Luego de la marcha del jueves pasado, Mauricio Macri sostuvo: «Espero que la presidente tome el mensaje, y que no volvamos con que vamos a profundizar el modelo.» (Ambito.com, 14/09/12). Esto indica que «la sintonía fina» está tocando intereses sensibles que reaccionarán más cuanto más se profundice el modelo.
En este marco se acaba de anunciar un incremento en las asignaciones familiares y en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y para embarazadas, que involucra un mayor gasto de 5200 millones de pesos, lo cual tendrá, según la ANSES, un efecto multiplicador sobre la economía que generaría una producción de 2,7 pesos por cada peso otorgado en asignaciones.
La prestación para los sectores de menores ingresos se actualiza en un 25,9% al igual que la AUH, que con el aumento asciende a los 340 pesos mensuales. En esta oportunidad, se aplicó sintonía fina, por la cual las asignaciones familiares se determinarán a partir de los ingresos del grupo familiar, excluyendo de las prestaciones a cerca de 63 mil hogares de altos ingresos que percibían asignación porque uno de sus cónyuges tenía ingresos inferiores a los 5200 pesos mensuales. También se diseñó un nuevo rango de perceptores para aquellos grupos familiares que ganan entre $ 6001 y $ 14 mil, que pasarán a cobrar $ 90 por cada hijo, siempre y cuando ningún integrante supere los $ 7 mil, que es un ingreso a partir del cual se puede aplicar la deducción por hijo del Impuesto a las Ganancias.
De esta forma, según el director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, «Todos los chicos están cubiertos ahora, ya sea por la deducción impositiva que realizan sus padres o por el cobro de las asignaciones familiares.»
Las medidas contenidas son un gran avance en la protección de las familias de menores ingresos, y deben ser entendidas muy positivamente. No obstante, sostengo que tanto las asignaciones familiares, como la Asignación Universal por Hijo y por embarazo, así como los límites de ingresos para su percepción, deben ser adecuados automáticamente en forma semestral con una fórmula similar a la que se utiliza para las jubilaciones y pensiones; este ajuste automático no invalida poder mejorar aún más las prestaciones con la idea de ir centrando el esfuerzo del gasto en las familias más necesitadas. También resulta importante acompañar la suba en las asignaciones familiares con el incremento del mínimo no imponible (MNI) en el Impuesto a las Ganancias, que está recayendo pesadamente sobre un sector de trabajadores de ingresos medios; al aumentar el MNI se dinamizaría el consumo de los asalariados medios, mientras que podría compensarse la menor recaudación con mayores aportes de las grandes fortunas.
Mantener el poder adquisitivo otorgado: el efecto multiplicador del incremento en las asignaciones familiares y la AUH puede diluirse si los empresarios aumentan los precios en respuesta a la mayor demanda de bienes. Lo expresó claramente Cristina Fernández de Kirchner cuando pidió «a todos los supermercados, a todos los formadores de precios, que habida cuenta que han cerrado todas las paritarias, los servicios públicos no aumentan desde hace mucho tiempo», no haya un corrimiento de los precios a partir del aumento en las asignaciones.
Me gustaría desgranar esta frase, porque lo que está diciendo la presidenta es que los empresarios no pueden alegar incremento de costos, la muletilla usual para justificar que están aumentando los precios, como lo hacen impropiamente cuando se elevan los salarios (y muchas veces se olvidan del aumento de la productividad de los trabajadores). En este caso, el costo monetario lo sustenta el Estado.
Pero esta es esencialmente una cuestión ideológica. Para abordarla, es conveniente citar nuevamente a la presidenta, quien expresó: «Cuando hablamos de aumento de precios, pareciera que es el gobierno el que aumenta los precios, cuando son los empresarios.»
Comparto totalmente esta aseveración, y creo que una variable que hay que tener en cuenta en este proceso de formación de precios, además de los costos, es la rentabilidad que poseen los empresarios. A partir de una determinada estructura de costos, es en la rentabilidad donde hay que buscar para tener una dimensión de la razonabilidad de los precios que aplican las empresas formadoras.
Y si bien es importante que la presidenta centre las tendencias inflacionarias en la actitud de los formadores de precios, no basta sólo con acudir a su buena voluntad para que ello se frene. Porque el tema de la ganancia es una cuestión inherente a la empresa capitalista.
Resulta interesante recordar el manifiesto liminar de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), conformada por los grupos económicos más poderosos del país; en julio de 2009 señalaban, entre otras cuestiones, que sostienen una postura claramente neoliberal, que «el derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias es fundamental para el desarrollo del país…». A partir de esta frase, la histórica reivindicación de la derecha sobre la propiedad privada, la extienden a la intangibilidad de las ganancias. Este es el pensamiento de muchos formadores de precios, que confronta radicalmente con la potestad del Estado para aplicarles impuestos con miras a un sistema tributario progresivo.
Por ello, no es de esperar que los empresarios cedan fácilmente su privilegio para determinar los precios, lo que lleva a una necesaria presencia del Estado en este proceso de fijación de precios, una política que requiere de una gran cantidad de recursos humanos y de una firme decisión de llevarla a cabo.
Si bien es novedoso en la actualidad, esta política ya está despuntando en algunos sectores como el energético. Al anunciar el avance en el nuevo marco regulatorio para el sector, Axel Kicillof expresó claramente que se procurará que las empresas obtengan una «ganancia justa y razonable por encima de los costos». A partir de la definición del nuevo marco para el sector energético podría llegar a solicitarse a las compañías intervinientes un plan de inversión y mantenimiento, de la misma forma que se podría generar una redefinición de tarifas.
Es un ejemplo interesante del Estado interviniendo en una actividad que tiene gran cantidad de eslabonamientos con el resto de la economía, y cuyos precios son determinantes para los costos de la producción en general.
Para consolidar los avances logrados en lo económico es indispensable una reforma profunda del sistema tributario, que haga recaer la mayor presión impositiva en las grandes fortunas, diseñada de tal forma que debería absorber las ganancias excepcionales que obtienen los formadores de precios.
Todas estas políticas indican la necesidad de profundizar el modelo, incluso para que se haga realidad el anhelo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: «lo ideal sería que todos ganaran lo suficiente como para que el Estado no tuviera que pagar asignaciones familiares, ni que tuviera que pagar asignaciones universales, porque todos tuvieran trabajo». Un rumbo que Macri y la derecha argentina desean revertir.