombres apuntados aparecen Roberto Lavagna, Mario Blejer y Javier González Fraga. También pidió a otros como Carlos Melconian, Alfonso Prat-Gay, Federico Sturzenegger y Santiago Montoya, que «dejen de hablar de lo que Cristina debería hacer ahora y se preparen para reorganizar la economía a partir del 10 de diciembre de 2015».
Recordemos que Cavallo fue funcionario de la última dictadura militar –cuando se ocupó de estatizar parte de la deuda privada–, mentor de la convertibilidad y fiel administrador de su derrumbe, lo que sin dudas lo transforma en uno de los responsables principales de la más profunda crisis económica y social del pasado cercano. Es por ello que cada una de sus apariciones no deja de sorprender. Su discurso resulta peligroso por su contenido, que niega las enseñanzas de la historia reciente y porque, a la par, intenta reposicionar la noción de que existe un saber «objetivo», una forma «seria» de llevar adelante la economía, algo muy usual en la década de los noventa. Al respecto, no hace falta profundizar en la nefasta herencia que nos dejó el neoliberalismo, la que se contrapone con los notables resultados conseguidos a partir del modelo de inclusión con mayor presencia del Estado que rige desde 2003.
Resulta interesante destacar las palabras recientes de uno de los integrantes de la selecta lista, González Fraga, quien sostuvo que «las medidas que inyectan fondos al consumo generarán más inflación», y que «el incremento del gasto funciona cuando el sector privado invierte. Funcionó en el 2003, 2004, hasta 2006, y después comenzó a ser cada vez más inflacionario» (El Cronista, 30 de enero). Se omite aquí toda mención a que la inversión alcanzó valores récord hacia fines de 2011 (24,5% del PIB), antes de la desaceleración, y que el estímulo del gasto (público y privado) resultó una palanca fundamental para que ello sucediera, en línea con las políticas activas que ha venido llevando a cabo el gobierno desde el año 2003. Además, la idea de dejar de estimular la demanda interna no tiene en cuenta las lecciones de lo que está ocurriendo en el mundo desarrollado, que se encuentra sumido en una profunda crisis social como consecuencia de las políticas de contracción del gasto.
En cambio, para la directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe, Elizabeth Tinoco, «Argentina aprendió mucho de la crisis del 2001 y esto le sirvió de gran lección para aplicar ahora políticas que sin duda son un referente para la región, como las políticas activas del mercado de trabajo. Las políticas anticíclicas sirven para aguantar los embates de las crisis o recesiones a nivel internacional, como la Asignación Universal por Hijo o el seguro de desempleo. Las promueve la OIT porque permiten a los Gobiernos continuar el crecimiento económico con generación de empleo. Argentina ha hecho buena letra. Muchas de las políticas que anunciábamos como buenas prácticas de los Gobiernos, que estaban incluidas en el Pacto Mundial para el Empleo que publicó la OIT en 2009, las comenzó a aplicar la Argentina a partir de 2008.»
En este marco, Cristina anunció el lunes que el desempleo del cuarto trimestre de 2012 se situó en el 6,9%, apenas por encima del 6,7% de un año atrás, el mínimo desde principios de los noventa. Un resultado que debe ser valorado teniendo en cuenta el magro crecimiento económico de 2012, situado entre el 1,8% y el 1,9 por ciento.
También interesa destacar la suba del 15,18% de las jubilaciones y pensiones a partir del mes de marzo, lo cual, considerando la de septiembre de 2012, representa un aumento anual del 28,33% respecto de marzo de 2012. Con ello, el haber mínimo pasará de 1879 a 2165 pesos y las pensiones asistenciales de 1502 a 1730 pesos. Por su parte, los veteranos de Malvinas, que perciben como pensión del Estado el equivalente a tres jubilaciones mínimas, pasarán a cobrar desde marzo cerca de 6500 pesos.
El mencionado aumento surge según lo dispuesto por la Ley de Movilidad Jubilatoria y, sumado a los que se han sucedido desde marzo de 2009, determina una suba acumulada de los haberes del 213,8% en cuatro años, por encima de la evolución de los salarios privados formales y de cualquier estimación de inflación que se utilice. Recordemos que los ajustes se realizan dos veces al año y están en función de lo que ocurre con los ingresos previsionales y con los salarios formales. Así, la mejora de los haberes está asociada a la expansión del empleo formal y a la evolución de la economía en general, algo que en su momento fue criticado pero que ahora está mostrando sus frutos.
El anuncio no sólo implica que habrá nuevos fondos para incentivar la demanda, por un monto anual calculado en 33.000 millones de pesos, también marca una orientación clara en materia de inclusión previsional, algo imposible de imaginar bajo el dominio del anterior régimen basado en las AFJP. Siguiendo a Cristina, nuestro país tiene «la cobertura previsional más importante de toda Latinoamérica. Acá el 94,3% de nuestros jubilados o gente en condición de tener jubilación o pensión la tiene. En Brasil es el 89,5%, en Uruguay el 78,9%, en el resto está bastante más bajo. Significa esto el 7% del PBI destinado a nuestros ancianos.»
Este anuncio quedó opacado por el accionar de ciertos sectores de la oposición mediática, que se encolumnaron detrás de la crítica al aumento del 20% en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, tributo que pasará a recaer sobre el 17,5% de los trabajadores formales. La medida implica dejar de recaudar durante los próximos meses unos 8.000 millones de pesos, aunque seguramente estos montos se recuperarán luego del aumento salarial que se establezca en las paritarias y del retorno de recaudación por la vía de impuestos vinculados al consumo.
Un tema que debe ser tratado es el de la modificación de las escalas del tributo a las ganancias, para hacerlo más progresivo todavía, aunque somos de la idea de que esto debe ser abordado de manera responsable para evitar desfinanciar al erario público. Es por ello que la discusión amerita un debate más profundo e integral, que remite en última instancia a la necesidad de implementar una profunda reforma tributaria, que garantice recursos tributarios y que redunde en una mayor progresividad en la distribución de las cargas, algo que pocos críticos mencionan. Es necesario establecer alícuotas máximas superiores al 35%, tal como existe en otros países, como Holanda y España, que poseen el 52%, o el Reino Unido, que grava las ganancias máximas con el 50%. Entre otros aspectos que deben incluirse en la agenda aparece la necesidad de eliminar las exenciones a las rentas financieras y a los jueces. También se debe analizar la supresión del IVA a la canasta de salud y escolaridad, y el incremento de impuestos internos sobre consumos suntuarios.
La reforma tributaria es un ejemplo de lo que resta por recorrer para seguir profundizando un modelo de inclusión que está lejos de haberse agotado, como trata de mostrar Cavallo. En el tránsito por este camino no hay que perder de vista que las huestes de la ortodoxia neoliberal siguen agazapadas, preparándose, y esperando la oportunidad, para intentar dar una vuelta de página a la rica historia construida en los últimos años.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 3 de Febrero de 2013